El monopolio criminal de productos de la canasta familiar en Medellín

Imagen de referencia. / Pixabay

Algunos sectores de Medellín y de los municipios que conforman al Valle de Aburrá están sometidos a las reglas de grupos criminales. Antes del pasado 18 de junio, los habitantes del barrio Popular de la comuna uno, al nororiente de Medellín, eran obligados a adquirir una marca de arepas en específico. Si no lo hacían tendrían que enfrentar represalias, como amenazas. Asimismo, cualquier empresa que pretendía ingresar a la zona a distribuir su producto, era intimidada.  

En un operativo entre el Gaula, la Sijín y la Dirección de Inteligencia Policial (Sipol) desmanteló una fábrica de arepas que una estructura criminal, liderada presuntamente por alias Asdrúbal, comercializaba y monopolizaba en el barrio Popular. Se incautaron 6.300 paquetes que iban a ser distribuidos junto a unas armas de fuego y se capturaron a 26 personas señaladas de integrar bandas delincuenciales, entre ellos, alias Asdrúbal.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, el general Óscar Gómez, anotó que la fábrica no contaba con las normas sanitarias y que las ganancias semanales de este negocio eran de $12.600.000.

Sin embargo, desmantelar a esta estructura no es una acción que está integrada a un plan de choque que contrarreste el monopolio de productos de la canasta familiar en algunos sectores de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, según Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social (Corpades), y director e investigador de la agencia de información Análisis Urbano. 

“Esa es una acción mediática de impacto, pero fábricas de arepas del crimen hay en muchas partes de la ciudad. ¿Cuándo volverá a haber una próxima desmantelada?, por ahí en unos tres, cinco o seis meses. ¿Golpearon el cartel de las arepas? No, golpearon una fábrica de arepas que aparentemente era ilegal. El negocio es mucho más grande. Si tumbaron esa fábrica, en este momento ya han montado otra y está funcionando”, dice Quijano.

Como las arepas, en algunos sectores de Medellín y de los municipios del Valle de Aburrá, se monopolizan otros productos de la canasta familiar como el huevo y la leche, pero también lo hacen con la cerveza, los cigarrillos de contrabando y hasta con las pipetas de gas, de acuerdo con Quijano.

“En las zonas de la ciudad y en otras partes de unos municipios donde no llega la red de gas de EPM, manejan el control sobre la pipeta”. Y no es que las bandas tengan una empresa de gas en el que hagan producción. Muchas veces cobran una vacuna camuflada que viene siendo un pago en especie. En vez de plata reciben a cambio algo que más adelante pueden vender.

Esto podría responder el por qué la Fábrica de Licores no puede acceder a algunas zonas, en la parte nororiental, noroccidental, centroociddental, centroriental y suroccidental de la ciudad, pero su producto sí se vende allí.

La vacuna también la hacen al cobrarle a proveedores que ingresan a los sectores que se encuentran bajo el control de grupos ilegales. Para que las empresas puedan cumplir con las rutas y los planes de venta se les recauda una cantidad de dinero que las mismas bandas imponen.

Corpades ha contabilizado a 350 estructuras criminales que hacen presencia en los territorios para monopolizar el comercio de productos de la canasta familiar y otros más. Este dominio les ha dado la oportunidad de contar con un negocio lucrativo en el que, según un estudio de Análisis Urbano, controlan, más o menos, el 30% de la venta de huevos, con una muestra de cinco millones de este producto.

Esta situación es derivada por la ausencia estatal en estas zonas, en las que más allá de presencia militar, se requiere de inversión y desarrollo social.

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“La falta de Estado, la inoperancia de una estrategia institucional y la convivencia oficial han permitido esto. Hay que decirlo así: un sector de la institucionalidad les sirve a los negocios ilegales. El silencio de la comunidad lo ha fortalecido por miedo”, cuenta Quijano.

Por lo tanto, para que los desmantelamientos que se hacen a una estructura delincuenciales sumen a la estrategia para contrarrestar el monopolio y la presencia criminal en algunas zonas de Medellín y municipios del Valle de Aburrá deben integrarse a un plan que vaya más allá de las acciones policiales y fiscales.

“Mientras el Estado no tome el control efectivo de la zona, lo único que vamos a hacer es capturas, decomiso y control al crimen. La presencia de un estado social de derecho es un tema de ayudar a cerrar la brecha, de ayudar a mejorar el tema de viviendas, el tema de salud, el tema de vías, el tema de legalización de predios”, analiza Quijano.