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Desde comienzos de 2018 Antioquia volvió a vivir lo que años atrás representó un horror para los habitantes de los municipios ubicados en zonas estratégicas para el narcotráfico: el desplazamiento forzado.
La ocupación sobre estos territorios de grupos armados ilegales ha obligado en los últimos meses a miles de personas a dejar sus hogares para buscar refugio en otras zonas en las que el conflicto armado no es el pan de cada día.
Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, repitió esta historia de éxodo masivo la semana pasada cuando más de 1.500 personas dejaron las zonas rurales de las veredas de Anará, San Francisco, Bejuquillo, El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario, para establecerse en la cabecera urbana del municipio; y desde este martes, Ituango, norte del departamento, es el nuevo escenario de la situación.
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De acuerdo con el alcalde de Ituango, Hernán Álvarez, este fenómeno, provocado por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control de la zona, se registra en la vereda La Ciénaga. "Estamos haciendo presencia las instituciones. No sabemos bien cuántas personas se desplazaron. En la tarde esperamos tener toda la información y un plan de acción", comentó a El Espectador. Hasta ahora solo hace presencia institucional la Alcaldía.
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Según explicó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, durante el Consejo de Seguridad realizado el martes, la situación que se registró se dio por cuenta de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y disidencias de las Farc que están disputándose el control de la zona que hace parte del corredor de comercio de drogas del departamento.
"Tenemos también un problema en Ituango, que nace de algunos grupos de las Far que estuvieron en el proceso de normalización, como lo llaman ellos, y que se han ido saliendo para crear grupos criminales. En particular en el área de Ituango tenemos a Cabuyo que ya tiene un grupo criminal trabajando y Carnita, que es otro miembro de las Farc, que hizo un grupo criminal. Esos dos grupos están enfrentados con el Clan del Golfo, puesto que Ituango es un lugar por donde está el eje de circulación de la droga, están peleando quien cobra el peaje, quien se queda con el territorio que les permite grandes sumas de dinero por ser la ruta del narcotráfico que sale por el Urabá, por el Caribe o por el Chocó", explicó el mandatario.
La situación de Ituango, al igual que la de Cáceres, ya había sido alertada por la Defensoría del Pueblo, organizaciones y líderes sociales. "Desde el año pasado habíamos advertido que esto iba a suceder y sucede justo un día después de los 20 años del homicidio de Jesús María Valle", dice Óscar Yesid Zapata, vocero de Nodo Antioquia para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. (Lea: Jesús María Valle, 20 años de un asesinato que dejó “infinita tristeza”)
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La advertencia a la que se refiera Zapata la emitió la Defensoría el 14 de agosto de 2017, en la que precisaron que más de la mitad del municipio se encontraba en riesgo tras la reincorporación de los guerrilleros del Frente 18 de las Farc, que históricamente hicieron presencia en la zona, permitiendo esto la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por ausencia del Estado en la zona.
La estrategia expansiva de la AGC, que son desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la había alertado la Defensoría desde 2014, reiterando su preocupación por el bienestar de la comunidad en noviembre y diciembre de 2016.
"La incursión de las AGC en el municipio de Ituango, comenzó a sentirse con mayor rigor a lo largo del mes de enero de 2017, cuando iniciaron sus recorridos por la zona rural en camionetas de gama alta, imponiendo por la vía armada la participación de la población en reuniones forzadas, intimidando con ello a los habitantes de las veredas Pascuita, Villegas, El Recreo y Camelia Baja en el corregimiento Santa Rita, vereda La América en el corregimiento El Aro, veredas Chontaduro y El Zancudo en el corregimiento La Granja y las veredas El Cedral, Guacharaquero y Santa Ana", se lee en el informe de riesgo n° 037-17.
La presencia de este grupo armado ilegal y las disidencias de las Farc le ha quitado a la población el sosiego que creían haber alcanzado tras la firma de los acuerdos de paz, la dejación de armas del grupo guerrillero y la reincorporación de sus miembros.
El miedo persiste y se ve reflejado en las cifras. En lo corrido del año, se han registrado cinco homicidios a civiles en Ituango y una desaparición forzada. Nodo Antioquia estima que sean más los homicidios selectivos y las desapariciones.