“No habrá paz sin el derecho a transformar el espacio y el poder en la región”: Gloria Cuartas

La exalcaldesa de Apartadó, premiada y cuestionada, habla sobre los conflictos que enfrentó en la política y sobre los retos que tendrá Urabá para consolidarse como una zona de posconflicto.

Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó.

Cuando fue alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas recibió un reconocimiento mundial de la Unesco por su trabajo en favor de la paz y la defensa de los derechos humanos. Pero es la misma mujer a la que desmovilizados de la guerrilla, como alias “Karina” y “Samir”, y como ellos muchos de sus contradictores políticos, han acusado de haber sido colaboradora de las Farc en Urabá.

Nació en Sabaneta, es trabajadora social y geógrafa. Estuvo en la Alcaldía entre 1995 y 1997, período en el que, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se disparó la tasa de homicidios en Urabá: en 1994 se registraron 46 homicidios y en 1995 la cifra llegó a 116 víctimas.

Durante el período de Cuartas, la racha de violencia que padeció la región dejó un total de 223 asesinatos y 33 masacres. Todo ocurrió en medio de la consolidación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que, aunque ya hacían presencia en la zona desde 1988, recrudecieron sus enfrentamientos con sectores de izquierda, a mediados de la década de 1990.

Se hablaba entonces de una persecución contra líderes sociales, de comandos populares, de las Convivir, de la pacificación y de un consenso por la paz. Todo esto como resultado de una disputa territorial entre diferentes actores armados que, desde finales de los 80, se estaba desarrollando en el territorio.

Ese consenso por la paz fue el mismo que llevó a Cuartas a ganar las elecciones y a ser una de las figuras más reconocidas de la izquierda en el momento más álgido del conflicto armado en Urabá. Cuartas habló con De la Urbe sobre esa época, sobre cómo intentaron manipularla por ser mujer, sobre su supuesta relación con las Farc y sobre los que, a su juicio, serán los puntos clave para el posconflicto en la región.

Usted llegó a ser alcaldesa de Apartadó por medio de un “consenso por la paz”, ¿en qué consistía ese acuerdo?

A mí me llamó monseñor Isaías Duarte a que hiciera parte del proceso. Entonces, se planteaba un acuerdo por la paz, eso fue lo que se dijo en el momento. Pero ese consenso para la paz fue una trampa a la democracia. Yo después comprendí que el acuerdo no era por la paz; que el acuerdo era para resolver lo que ellos (los que conformaron el consenso: dirigentes políticos, cívicos y religiosos de la zona bananera) consideraron conflicto político: tener a la Unión Patriótica (UP) por un lado y a Esperanza Paz y Libertad (movimiento conformado por desmovilizados del EPL) por el otro, en una disputa de poder territorial. Y, pues, quien se desmoviliza quiere tener representación política, eso era legítimo. Pero, entonces, empezó la tensión entre empresarios bananeros, políticos y sectores de iglesias, que preferían la alianza con EPL para consolidar un poder económico en la región  porque a la UP la consideraban una amenaza; porque su postura política era distinta al modelo económico que se tenía para la región. El consenso duró un mes; luego, sacaron a la UP de toda posibilidad de participación política. El EPL los acusó de la masacre en La Chinita y comenzó una propaganda de deslegitimación a todo lo que sonara como UP.

Pero, ¿por qué Gloria Cuartas y no otra persona?

Yo creo, y lo he investigado, que ellos pensaron que podía ser manipulable. Yo era una mujer amigable con todos los grupos políticos: Esperanza Paz y Libertad, Generación 21, con los grupos religiosos; o sea, la gente me conocía, fui una mujer de confianza, al principio. Pero al mes de estar en la Alcaldía, empezaron las muertes y yo planteé una campaña internacional con Naciones Unidas denunciando lo que estaba pasando en la zona.

