Crece tensión entre reclamantes y autoridades de Turbo, Antioquia

Luego de una serie de desalojos a reclamantes que retornaron sin acompañamiento institucional, un procedimiento judicial terminó enfrentando a policías y campesinos. Autoridades tratan de pactar una salida concertada.

El viernes 04 de marzo de 2016, medio centenar de campesinos del corregimiento Macondo, municipio de Turbo en el Urabá antioqueño, se enfrentaron con la Policía para impedir el decomiso de 80 reses que pastaban en un predio en proceso de reclamación. El operativo fue adelantado por la Inspección de Currulao atendiendo una querella del actual poseedor de la finca, quien argumenta que es un terreno privado. El ganado lo ingresaron reclamantes de tierras que retornaron a la zona sin acompañamiento institucional. En medio del enfrentamiento, ocho campesinos y cinco policías resultaron heridos.

En el video se aprecian los momentos de tensión vividos ese día en Macondo. La situación se da tras una serie de desalojos y decomisos que tienen en zozobra a los reclamantes.

El ganado de la discordia está al cuidado de Fidencio Calle. Él es hijo de José María Calle, un reclamante de tierras que se desplazó de Macondo en 1996 a causa de la violencia, y que hace más de dos años retornó, según él, cansado de esperar un fallo de restitución que le devolviera la tierra y empujado por las necesidades propias del desplazamiento.

La finca donde pastaban las reses está ubica en la vereda La Eugenia y corresponde a un predio que está siendo reclamada por María Clemencia Lara Castro, cuñada de José María. Ella también se desplazó de la zona luego de que asesinaran a su esposo y a uno de sus hijos. La mujer, que ahora vive en otro departamento, le dio un poder a su cuñado para adelantar la reclamación.

Mientras avanza el proceso, los Calle alambraron un potrero de dos hectáreas y arrendaron el pasto a razón de $10.000 por cabeza de ganado. Con una parte del dinero compran comida para la familia, lo demás se lo envían a María Clemencia.

Cuando les avisaron que habían llegado las autoridades para llevarse las vacas, Fidencio y José María corrieron hasta el potrero. Allí se encontraron a la Policía que “iba con el señor Nicolás Zuluaga Gil, quien dice que esa tierra es suya. Con él iban dos ricos más; iba el inspector de Currulao, Iván Vélez Durango; e iban unos vaqueros que ellos trajeron. Estaban ahí en el broche. A un campesino compañero mío lo agarraron entre tres, lo esposaron y lo llevaron al camión de la Policía. Yo me opuse a no dejar sacar el ganado. Estaba ahí con mi papá. A él le quitaron la rula -machete- y se la llevaron. A mí me cayeron tres y como no eran capaces de quitarme la peinilla me cayeron siete. Me quitaron la peinilla, me tiraron al suelo y me pegaron, me estaban estropeando. La compañera mía se puso a tomarles el video a ellos, cuando ella estaba grabando vino el inspector de Currulao, le pegó un manotón y le quitó el celular. Cuando todo pasó le entregaron el celular pero le borraron los videos”, relató Fidencio.

Luego de someter al labriego lo montaron al camión, que tomó la carretera para salir de Macondo. Fidencio continuó discutiendo con los oficiales. En el camino, dice, los policías le pegaron un puño en el ojo a un joven y golpearon con un bolillo a otro campesino que se desplazaba en una motocicleta, a la cual le chuzaron ambas llantas.

Pero el recorrido terminó en la quebrada la Cigüeña donde se congregaron 50 agricultores de la zona para impedir que las autoridades sacaran el ganado y continuaran atropellando a sus vecinos. Para bloquear el paso de los camiones, los campesinos tumbaron un puente de madera luego de enfrentarse con la Policía.

Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros, cuestionó la presencia en el operativo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía, puesto que su “función no es realizar desalojos o decomisos de ganado sino combatir situaciones de crisis. En el video se muestra claramente que llevaron armamento pesado que es usado para enfrentamientos con la guerrilla o grupos ilegales”.

Tensión permanente

Esta confrontación entre campesinos y autoridades en Macondo, ocurre días después de que ejércitos privados atacaran a un grupo de indígenas que retornaron sin acompañamiento institucional a la vereda Guapá León del municipio de Chigorodó. En los hechos, ocurridos del 23 de febrero de este año, cerca de 60 hombres armados con palos y machetes quemaron los ranchos de los nativos.

Días después, cerca de Cuchillo Negro y de Villarosa las autoridades desalojaron a Ramona Quintana y a la señora Julia Rosa, a quienes también les quemaron sus ranchos y les dañaron los cultivos de yuca y plátano. Además, “a Julia Rosa se le llevaron 42 reses, le tocó pagar un millón 800 mil pesos para volverlas a traer y se le perdieron dos animales. Y también a un muchacho de California, un día que estaba en una reunión en Riosucio (Chocó), se le llevaron 20 reses que todavía no aparecen”, denunció Fidencio.

