Homicidios a líderes sociales aumentan en Antioquia, según informe

Según el documento revelado por Nodo Antioquia y la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, en lo que va corrido del año se han registrado diez asesinatos en el departamento, de los cuales tres han ocurrido en el Valle Aburrá.

Foto: Sonia Cifuentes. Asociación MINGA

La ausencia del Estado en las zonas que fueron ocupadas por las Farc, el choque de intereses entre comunidades y las multinacionales mineras, y las diferencias por megaproyectos, son algunas de las razones que  han llevado a que las agresiones y asesinatos contra líderes sociales hayan aumentado en Antioquia en los últimos seis meses.  

Según expone el ‘Informe Semestral sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia’, revelado este jueves y realizado por Nodo Antioquia y la  Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos – CCEEU, en lo que va corrido del año se han registrado diez homicidios de líderes sociales en el departamento. Entre las regiones más críticas de Antioquia están el Valle de Aburrá y Urabá.  El 30,6 % de las 111 agresiones,según el informe, son perpetradas por la fuerza pública.

Oscar Zapata, vocero de Nodo Antioquia ,explica en conversación con El Espectador que “una agresión es una vulneración a cualquier derecho de la integridad de cualquier persona, como una amenaza, señalamiento de parte de un funcionario o de una institución o de un grupo armado, la limitación a la movilidad, una retención ilegal e incluso el robo de información”.

Los sectores más afectados en el departamento son  las Juntas de Acción Comunal en un 34 %, le sigue la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con un 22%, y los campesinos con un 22,5%.

 “La Comunidad de Paz es una de las comunidades campesinas más agredidas no solo por parte de actores ilegales como los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas, sino también de miembros de la Fuerza Pública”, Zapata.

A pesar la firma del Acuerdo Final, la ausencia del Estado en zonas en las que históricamente hubo presencia de las Farc, ha permitido que este año no se registren acciones de parte de este grupo contra la población: “El traslado de esta guerrilla ha posibilitado el control y dominio territorial de los grupos paramilitares. El impactado recae, principalmente, contra el movimiento campesino”, denuncia este estudio.

El informe muestra además, un recorrido desde 2010 hasta junio de este año en el que se evidencia una disminución en las agresiones a líderes sociales, pero un incremento de homicidios. Desde septiembre de 2016 hasta junio 30 de 2017, se han presentado por lo menos 13 homicidios en Antioquia.

Otro aspecto que preocupa, es que a lo largo de estos siete años, el 86,8 % de los homicidios siguen en total impunidad. Según el informe, de cada 100 homicidios, solo en 13 se aplica justicia; de esos 13 casos solo se han judicializado a los autores materiales, sin investigar a los autores intelectuales.

“Nosotros hemos registrado cerca de 150 asesinatos a lo largo de estos siete años,  la Fiscalía nos responde por 129 de ellos, ni siquiera la Fiscalía sabe qué ha pasado con los otros 21 casos. Solo en 17 han sido condenados los autores materiales de los crímenes. Nosotros consideramos que la Fiscalía solo intenta buscar autores materiales y no autores intelectuales”, explica Zapata.

Crítica situación en Medellín

El Valle de Aburrá representa el 41% de todas las agresiones ocurridas en Antioquia en el primer semestre del año 2017. De los 10 registrados, tres homicidios fueron en esta subregión de Antioquia, uno de ellos en Medellín.

Según este documento, las principales causas son el control de las finanzas de los grupos ilegales, la toma de los territorios por parte de grupos armados y el incremento de los enfrentamientos armados en las comunas 8 y 16 de Medellín, zonas en las que se libra una intensa lucha por el control territorial. 

“Están adquiriendo todo el poderío que debería ser justamente del Estado y eso da la impresión de un cogobierno de algunas autoridades con grupos paramilitares, es un riego no solo para los líderes sino para toda la institucionalidad", señala Zapata.

Sin embargo, el personero delegado para Derechos Humanos de Medellín, Juan Fernando Gómez, explicó: “Registramos a la fecha (julio de 2017) dos líderes sociales asesinados, uno el 2 de marzo y el otro fue el 14 de julio. Se han registrado nueve declaraciones por amenazas en la ciudad”.

