Antioquia, la trinchera del paramilitarismo

Un informe de diferentes organizaciones sociales asegura que el 96% (121) de los municipios de Antioquia tienen presencia paramilitar.

De acuerdo con el informe, las AGC se encuentran en las 9 subregiones de Antioquia además de lograr efectivas alianzas a nivel nacional, abarcando 22 departamentos en cerca de 211 municipios.Archivo

El Clan del Golfo, también conocido como  Autodefensas Gaitanista de Colombia (AGC), es el grupo armado ilegal de mayor autoridad en Antioquia pues su poder se extiende a 97 municipios del departamento. Le sigue la Oficina del Valle de Aburrá (OVA) operando en 27; el Clan Isaza, en 14; los Pachelly, en 11; ACN, en 9; los Chatas y Los Trina en 11; Nueva Generación, en 4; La Mano que Limpia, en 3; los Rastrojos y las Águilas Negras, cada uno en dos municipios.

Ese es el balnace que arroja el informe “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia", presentado esta semana, que señala que aun existen  35 grupos llamados “Convivir” en Medellín y que el departamento sigue siendo territorio en disputa de los Grupos Armados Organizados (GAO) dado el carácter estratégico a nivel geográfico, político y económico que tiene la región para las actividades ilegales de estas estructuras herederas del paramilitarismo.

La investigación duró dos años (enero de 2016 a octubre de 2017) y fue realizada por la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Sumapaz y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Nodo Antioquia.

El informe centra su análisis alrededor de tres ejes: “la presencia de los grupos paramilitares que operan en los territorios; dinámicas económicas, principalmente ilegales y dinámicas socioterritoriales que muestran el control sobre la población; y las agresiones, específicamente homicidios y amenazas, contra la labor de los líderes, las lideresas, los defensores y las defensoras de derechos humanos”.

El documento explica la capacidad operativa y la casi omnipresencia en el departamento de los ahora llamados GAO, otrora Bacrim, enfocando el análisis de cuatro subregiones donde los efectos de la presencia paramilitar son más preocupantes: El norte y nordeste antioqueño, el Urabá y el Valle de Aburrá.

Además afirma cómo, aunque estas estructuras delincuenciales siguen causando terror mediante las amenazas y los homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos, han sofisticado su proceder para operar con mayor efectividad gracias a  presuntas alianzas con “agentes estatales, instituciones públicas y empresarios, entre otros”.

El carácter descentralizado y multipolar de estas organizaciones hace que sean más efectivas en su accionar delincuencial que incluye, entre otras, la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y hasta el tráfico de armas.

 

Las AGC, el grupo de mayor presencia

A pesar de la presencia de distintos grupos paramilitares en la región, las Autodefensas Gaitanista de Colombia (AGC) son los de mayor capacidad dada su propagación casi a nivel nacional y transnacional, asegura el mismo informe.

Las AGC se encuentran en las 9 subregiones de Antioquia además de lograr efectivas alianzas a nivel nacional, abarcando 22 departamentos en cerca de 211 municipios. Y aunque las cifras pueden variar, el informe asegura que el también llamado Clan del Golfo cuenta con al menos 4 mil integrantes difundidos por todo el territorio nacional.

Su poder en Antioquia se concentra sobretodo en el Urabá  y en el Occidente del departamento, en otras subregiones “genera alianzas con grupos de menor escala”, afirman los resultados de la investigación.

El documento además ratifica el carácter transnacional del negocio del narcotráfico, pues “se ha reportado la presencia de carteles mexicanos (Sinaloa y Zetas) en el Bajo Cauca y Urabá”.

Los investigadores identificaron la manera como también este Clan comparte territorio con la Oficina del Valle de Aburrá (OVA) en el suroeste, el oriente y el Valle de Aburrá, coordinándose a la vez con estructuras “de carácter barrial o municipal”.

Muchos de estos “combos” que operan en Medellín están al mando tanto de la OVA como del Clan del Golfo, estos último además, dice la investigación, cuentan con alrededor de 13 mil integrantes.

