Casa por cárcel para el exalcalde de Envigado

El caso de Raúl Eduardo Cardona González cambió de rumbo ayer, luego de que un juez de control de garantías invalidara la mayoría de las resoluciones en la primera instancia del proceso judicial contra el exfuncionario público.

* Redacción Nacional
12 de febrero de 2019 - 02:26 p. m.
Exalcalde Raúl Cardona / El Espectador
Exalcalde Raúl Cardona / El Espectador

El exalcalde de Envigado, Antioquia, Raúl Eduardo Cardona fue capturado el 22 de noviembre de 2018 por presunta corrupción junto a la exsecretaria de hacienda Grisela Mesa Medina, el excontralor José Conrado Restrepo y su secretario de educación Diego Fernando Echavarría.

En diciembre de 2018, el mandatario municipal fue procesado por el delito de concusión, es decir, exigir pagos a terceros o cobrar más dinero del correspondiente por las funciones que realizaba.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el acusado despidió a varios funcionarios que se negaron a pagar coimas a exconcejales para conservar sus cargos. Así, en primera instancia Cardona quedó libre, con la única sanción de no acceder a las instalaciones de la gobernación municipal y no hablar con empleados o contratistas de su administración.

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De otro lado, Mesa y Conrado fueron procesados por falsedad en documento privado y cohecho propio. Presuntamente, los funcionarios utilizaron su cargo a favor de terceros o para beneficio de ellos mismos para recibir dinero o presentes, por lo cual tenían casa por cárcel.

Sin embargo, después de que la Fiscalía apelara la resolución anterior, en la audiencia del 11 de febrero de 2019 se revocó su medida no privativa de libertad, y el juez le impuso casa por cárcel.

La evidencia de la Fiscalía en la audiencia fue contundente. Reveló que Cardona le habría pedido al secretario de seguridad Juan Manuel Botero (lo está reemplazando en la Alcaldía) que amparara al concejal Victor Giraldo, quien había violado la prohibición de venta de alcohol en jornada electoral. Por lo anterior, Cardona no sólo desobedeció el mandato en el que se le prohibía contacto con funcionarios, sino que sería acusado por obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, sumado a la concusión.  

En los casos de la exsecretaria de Hacienda y el excontralor, tendrían que justificar hechos de corrupción por presuntos gastos injustificados y tráfico de influencias, por lo cual el juez encargado determinó que serían un peligro para la sociedad y los recursos públicos.

Por * Redacción Nacional

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