Si amenazan al alcalde de Medellín, ¿qué decir de los ciudadanos?

Tras la denuncia de un plan para atentar contra Federico Gutiérrez, habitantes y líderes comunitarios temen una estrategia de choque que deje a la población en medio del fuego cruzado. En el centro, bandas de diferentes comunas se estarían disputando territorio.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Un aumento de los homicidios en Medellín, el hallazgo de cadáveres con signos de tortura y confrontaciones entre grupos armados en distintas comunas hacen parte del contexto en el cual se conoce una amenaza contra el nuevo alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad de Medellín indican que en los dos primeros meses del año los homicidios aumentaron en un 38% en la capital antioqueña, al pasar de 63 muertes violentas entre enero y febrero de 2015, a 87 asesinatos en el mismo periodo de 2016. Las comunas más afectadas fueron la 10 (Candelaria – centro de Medellín), la 7 (Robledo) y la 5 (Castilla), noroccidente de la ciudad.

El plan para atentar contra el mandatario lo denunció un ciudadano ante la Procuraduría desde el 01 de febrero, pero Gutiérrez se enteró solo hasta el 17 del mismo mes. La Policía anunció un refuerzo a los esquemas de protección del alcalde y más vigilancia a sus rutas de traslado.

Gutiérrez explicó en rueda de prensa que la intimidación se debe a los operativos de seguridad en la comuna 10 (Candelaria), centro de la ciudad, y en la comuna 5 (Castilla), noroccidente. En esas zonas, desde su posesión, el alcalde impulsó una intervención frontal contra las bandas que controlan la extorsión, el microtráfico y el comercio sexual.

El desafío no es menor. En Medellín hay grupos armados que llevan más de 30 años delinquiendo como las bandas La Terraza, Los Triana o Los Mondongueros, para poner ejemplos. Sin mencionar la presencia de Los Urabeños, tal vez la banda pos paramilitar más grande del país, y de La Oficina, creada desde los años ochenta por el capo Pablo Escobar. Estas dos macroestructuras agrupan a las organizaciones criminales de la ciudad y controlan el narcotráfico y las rentas ilegales.

Los continuos enfrentamientos entre estos grupos del crimen organizado, que de tiempo atrás vienen en un proceso de reacomodamiento, ponen en zozobra a las comunidades. Y ahora, cuando se plantea una acción abierta contra éstos, algunos líderes barriales temen por su integridad.

“Al alcalde lo amenazan y le redoblan la seguridad, en cambio el líder social en el barrio, ante una política de guerra contra los actores armados, porque es una política de guerra, queda desprotegido”, expresó un dirigente comunitario de Castilla, quien pidió la reserva de su nombre.

La permanencia de los combos en las comunas, explica este líder, “es una bomba de tiempo y esta administración la está activando. Esa bomba lleva muchos años enquistada en los barrios, en los territorios, con estrategias de intimidación, drogas, armas. Entonces, si voy a activar eso, estoy despertando una guerra y la pregunta es: ¿cuál fue la estrategia para proteger la ciudadanía que está ahí en la mitad de esa guerra?”

Justamente en la segunda semana de enero, conductores de la ruta de buses 261 de Castilla salieron a paro ante el incremento de las extorsiones que los obligan a pagar 70 mil pesos semanales. Luego de esto, la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Fuerza Pública anunciaron un refuerzo de 200 policías para la zona y dijeron tener identificados a los responsables. No obstante, el 27 de febrero un transportador de esa misma ruta fue baleado por presuntos miembros de la banda “Los Machacos”.

El alcalde debe empezar por “limpiar la casa”

“La policía es legal, pero no legítima”. Eso piensa un vocero de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6, quien pidió proteger su identidad. De acuerdo con lo que ha encontrado esa organización en la zona noroccidental, “muchos patrulleros de la policía ya están permeados por la delincuencia. A veces por el simple hecho de recibir dinero de una banda, van y atacan a los de la otra banda y eso hace que la policía no tenga legitimidad. Y cuando un estamento, sea el que sea, pierde la legitimidad de la comunidad, ya no hay ni quién denuncie, ni quien proteja”.

Esta visión es compartida por el citado líder de la Comuna 5, quien se pregunta: ¿cómo es posible que la policía sabe dónde están las plazas, saben cuáles son los muchachos, saben en dónde vacunan y no actúan?”

Por eso, este líder piensa que “la primera guerra que tiene que hacer el alcalde es con la misma institucionalidad. Para poner un ejemplo: el alcalde llevaba 17 días amenazado y ni siquiera sabía.”

El mismo Federico Gutiérrez, el día en que dio a conocer las amenazas en su contra, preguntó “cómo una denuncia tan grave, donde hay advertencias, nombres, sitios, tantos detalles”, tardó en ser notificada ante él y las demás autoridades. A lo cual agregó: “¿qué puede esperar cualquier ciudadano si pone una denuncia?

Días después se conocería que hasta los consejos de seguridad del mandatario habrían sido infiltrados por bandas delincuenciales que buscaban obtener información sobre los operativos contra la criminalidad.

La amenaza: ¿del centro o de Castilla?