El crecimiento y presencia latente de estas estructuras ilegales contrasta con las múltiples operaciones que la fuerza pública ha hecho en el país. Sobretodo las operaciones de la Policía y el Ejército Nacional que gracias a la misión de la Fuerza de Tarea Conjunta Agamenón dispuso de tres mil efectivos adicionales a los ya 23 mil que hacen presencia en el departamento.

Esto quiere decir que pese a que en 2016 se realizaron 99 operaciones contra estas organizaciones, que han dado con la captura de 339 personas el año pasado y 255 en lo que va del 2017, según cifras del Departamento de Policía de Antioquia, la solución no parece recaer solo en el aumento de policías y militares u operaciones, sino en identificar y atacar las relaciones que parecen existir entre “los miembros de la fuerza pública y otras instituciones estatales con estas estructurales paramilitares”, asegura el informe.

Esto dado, como llama la atención esta investigación, la manera como se han confederado poderes alrededor de alianzas urbano rurales, que sería el proceder de algunas organizaciones alrededor de la capital del departamento, como la Oficina del Valle de Aburrá (OVA), heredera de la extinta e infame Oficina de Envigado, no solo para extender su poder más allá de un municipio o subregión, sino asegurar su autoridad.

El Gobierno nacional en varias ocasiones ha afirmado que el fin principal de estas estructuras es el económico alrededor del negocio del narcotráfico. Sin embargo, en este documento se asegura que esta explicación reduccionista ignora “la relación entre estas estructuras y la imposición del modelo económico extractivista, la preservación de los poderes locales, regionales y nacional, el control de la vida civil y las agresiones contra los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales”.

Esto quiere decir que la derrota de los GAO deja de estar enmarcada exclusivamente en una agotada guerra contra las drogas y pasa a ser, primordialmente, la defensa y seguridad de los derechos humanos de los líderes y pobladores para generar un ambiente óptimo para la democracia, autonomía y gobernanza de las comunidades, a lo que se suma la reincorporación a la vida civil de ex combatientes de las Farc-EP, ubicados en tres de las cuatro subregiones del departamento.

 

El conflicto por el oro en el Nordeste antioqueño

 

Esta región históricamente conocida por su potencial de explotación minera de oro (especialmente en Remedios y Segovia), madera, caña de azúcar y ganadería, ha generado múltiples conflictos entre empresas multinacionales, los pobladores (especialmente los mineros artesanales y campesinos) y el control social y económico que ejercen distintos grupos armados.

A estos se suma la frágil situación de seguridad en las regiones alrededor de la Zona Veredal de Transición y Normalización ubicada en la vereda Carrizal, que aglutina a más de 200 ex combatientes de las Farc que pertenecían a los frentes 4, 24, 35 y 37, y el Punto Transitorio de Normalización, en la vereda la Plancha, con algo más de 150 ex guerrilleros del Frente 36, donde además se identifica la presencia del Clan del Golfo.

La disputa territorial de antiguas zonas ocupadas por las Farc y el crecimiento de estos grupos narcoparamilitares ha puesto en riesgo a la población de los municipios ubicados en este costado oriental de la cordillera central.

Prueba de ello, asegura el informe, son las amenazas y denuncias que han hecho las organizaciones de víctimas, derechos humanos, campesinas y mineras de la zona y que la Defensoría del Pueblo ha recogido en varios informes alertando sobre los riesgos que las dinámicas del control por el territorio ejercen sobre los pobladores y líderes sociales.

Las AGC son las de mayor presencia, sobretodo identificados en los municipios de Remedios, Segovia, Anorí, Amalfi, Cisneros, Yolombó, Santo domingo y San Roque, concentrándose en zonas de producción minera, donde además, según el documento, ejercen actividades de extorsión y microtráfico.

Ese grupo se ha afianzado el control de las zonas dejadas por las Farc, y pese a que cada una de las 10 cabeceras municipales cuentan con una estación de policía, esta expansión narcoparamilitar “no ha sido detenido por la fuerza pública”, asegura el informe.

 

Urabá, la puerta geoestratégica del tránsito narcoparamilitar

El Urabá antioqueño es la región de conexión marítima del departamento con el comercio exterior. Esto ha llevado a que varios actores armados se disputen el control de esta zona generando sistemáticas y crónicas violaciones a los derechos humanos expresadas en numerosos episodios de desplazamientos, masacres y persecución a líderes y organizaciones sociales.

