Lo que podría traer la militarización de Medellín

El Espectador consultó a varios expertos sobre esta medida para que explicaran las consecuencias que podría traer a la ciudad, sus riesgos y también sus posibles beneficios.

/ Foto: Archivo
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, informó que en agosto un batallón de 160 militares especializados en la lucha en el conflicto armado llegará a la ciudad para mitigar, entre otros, el aumento de 10% de los homicidios en lo que va del 2016. Una cifra a todas luces preocupante, más si se tiene en cuenta que el 50% de los asesinatos son perpetrados por el crimen organizado.
 
La noticia generó una álgida polémica. El recuerdo del actuar del ejército en Medellín genera preocupaciones tanto entre los ciudadanos, como entre expertos en seguridad, pues se mantiene vigente en la memoria la época de operaciones militares, como Orión o Mariscal, en las cuales desaparecieron personas y al arrebatarle el control a la guerrilla, en poco tiempo, organizaciones criminales ocuparon su lugar, algo que ya se ha comprobado que fue con ayuda de militares.
 
Con esas operaciones el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) logró el control de territorios que luego fueron ocupados por la Oficina de Envigado. A las comunas de Medellín llegaron los Urabeños y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Las bandas criminales con alianzas, pero también por la fuerza, han tomado el poder en barrios de la capital antioqueña y “vacunando” productos legales e ilegales se fortalecen.
 
Uno de los críticos de la eventual militarización de la capital antioqueña es Pablo Emilio Angarita, investigador del Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia (UdeA), quien considera la decisión como el fruto de un mal diagnóstico, como una medida apresurada y “poco inteligente”.
 
Según el profesor de la UdeA, que un batallón de militares combata directamente a las bandas criminales y a los grupos neoparamilitares que hay en la ciudad “es ensayar un remedio del que ya se conocen las consecuencias. Es pretender matar las cucarachas con un revólver”. Además, que esta no es una solución al problema, sino que es sumarle un nuevo actor armado al conflicto.
 
El argumento lo comparte el investigador social, Max Yuri Gil, quien expone que su principal preocupación es que los pobladores de barrios como Castilla y el 12 de octubre, donde operaría el batallón, sean estigmatizados forma injustificada como cómplices de las organizaciones contra las que irán los militares. Para evitar esto, debe haber una veeduría, pero el investigador tiene la impresión de que “que eso no se ha pensado, lo que es muy grave, porque el uso de la fuerza debe ser en la legalidad”.
 
Luis Fernando Quijano, director de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), tiene una mirada menos escéptica de la decisión del alcalde Federico Gutiérrez. Si los militares “ayudan a las autoridades a desmantelar bandas y estructuras, sería algo efectivo. Sería un respiro para la Policía y la Fiscalía”. 
 
Por el contrario Gil afirma que discurso del alcalde es contradictorio. “Es ambiguo, por un lado el alcalde ha reconocido la existencia de organizaciones criminales que controlan en territorios y confrontado la idea de que eso ya no pasa en Medellín. Pero con las soluciones recae en medidas de choque que son muy efectivas para los medios de comunicación, pero que en la práctica no son eficaces”.
 
La preocupación de Pablo Emilio Angarita también es que los resultados de la militarización no solo se midan en el impacto mediático o en un balance frío de las cifras. Pues como ha sucedido en el pasado,  las personas pueden convertirse “en ese eufemismo que llaman ‘efectos colaterales’ para referirse a asuntos como falsos positivos y a las víctimas que caerán”.
 
Ese temor tiene bases en hechos como el paro armado que impusieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en varias regiones del país. El 1 de abril en la comuna Belén, una de las más grandes de la ciudad, hubo disparos al aire, panfletos y graffittis en viviendas con mensajes alusivos a las AGC. Pero el hecho que más impactó fue la incineración de un bus articulado del Metro en la Loma de los Bernal.
 
Aunque los expertos consultados por El Espectador tienen posturas disímiles, los tres coinciden en algo: esta medida por sí sola no arreglará los problemas de seguridad en la capital antioqueña. Angarita considera que en vez de que entre en operación un batallón militar, “se requiere más labores de inteligencia, acción social y una Fuerza Pública depurada”.
 
Max Yuri Gil comparte la postura de Angarita. Si lo que se busca es desarticular a las bandas criminales que operan en Medellín, explica el investigador social, se requiere de labores de inteligencia, más que del uso de la fuerza. Además, todo esto debe ir acompañado de “un reforzamiento de la presencia social institucional en los territorios, de tal manera que las comunidades encuentren una oferta institucional que le haga competencia a la oferta ilegal”.
 
Esa presencia institucional es necesaria. Según el portal Análisis Urbano, el poder de algunas bandas criminales es tal que controlan los precios de productos como la leche, harina y huevos. Para 2014, comerciantes de las comunas Aranjuez, Villa Hermosa y San Javier denunciaban que no podían abastecer sus tiendas por culpa de las vacunas cobradas a los transportadores. 
 
Fernando Quijano cree en la efectividad de esta medida, siempre y cuando cumpla con dos variables: la primera que se realice en los barrios periféricos. La segunda, que sea un “trabajo mancomunado con la institucionalidad, es decir con la Policía, la Fiscalía y la Administración Municipal”.
 
Aunque la Alcaldía no ha dicho la fecha exacta en la que los 160 militares iniciarán operaciones en Medellín, desde ya la medida genera inquietud y queda una pregunta que se irá respondiendo cuando haya resultados de este batallón para analizar: ¿es esta medida suficiente o solo será un paliativo que no erradicará la inseguridad y la criminalidad?
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