El personero dice que “los líderes que vienen siendo amenazados no solo líderes defensores de derechos humanos, sino también de ediles, actores culturales, miembros de las juntas de acción comunal”.

Según el funcionario, también hay denuncias de de corrupción al interior de las comunas por el manejo del presupuesto participativo, y el accionar de los combos en estos sectores-

Otro de los aspectos, que resalta el personero, es la débil protección y la seguridad que se les brinda a los líderes tras presentar una denuncia, pues según él, hay casos que son considerados como no críticos y no se les hace el suficiente seguimiento.

“Se tuvo un caso en Antioquia del señor Porfirio Jaramillo, de Turbo, donde se le tramitó ante la unidad de protección una solicitud de esquema de seguridad, allí obtuvo respuesta negativa por considerarlo un caso menor y lamentablemente fue asesinado el 28 de enero", explicó Gómez.

La Personería señala en su informe que las alertas llegan principalmente de las comunas 4, 10 y 16, mientras que desde los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista, corrregimiento en el que el pasado dos de agosto, el alcalde, Federico Gutiérrez reveló que se descubrió un plan para atentar contra su vida, tambien se han reportado denuncias. 

Panorama en Antioquia

La segunda región del departamento que presenta el mayor número de agresiones a líderes sociales es Urabá, que pese registrar una reducción del 41 % en comparación con el año anterior, ha registrado mayor número de amenazas.  Los homicidios a los líderes sociales se duplicaron, explica el documento.

Una de las principales causas que preocupa a las comunidades del departamento es la toma de los territorios abandonados por las Farc. Según el documento que se dio a conocer este jueves, al Urabá, al suroeste antioqueño, al occidente y en el Magadalena Medio. están llegado grupos del Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). “Están obligando a los campesinos a sembrar coca y a los niños los están reclutando", agrega Oscar Zapata, miembro de Nodo Antioquia.

Por otro lado, se presenta como amenaza para las comunidades los megaproyectos como la Hidroeléctrica de Ituango y las empresas multinacionales con intereses mineros que generan, según enfatiza este estudio, problemáticas sociales, económicos, ambientales que desencadenan en desplazamientos, desarraigo, despojo, y crisis humanitaria para los habitantes y sus líderes comunitarios. Un choque de intereses.

“Se convierte el megaproyecto minero-energético en una forma de desarraigo, de desplazamiento forzado, de vulneración de derechos”, explica el líder de Nodo Antioquia.

Oscar Zapata señala que las cifras que presenta la Fiscalía y las que presenta la organización que el lidera, no concuerdan porque las definiciones de 'lider social' son diferentes. 

 “Nosotros nos basamos en la definición que da las Naciones Unidas sobre lo que es un líder social, pero lo sometemos a un carácter más amplio, para nosotros, hay líderes juveniles, líderes ambientales;  eso no lo presenta la caracterización que hace la Fiscalía General de la Nación. Basados en el informe de la Defensoría del Pueblo, de Somos Defensores, el de Pacifista y el que hacemos nosotros como organización regional, podemos determinar que el universo es mucho más amplio. Una situación que podría generar impunidad". 

Cifras del Ministerio de Defensa

En contraste, según el Ministerio de Defensa, las cifras de líderes asesinados en el país está en descenso.  Según el jefe de esa cartera, Luis Carlos Villegas, “es un fenómeno que está en franca caída”.

De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía, en lo corrido de 2017 –anotó el Ministro– van 29 asesinatos a líderes sociales, comparado con 2016, año en el que hubo 63. Respecto a las capturas hechas a personas que han atentado contra los líderes, Villegas dijo que la Fiscalía ha cumplido una gran labor.

“Se han hecho numerosos avances como la captura de 46 personas en 22 casos. Del CTI hay 13 casos con 17  capturados y en conjunto, CTI y Policía Nacional, 11 casos con 21 capturados”, explicó el Ministro de Defensa en diálogo con RCN radio. 

“Todo asesinato de persona, que tenga una responsabilidad frente a su comunidad, para el Gobierno es sumamente grave (...). La prevención y el trabajo que realiza la Unidad Nacional de Protección son un gran esfuerzo de la Policía, que evidencia un gran descenso en las cifras de homicidios a líderes sociales”, agregó Villegas.