Disturbios en Tarazá, Antioquia, tras operativos contra minería ilegal

Como medida preventiva las autoridades mantienen el cierre de la vía entre Medellín y la costa atlántica, en ese municipio.

Referencia / Archivo.

Este miércoles se reportó una situación de tensión en el municipio de Tarazá en el bajo cauca antioqueño, debido a un operativo de la Brigada Móvil contra la minería ilegal. Se ejecutaron el cierre de seis explotaciones mineras y la destrucción de algunas maquinarias.

Hasta el momento se han retenido 32 personas y se ha decomisado la maquinaria que se hallaba en las minas Puerto Escondido, Tenerife, Río Rayo y Operminco, donde se practicó la intervención.

En los corregimientos Puerto Antioquia y Piedras, donde se encuentran esas minas, se han concentrado unas 700 personas a la espera de que se decida la situación legal de las personas detenidas y el futuro de la maquinaria incautada y el comercio de la zona cerró sus puertas en solidaridad con los mineros.

Los disturbios han afectado la movilidad por la troncal entre Medellín y la costa norte pues las autoridades han hecho cierres preventivos con el fin de evitar ataques a los vehículos que por allí transitan.

Según el gremio minero en la zona, las minas que van a ser cerradas hacen parte del laboratorio de proyectos piloto para formalización minera en al Bajo Cauca y cuentan con contratos elaborados en la Secretaría de Minas de Antioquia, listos para la firma del gobernador.

“La situación es complicada porque estas seis unidades enmarcaban la ruta de formalización, ya contaban con plan de manejo ambiental y plan de trabajo: uno aprobado por la autoridad ambiental y el otro por la autoridad minera y había contratos elaborados y se hace realiza este operativo. O sea que los mineros que estamos de cara al proceso de legalización, a la institucionalidad, estamos siendo víctimas de los atropellos del Estado”, declaró Mauricio Gómez presidente de la Confederación Nacional de Mineros, Conalminercol, en diálogos con Caracol Radio.

El directivo gremial indicó para el medio que el operativo de cierre afecta a unas 1.100 familias que viven de esa actividad y enfatizó que los mineros no están haciendo su actividad a escondidas, y la prueba es que han recibido apoyo técnico del Ministerio de minas e inversiones importantes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

 

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