Eso no le gustó a nadie. Entonces, la guerrilla decía que yo era funcional a los paramilitares, los paramilitares decían que yo era funcional al Quinto Frente de las Farc, los empresarios bananeros no pagaban impuestos porque decían que yo se los entregaba a la guerrilla. Cuando los que me postularon en el consenso comenzaron a ver mi “protagonismo internacional”, vieron que era el efecto contrario a lo que ellos querían. Ellos querían una alcaldesa que pudieran controlar. Me decían que me dedicara a administrar, pero que no me metiera con asuntos de orden público, que de eso se encargaba el gobernador.

Ese gobernador era Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo fue su relación con él durante su período en la Alcaldía?

Nuestra relación amigable duró tres meses. Se rompió porque en las reuniones que se hacían en la Gobernación, Pedro Juan Moreno, que era su secretario de Gobierno, siempre decía: “Gobernador, no podemos seguir hablando de Apartadó porque llegó la ‘guerrillera’”. El trato hacia mí era de desprestigio y deslegitimación, los señalamientos hacia mí siempre se gestaron en lugares de poder. Él y yo teníamos diferencias en el concepto de seguridad, en el concepto económico y en el concepto de desarrollo local. Teníamos dos maneras de administrar lo público muy distintas. Yo siempre fui señalada de ‘guerrillera’, de ‘loca’. Y con el Gobernador siempre tuvimos enfrentamientos, no hubo una comunicación hacia la gobernabilidad, sino que era entre el ataque y la defensa.

¿Pero nunca hubo amenazas hacia usted?

¿Cuál era la amenaza latente?: “Usted no se puede oponer a las Convivir porque la decisión de la Gobernación es que haya personas vinculadas de las comunidades a las cooperativas de seguridad”. Y yo le decía: “Gobernador, no. No podemos seguir vinculando jóvenes a la guerra en la región”.

¿Qué pasó después del consenso que habían logrado los sectores políticos de Urabá en 1994?

Los empresarios, los políticos y la Iglesia decidieron que ya la guerrilla no iba a ser importante en el proceso político de la región; eso puede estar bien o mal. Lo que yo cuestiono es el método: reinsertados del EPL se unieron con sectores económicos y comienza un plan de exterminio y, a su vez, un repoblamiento urbano y rural. Los paramilitares comenzaron a asentarse en el territorio, empezaron las violaciones, las muertes. ¡Yo todos los días recogía muertos!

¿Cuál era el papel de la guerrilla en ese tiempo?, ¿los muertos solo los causaban los paramilitares?

Es un poco tendenciosa la manera como lo consultas, en la medida en que mi papel como alcaldesa era identificar el todo;  y el todo del municipio implicaba conocer la presencia histórica de las Farc con controles territoriales definidos en la región, los hechos de violencia a manos de la insurgencia. La muerte y el desplazamiento gestados por el Estado a través de los paramilitares y miembros de la Fuerza Pública muestran un panorama de hechos violentos. La pregunta que tú tendrías que hacerte como investigadora es: “¿Qué papel jugó el Estado en la región del Urabá en los años 1980 y 1990 para que esto ocurriera?”. No si yo creo que la guerrilla hizo actos violentos o no, eso está descartado. La guerrilla cometió hechos violentos en la región del Urabá, hechos de guerra.

Desmovilizados, como alias “Karina” y “Samir”, afirman que usted tuvo cercanía con las Farc, ¿cómo fue su relación con esa guerrilla?

Yo llegué a la región del Urabá por la Empresa Antioqueña de Energía (Eade) el 31 de julio de 1992, en un cargo oficial de la Gobernación de Antioquia. Había un paro armado en la región para no permitir el pago de energía. Yo hablé con las Farc con el permiso de Juan Gómez Martínez, el entonces gobernador de Antioquia. Creo que soy de las mujeres de este país que tiene una memoria política muy cuidada y creo que la reconciliación y la paz pasarán por la verdad, por la justicia, porque los sectores de poder le cuenten la verdad al país. Doy fechas exactas: trabajé con esa empresa del 31 de julio de 1992 al 16 de abril de 1993, en ese tiempo fue mi conversación con la guerrilla. Creo que fui una mujer que administró lo público en tiempos de guerra sin abdicar a sus principios ni con la insurgencia, ni con los grupos de poder.