Entre 2016 y 2017 “se han reportado: 4 asesinatos de líderes, 23 amenazas individuales y 12 colectivas”, asegura la investigación.

Además, según la Defensoría del Pueblo en dos informes de riesgo del 2016 y 2017, se registraron “incursiones armadas en el corregimiento San José de Apartadó” y la permanencia de un “férreo control en cabeceras municipales” por parte de las AGC, en veredas como Rodoxalí, Playa Larga, La Hoz, La Esperanza, El Porvenir y Mulatos, pese a que en estos lugares se encuentran brigadas (la XVII) y unidades móviles (la 11 y 24) del ejército, además de efectivos adicionales de la afamada operación Agamenón.

 

Megaproyectos energéticos y violación a los derechos humanos en el Norte

La región del norte antioqueño es conocida por su enorme potencial de explotación minera y ganadera, además de contar con ríos “represables” que han generado megaproyectos de infraestructura energética.

Esto, según el informe, ha hecho que se construyan megaproyectos sin el consentimiento total de los pobladores, generando un fenómeno de concentración de tierras y desplazamientos, produciendo las tasas de mayor desplazamiento de los últimos años, solo superado por las cifras de desplazados del Bajo Cauca antioqueño, según cifras del 2016-2017 de la Unidad de Victimas.

El informe afirma también que el Parque Nacional del Nudo del Paramillo, ubicado en esta zona, acumula extensos cultivos de coca otrora dominados por las Farc y ahora disputados por diversos actores armados, en especial las AGC, que hacen presencia en 16 de los 17 municipios de esta subregión.

Estos últimos, además, aprovechan el corredor que es la zona para el tránsito y la comercialización de toda la encomia alrededor del narcotráfico dada su conexión con el departamento del Córdoba y el Urabá.

El problema se agrava en una región habitada por cerca de 263.742 personas y donde se han inscrito 123.317 como víctimas del conflicto. Esto es, cerca de 50% de sus habitantes sufren de los embates de esta nueva fase de la guerra, según cifras del DANE y el Registro Único de Víctimas (RUV), donde además se han asesinado a 3 ex combatientes de las Farc de la zona verdal cerca a Ituango.

Esta región también preocupa por la expansión de otros GAO que ahora tiene presencia en zonas rurales, como los Pachelly. Y donde las amenazas contra líderes, que denuncian las conexiones entre autoridades públicas y estas estructuras narcoparamilitares, han aumentado en los últimos dos años.

 

El Valle de Aburrá, el centro confederado de las GAO

Esta subregión es la segunda con mayor densidad poblacional del país, conformada por Medellín y su área metropolitana. Según la cartografía hecha por el estudio, aquí operan conjuntamente, con menor disputa territorial, las AGC, la Oficina del Valle de Aburrá (OVA), los Pachelly, los Chatas y los Triana, estos tres últimos con mayor presencia en Bello, Medellín, el Norte y el Bajo Cauca.

En total, el documento identificó 350 estructuras que operan en esta zona, donde el 85% se encuentran al mando de la OVA, estructura con mayor poder en esta subregión. Quienes además han consolidado un poder confederado con otras GAO.

Esto explicaría la autoridad que han tenido para influenciar en las esferas públicas del área metropolitana, como el caso del ex secretario del Gobierno de Medellín, Gustavo Villegas, detenido a mediados de este año por la relación que 14 pruebas de la Fiscalía le comprobaron con esta organización.

Se sabe, dice la investigación, de un abierto patrullaje de integrantes de la AGC en varias comunas y corregimientos de Medellín, como en Altavista y las comunas 6, 8, 9 y 13 donde, según el informe, operan cerca de 200 hombres de esta organización.

También la preocupante presencia de una treintena de grupos privados denominados “CONVIVIR” en varias zonas del centro de Medellín con cerca de 350 integrantes. Esto se ha traducido en las crecientes cifras de homicidios, desplazamiento forzados urbanos, desapariciones forzadas, amenazas y actividades de microtráfico y extorsión que han vuelto a crecer en al ciudad.

 

 

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