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Con base en una recopilación de los hechos violentos sufridos en 2018 por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, opositor al megaproyecto Hidroituango, esta organización tomó la decisión de denunciar a Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia. Según el movimiento, la mayoría de los ataques han venido de alcaldías municipales y de la gobernación.
En el balance realizado por el movimiento, el 2018 les dejó 108 ataques violentos, entre los que se encuentran asesinatos, amenazas, desplazamientos y hechos de estigmatización.
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Los casos más sonados fueron los ocurridos en el pasado mayo, cuando dos integrantes de Ríos Vivos Antioquia fueron asesinados en el municipio de Puerto Valdivia. Se trató de Hugo Albeiro George, de 47 años, quien pertenecía a la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (Asvam) y Luis Alberto Torres Montoya, de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA). Además de esos dos homicidios, durante el año fueron asesinados seis familiares de integrantes del movimiento.
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Pero en lo referente a los hechos cometidos por funcionarios públicos en contra de la organización, denuncian que durante el año se presentaron por lo menos 30 casos ente hostigamientos, estigmatización y discriminación por pertenecer a la organización, los cuales fueron cometidos en su mayoría por las alcaldías municipales y por la Gobernación de Antioquia.
“Para nosotros es claro que la Gobernación ha tenido la plena intención de que con sus ataques desaparezcamos como proceso colectivo que denuncia y defiende los derechos humanos y ambientales”, señaló el movimiento en un comunicado.
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Para Ríos Vivos resulta preocupante, además, la ausencia de actuación de entidades como Fiscalía y Procuraduría al respecto, pues ello “no solo genera impunidad, sino que alienta a los funcionarios a persistir en los ataques”.
Por su parte, Luis Pérez no ha respondido directamente a los reclamos de esta organización, pero en varias ocasiones ha dejado ver una postura crítica con los afectados por el megaproyecto. En septiembre, por ejemplo, el mandatario ordenó desalojar a alrededor de 50 familias que estaban en un refugio porque, según él, estaban sacando provecho de la situación.
"Sobre estas personas hay muchas críticas, algunas viven en el municipio, tienen casa en el municipio y decidieron irse a vivir al coliseo. Están extorsionando a los comerciantes, es la palabra que hay que utilizar, porque les piden a todos los comerciantes que les den alimentos o dineros para mantenerse en el coliseo”, expresó en su momento el gobernador, según registró entonces Noticias Caracol.
Frente a este panorama, desde Ríos Vivos solicitan a la Procuraduría que realice una audiencia pública sobre el caso Hidroituango, así como a la Fiscalía a que dé cuenta de los avances en las investigaciones contra el megaproyecto hidroeléctrico.