Extorsión en Medellín: un delito normalizado

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“Estoy pagando por un servicio de seguridad”. Eso es lo que la mayoría de los comerciantes del centro de Medellín le responden a Luis Fernando Echavarría,  exsubsecretario de Planeación de Seguridad de la ciudad cuando indaga por los casos de extorsión que vienen en aumento. De hecho, según cifras de la Policía, solo en ese sector de la capital antioqueña se reportaron 24 casos de extorsión entre enero y septiembre de este año.

“Creería que la mayoría de los negocios del centro son víctimas de este delito, pero tú vas y preguntas y obviamente nadie te va a decir que lo son. Es porque sienten que de cierta forma hay un servicio de seguridad y de regulación de conductas que los favorecen a ellos”, enfatiza el exfuncionario.

Según registros de la Policía, en ese mismo periodo de tiempo fueron denunciados 156 casos de extorsión en todo de Medellín, y aunque la cifra registra una considerable disminución respecto a 2016 -cuando se denunciaron  267 casos en ese mismo periodo de tiempo-, para las autoridades los números reflejan un problema de subregistro.

“En efecto los últimos datos dan cuenta de la reducción de denuncias en temas de extorsión, pero la posición de la Alcaldía siempre ha sido muy clara, los datos no reflejan lo que pasa en la ciudad, eso es nada comparado con lo que nos cuentan las comunidades”, explicó a El Espectador el secretario de Seguridad, Andrés Tobón.

Según las cifras reportadas por la Policía, los casos que más se denuncian son las extorsiones vía telefónica (65 registrados). “Ahora se ha disparado mucho este tipo de  extorsión desde las cárceles, pero la extorsión por cobro de seguridad muchas veces no se visualiza”, señala Echavarría.

Este tipo de delincuencia está ligada a patrones sociales, que hacen de estos personajes unas figuras ancladas a las dinámicas de los barrios. Un problema muy complejo que los pobladores legitiman. “Cuando hay problemas entre vecinos, estos jóvenes entran a regularlas y resultan más eficaces que el accionar de la Policía”, explica Echavarría.

El exfuncionario asegura que cuando capturan a algunos de ellos y les encuentran $5.000, fruto de una extorsión, no es considerado como un delito, pero el gota a gota y el pagadiario son acciones que generan pérdidas a los comerciantes pues muchos de ellos incluso las consideran como parte de los 'gastos' del mes.

Iniciativas como “Yo no pago, yo denuncio” y Bancuadra, que busca prestar dinero a los ciudadanos de forma más fácil y efectiva, son algunas de las acciones que la Alcaldía de Medellín ha venido realizando para contrarrestar esta problemática. “Aquí la tarea sigue siendo clara, invitando a la comunidad a que denuncie. Hay sectores de Medellín muy aporreados por temas de extorsión. Los temas denunciados terminan en captura”, insiste Tobón.

Por ello para Echavarría,  la presencia del Estado en estos lugares es fundamental: “Yo no le puedo exigir a la comunidad que se resista, que no pague, si yo no le ofrezco los mecanismos ni la protección, sin ello no hacemos nada”, además lo considera como un tema de cultura ciudadana cuyas acciones estatales deben garantizar y restablecer la credibilidad en las autoridades.