Usted ha hablado de que debe existir un modelo económico mixto que incluya a los empresarios y a los políticos, pero que les deje espacio a las comunidades. ¿Qué tan importante es esto para el posconflicto en la región?

Yo creo que es clave. Urabá no puede seguir teniendo una propuesta hegemónica de desarrollo, los bananeros no pueden seguir definiendo el rumbo del Urabá. Es necesario que haya un nuevo acuerdo político, económico y social en la región. Es necesario que se conozca toda la verdad. Que haya un proceso de reordenamiento territorial que muestre cuál es la huella espacial de la guerra. El mapa de la muerte es muy complejo porque te está mostrando que, desde Necoclí hasta Mutatá, se dieron hechos victimizantes que fueron consolidando toda una matriz de control social. Urabá tiene un gran problema emocional. El desarrollo se ha realizado a costa de mucho dolor.

El Gobierno afirma que ‘Los Urabeños’ son bandas criminales, que no son actores del conflicto armado. Pero los habitantes de la región reconocen a este grupo como paramilitares, ¿cree usted que aún existe este fenómeno en la zona?

Creo que no podemos seguir hablando de bacrim, de nuevos grupos paramilitares o de nuevas bandas criminales. Creo que el Gobierno colombiano, en el marco de los diálogos y de los acuerdos en La Habana y del proceso con el ELN, debe abrir un debate sobre la Doctrina de Seguridad Nacional y aceptar públicamente que el paramilitarismo sigue como estrategia de imposición de un modelo económico. Necesitamos enfrentar públicamente ese problema: en el Urabá existen los paramilitares, la Brigada XVII debe reconocer el papel que ha jugado en la sostenibilidad del paramilitarismo.

San José de Apartadó es una posible zona de concentración para desmovilizados de las Farc; sin embargo, en el territorio están presentes los paramilitares, ¿eso qué implica?

Es importante garantizar un lugar de concentración que, ojalá, sea discutido con las comunidades. Las Farc necesitan un lugar para concentrarse, pero que ese proceso respete el trabajo que ha venido haciendo la Comunidad de Paz. Hay que evitar los señalamientos hacia San José como zona guerrillera, no habrá paz si no hay una discusión sobre el derecho a transformar el espacio y el poder en la región. La principal señal de paz sería reorganizar la infraestructura. En San José hay una escuela entre la base militar y la estación de Policía. Podrían hacer una universidad campesina o podría ser un instituto de paz; eso sería demostrar voluntad y resignificar ese lugar. Que esas bases, incluyendo las de la guerrilla, sean nuevos lugares para la reintegración, la educación y la protección ambiental.

Pero, si es verdad que aún persiste el paramilitarismo, ¿no sería muy riesgoso concentrar desmovilizados en San José de Apartadó? Es decir, si en verdad hay una contrainsurgencia, ¿no sería exponerlos a un nuevo episodio de “pacificación”?

Es necesario reordenar el espacio y la insurgencia tiene derecho a un lugar, así como lo tuvo Esperanza Paz y Libertad. No recuerdo oposición de nadie. Creo que San José respeta la territorialidad habitada por la Comunidad de Paz y el Estado que defina qué va a hacer con los paramilitares.

¿Hoy hay garantías para los cambios que se requieren?

No hay garantías. Yo creo que se necesitan tribunales de la verdad en la región. Que haya la posibilidad de que los jóvenes sepan qué fue lo que pasó en el Urabá. No se ha dicho toda la verdad para que los hijos de todas las violencias, los hijos de todos los actores armados, se puedan reencontrar. Porque no se pueden seguir haciendo señalamientos hacia los hijos de La Chinita como ‘paramilitares’, a los hijos de San José como ‘guerrilleros’. Porque cada barrio tiene una ubicación en la memoria de la gente. La juventud no puede heredar odios ni ser ingenua. El desarrollo del Urabá no puede hacerse sobre la base de la impunidad ni sobre el dolor de las víctimas.

*Este artículo fue publicado por el periódico De la Urbe, de la Universidad de Antioquia