En Turbo la zozobra entre los reclamantes es permanente luego de que la Alcaldía y la Inspección de Policía dieran inicio a un plan de desalojos a reclamantes, que contempla 32 lanzamientos en los corregimientos Macondo, Blanquicet, Lomas Aisladas y Nuevo Oriente, según confirmó el inspector de Currulao, Iván Vélez Durango.

En ese contexto, Macondo es uno de los sitios más neurálgicos, puesto que desde el año 2008 a este corregimiento han retornado más de 200 familias, entre 500 y 600 personas, según información de la asociación de reclamantes Tierra y Paz.

Martha Peña, directora de Agendas Territoriales del Instituto Popular de Capacitación (IPC), advirtió que los retornos se están dando en toda la región, tanto en Chocó como en Antioquia y Córdoba. “Hace mucho lo venimos alertando, frente al no funcionamiento de la restitución de tierras, contenida en la Ley 1448 de 2011, los campesinos están optando por irse a los predios que les fueron despojados, a producir pan coger y a criar animales”.

Para ella, lo “delicado es que cuando los desalojos no los hace la Policía, porque alguna autoridad como la Defensoría los restringe, entonces lo hacen grupos privados, modelo autodefensa. Algo frente a lo cual ni el ejército ni la policía de la zona se dan cuenta”.

La tensión llegó a tal punto que, a solicitud de la Defensoría del Pueblo y la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, en diciembre de 2014 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, emitió el auto interlocutorio 00181 por medio del cual se ordenan medidas de protección a favor del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, que cobija a Macondo, Blanquicet y 36 corregimientos más ubicados entre los municipios de Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia).

En la decisión se ordena a las autoridades de estos municipios abstenerse de realizar desalojos y lanzamientos a las comunidades, hasta tanto no se resuelvan los procesos de restitución de tierras y se clarifique quiénes son los verdaderos propietarios de los predios. Sin embargo, el juez hizo una claridad: la medida solo cobijará a las personas que retornaron a los territorios de La Larga Tumaradó antes del 12 de diciembre de 2014, fecha en que se expidió el auto.

Sin concertación a la vista

Para Paola Cadavid, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, “la medida cautelar es clara en decir que si con posterioridad al 12 de diciembre de 2014 hay ingresos de personas que no son de allí, que no fueron expulsada del territorio del Consejo Comunitario, o que ingresaron con posterioridad a esa fecha, entonces sí proceden las medidas policivas (…) y, digamos, en una mala interpretación de la misma, algunos campesinos han ingresado a los predios”.

Antes de ordenar los desalojos, explicó Paola Cadavid, las autoridades de Turbo cruzan información con la Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo para comprobar si las personas a desalojar son, o no, reclamantes de un predio en la zona y para establecer si éstas ingresaron antes o después de la fecha fijada por el fallo. No obstante, después de los acontecimientos del viernes 04 de marzo, los lanzamientos fueron suspendidos “porque la Defensoría adujo que aún faltaba mucha información para determinar si los desalojos procedían o no”, añadió Paola Cadavid.

El Defensor del Pueblo en Urabá, William González, anotó que el lunes 07 de marzo hubo reunión con las instituciones, las víctimas y los líderes del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, en la cual se pidió “revisar los protocolos jurídicos y las competencias del inspector de Policía para iniciar este tipo de desalojos y, si es del caso, iniciar las acciones judiciales correspondientes si se comprueba que le inspector no tiene competencia”.

Pero la concertación no ha sido fácil. El 11 de marzo se realizó una nueva reunión, sin embargo “no hubo acuerdo, porque los empresarios quieren que salgan los campesinos y que saquen el ganado”, indicó Carlos Páez, presidente de la asociación Tierra y Paz.

“Nosotros queremos que no salga nadie y se va a plantear ¿qué hacer con los campesinos? Porque quieren llevárselos a un albergue y estamos diciendo que a un albergue no, que permanezcan en los predios que están reclamando”, agregó Carlos Páez.

Sobre el requerimiento de los empresarios, los líderes del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó han sido claros en decir que “si salen los campesinos entonces que también salgan los empresarios porque ellos también son invasores”, afirmó Pablo Antonio López, presidente del Consejo Mayor, quien reveló que el próximo viernes 18 de marzo se realizará una nueva reunión para concertar una solución.

Lo que esperamos, expresó Pablo Antonio, “es que todo esto salga bien para los campesinos porque se está haciendo entender a las instituciones que hay una medida cautelar dentro del territorio —el auto 181— y, además, a la gran mayoría de los que hoy están dentro de la zona los acogía la medida cautelar expedida por el juez de Quibdó”.

Para Pablo Antonio este problema requiere una solución de fondo, porque según él lo que falta es más agilidad en el proceso de restitución de tierras; “entonces lo que queremos es que le metan revolución al tema para que eso pueda cambiar”.

De todo esto quedan varias preguntas: ¿Hasta dónde llegará esta problemática? ¿Tomará el Estado colombiano las medidas necesarias para proteger a las comunidades y prevenir que la situación se desborde? Y más difícil aún: ¿Podrá resolverse el problema de la restitución, la tenencia y el uso de la tierra en Urabá?

 

Video: Cortesía de Forjando Futuros