Comenzó toque de queda y militarización en Segovia y Remedios por paro minero

La medida se tomó tras un consejo de seguridad en la Gobernación de Antioquia en el que se analizaron las manifestaciones que comenzaron el pasado 21 de julio y que este lunes, en enfrentamientos con el Esmad, dejaron un saldo de 12 personas lesionadas.

Imagen de archivo.

La Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, decretó el toque de queda y la militarización en los municipios de Segovia y Remedios, desde este martes a las 6:00 p.m. hasta el miércoles 2 de agosto a las 6:00 a.m.  La medida se tomó después de realizarse un consejo de seguridad sobre el paro minero que comenzó el pasado 21 de julio y que, este lunes, en enfrentamientos entre manifestantes y el Esmad, dejó un saldo de 12 personas lesionadas y múltiples daños en ambos municipios. (Lea: Prohibición minera ancestral provoca paro en Segovia y Remedios​)

“Vamos a militarizar ambos municipios. Esto no parará los procesos de formalización que hemos venido intentando con la GranColombia Gold y la Mesa Minera del Nordeste. Mañana se hará un acto oficial de conversación para que nos precisen cuáles son sus solicitudes”, dijo el gobernador este martes.

De acuerdo con Pérez Gutiérrez, el toque de queda en Segovia y Remedios pretende “proteger a la comunidad y analizar cuáles son los actores violentos de la zona. Tanto el alcalde de Segovia como la alcaldesa de Remedios están de acuerdo con la decisión”.

Cortesía Ramiro Guandul Arteaga

El mandatario también ofreció $50 millones a quien brinde información sobre los disturbios de esta semana que paralizaron el comercio y las vías de ambas localidades. “Este paro minero paulatinamente se fue convirtiendo en actos violentos por la intromisión de otros actores en la situación que pueden pertenecer al Eln, al Clan del Golfo o a la cadena ilegal de explosivos”, agregó Pérez Gutiérrez.

Sin embargo, aclaró que la mayoría de las peticiones de los mineros le competen al Gobierno Nacional, por lo que le pedirá al viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes, iniciar una mesa de diálogo para buscar soluciones. “Lo que no es legal es que hayan actores armados disparando desde las montañas, lanzando bombas, lanzando granadas”, rechazó el mandatario.

Mientras tanto los protestantes alegan defender sus derechos como mineros culpando a la multinacional Gran Colombia Gold, bandera a la que también se unieron campesinos de la zona, indígenas de comunidades cercanas, transportadores, entre otros.

Por su parte, algunos ciudadanos comentaron que la situación es tan delicada, que los enfrentamientos con la Fuerza Pública los han obligado a abandonar sus casas. Así le pasó al hermano de Ramiro Guandul Arteaga, que desde Montería relató como su pariente 

"tuvo que salir de Segovia debido a la grave situacion de orden público que enfreta a negros tradicionales de Segovia y Remedios con el Esmad. Hay bloqueos de vías, disparos y un herido a bala".

 

Cortesía Ramiro Guandul Arteaga​

¿Por qué protestan los mineros?

De acuerdo con el secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Rubén Darío Gómez, son tres las razones por las cuales se da este paro. La primera tiene que ver con la creación de unos decretos y resoluciones que están impidiendo la acción minera ancestral en la zona, problemática que, asegura, se está presentando desde hace aproximadamente 15 días y que  imposibilita la comercialización del mineral.

La segunda razón está relacionada con la propuesta que presentó Zandor Capital, filial de Gran Colombia Gold, en la negociación con los mineros para un acuerdo de legalización de su trabajo, y con la cual no estuvieron de acuerdo porque, según Gómez, deja por fuera a los mineros ancestrales.

La última razón que ocasiona esta decisión por parte de los mineros es la presencia de Fuerza Pública en la zona y que ha buscado judicializar a los mineros ancestrales que allí habitan, impidiéndoles trabajar.

“La amenaza permanente por parte del Gobierno departamental y nacional, de hacer intervenciones a través de la fuerza pública, donde ha habido presencia de fiscales, del CTI y de cuerpos de investigación tratando de judicializar a los mineros de esta zona. Esa amenaza está relacionada con impedir las unidades mineras y las compraventas, es decir, toda la cadena económica que representa para Segovia y Remedios casi que el 95% de la economía de la región”, puntualizó el secretario.