Concejo de Segovia califica de “excesiva” fuerza del Esmad en paro minero

“Rechazamos de igual manera el uso de armas militares para contrarrestar las manifestaciones, que ha generado más de cinco personas heridas por proyectiles de largo calibre”, advirtió el cabildo.

Durante el paro minero en Segovia y Remedios (Antioquia) se han presentado disturbios que dejaron 24 personas heridas. / Cortesía

Por medio de un comunicado a la opinión pública, el Concejo de Segovia rechazó la participación de algunos agentes de la Policía de Segovia y Remedios (Antioquia) y miembros del Esmad en el paro minero que tiene paralizados a ambos municipios desde el pasado 21 de julio. El cabildo calificó de “excesiva” la fuerza del Estado en las manifestaciones, que hasta el momento ha dejado 24 personas heridas. (Lea: “No estamos dispuestos a negociar la legalidad”: viceministro de Minas)

“Expresamos un enérgico rechazo al uso excesivo de la fuerza del estado, la vulneración a los principios de DIH, aplicable durante el post conflicto, ocasionados por los abusos y excesos realizados por miembros del Esmad y algunos agentes de la policía nacional de Segovia y remedios en contra de la población civil con ocasión de las manifestaciones públicas que se vienen adelantando”, advirtió el Concejo.

La corporación exhortó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios en ambas localidades, aunque resaltó que, en medio de operativos en Segovia, el 31 de julio fueron ocupadas las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, “poniendo en peligro las mismas instalaciones y el personal médico que presta sus servicios”. (Lea también: Comenzó toque de queda y militarización en Segovia y Remedios por paro minero)

 “Queremos indicar que con este modo de proceder por parte de la fuerza pública se está vulnerando el Derecho Internacional Humanitario, ya que las instalaciones y medios de transporte médicos deben ser respetados y protegidos en todo momento y no pueden ser atacados y mucho menos ocupadas”, agregaron los concejales.

El Concejo también condenó la participación de otros actores – que pueden pertenecer al Eln, al Clan del Golfo o a la "cadena ilegal de explosivos" según el gobernador Luis Pérez Gutiérrez– en los disturbios, al igual que los constantes ataques (físicos y verbales) que dicen ha sufrido la misión medica encargada del transporte del personal herido.

Los funcionarios agregaron que el Estado estaría utilizando armas militares para contrarrestar las manifestaciones “en un ejercicio deslegitimado del uso legal de la fuerza, que ha generado más de cinco personas heridas por proyectiles de largo calibre”.

Sobre la situación actual de Segovia y Remedios desde que comenzó el paro, este miércoles el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, advirtió que, aunque el Gobierno respeta la protesta social que un grupo de mineros informales adelanta “no estamos dispuestos a negociar es la legalidad. Aquí estamos defendiendo la legalidad, primero la no utilización de mercurio en la explotación minera, y la legalidad en la comercialización de los minerales”.

Según Cante, un estudio del Ministerio de Minas demuestra que algunas personas intentan legalizar al mes hasta mil gramos de oro que extraen con dragas y buscan pasar por barequeros de la zona que con su método artesanal y legal apenas pueden extraer 35 gramos al mes y máximo 430 gramos al año, que es el tope permitido por la ley.

Los mineros, entre tanto, expusieron un documento con 15 puntos en los que hacen varias exigencias como condición para levantar el paro que, según el secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Rubén Darío Gómez, se da por tres razones. La primera tiene que ver con la creación de unos decretos y resoluciones que están impidiendo la acción minera ancestral en la zona, problemática que, asegura, se está presentando desde hace aproximadamente 15 días y que imposibilita la comercialización del mineral.

La segunda razón está relacionada con la propuesta que presentó Zandor Capital, filial de Gran Colombia Gold, en la negociación con los mineros para un acuerdo de legalización de su trabajo, y con la cual no estuvieron de acuerdo porque, según Gómez, deja por fuera a los mineros ancestrales. La última razón que ocasiona esta decisión por parte de los mineros es la presencia de Fuerza Pública en la zona y que ha buscado judicializar a los mineros ancestrales que allí habitan, impidiéndoles trabajar.

“La amenaza permanente por parte del Gobierno departamental y nacional, de hacer intervenciones a través de la fuerza pública, donde ha habido presencia de fiscales, del CTI y de cuerpos de investigación tratando de judicializar a los mineros de esta zona. Esa amenaza está relacionada con impedir las unidades mineras y las compraventas, es decir, toda la cadena económica que representa para Segovia y Remedios casi que el 95% de la economía de la región”, puntualizó el secretario.