Algunos indicios sobre el posible origen de las amenazas al alcalde Gutiérrez, apuntan a las grandes bandas del crimen organizado que se disputan el centro, donde de acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, general José Gerardo Acevedo Ossa, aún delinquen 35 grupos de Convivir y hacen presencia grandes bandas provenientes de otras comunas, como La Terraza y Caicedo, originarias del oriente de Medellín.

Un investigador estatal, quien pidió reservar su identidad, explicó que en la disputa por la Comuna 10 hay estructuras como la banda de Picacho, de la Comuna 6, que en el centro controla el sector de Guayaquil y Corazón de Jesús; San Pablo, de la Comuna 1, que controla los sectores de San Benito y Estación Villa; y la Terraza, de la Comuna 3, que controla la zona oriental del centro desde el sector de Prado, en alianza con La Roja, de Villa Hermosa, y con grandes bandas de Caicedo.

Frente a este panorama, el vocero de la Mesa de DDHH de la comuna 5 manifiesta que “las comunas no se pueden ver por separado del centro o pensar que el centro es solo centro, sino que toda la delincuencia y todo lo que está sucediendo está ligado.”

Por su parte, Carlos Henao, defensor de derechos humanos de la zona noroccidental de Medellín, no cree que las amenazas al alcalde provengan de Castilla, pues comparte la hipótesis de que estas se habrían originado desde el centro “porque es una zona donde se mueven grandes flujos de dinero que están siendo afectados por la intervención de la Alcaldía y, al verse afectadas, estas estructuras buscan algún tipo de respuesta.”

Sin embargo, no hay que olvidar que en otras ocasiones Federico Gutiérrez fue amenazado por grupos delincuenciales de la Comuna 5, como sucedió en abril de 2014 cuando solicitó un esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección. En esa ocasión, el hoy mandatario adelantaba investigaciones sobre el tema de seguridad a través de la Fundación Medellín a la Cabeza, la cual lideraba en ese momento. Durante un recorrido de campo por el Bulevar de Castilla, mientras indagaba a comerciantes sobre el problema de la extorsión, Gutiérrez y su equipo recibieron amenazas directas que les obligaron suspender la jornada.

“Están estigmatizando la comuna 5”

El pasado sábado 20 de febrero, a las tres y media de la tarde, desconocidos que se movilizaban en un automóvil blanco y en una motocicleta, sacaron del baúl del carro el cuerpo de un hombre, de entre 30 y 35 años, y lo arrojaron en la vía pública. La víctima estaba envuelta en un plástico color negro, iba atada de pies y manos, presentaba surcos de presión en las muñecas y el cuello, tenía la cabeza envuelta en papel chicle y tenía un mechón de cabello de mujer pegado con cinta en la espalda. Este caso, hace parte de los 10 homicidios reportados en Castilla en los primeros dos meses del año.

Pero la escena se repite en otras comunas donde el reacomodamiento de las estructuras armadas y la disputa por el poder territorial continúan, concluyó la Personería de Medellín en su último Informe de Derechos Humanos, según el cual, entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2015, “no cesaron los estallidos de artefactos explosivos, la aparición de cuerpos desmembrados, encostalados, enmaletados, cuerpos dentro de carros de mercado en las esquinas, hombres envueltos en sábanas y au¬mento de mujeres asesinadas, y aunque no se consideran delitos de impacto, Medellín continúa siendo el municipio más violento del Valle de Aburrá con un reporte, por parte de la Unidad de Víctimas, de 23.908 registros únicos de víctimas, y 67 denuncias de despojo de bienes intraurbanos.” (Personería 2015: 31)

Es por eso que Carlos Henao considera que están estigmatizando a Castilla, pues lo que allí ocurre pasa también en otras zonas de la ciudad y en ocasiones con mayor intensidad. Es el caso de la comuna 7 (Robledo), que en los primeros dos meses del año reportó el mayor número de homicidios: 16 en total según datos del SISC, y que en 2015 registró la mayor cantidad de víctimas de desaparición forzada: 47 desaparecidos de acuerdo con el reporte de la Personería.

Surge entonces la pregunta de por qué la administración municipal priorizó su intervención en unas comunas, la 5 y la 10, y no en otras. Lo cierto, expresó Henao, es que “con meter 200 policías más en Castilla no se van a resolver las problemáticas. Más bien hay que mirar como la institucionalidad: Alcaldía de Medellín, Colombia Joven y todas las secretarías, transversalizan una oferta eficaz para los jóvenes en todas las comunas, no solo en la cinco”.

Con él coincide el vocero de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6, quien piensa que “el alcalde en cuatro años puede hacer mucho, pero desarticular las bandas y los actores armados no”.

Para él, se requiere una estrategia de seguridad humana integral que permita recuperar el tejido social, generar legitimidad en las instituciones y brindar garantías para los defensores de derechos humanos. Pero además, “se necesita que la nación tenga unas políticas claras en este tema y que brinde herramientas a los municipios para poder manejar el asunto de la delincuencia; que no sea solamente con la reacción policial”.

Este líder también considera pertinente la posibilidad de “hablar con los actores armados para generar treguas, como lo hacía la oficina de Paz y Convivencia” y como se ha hecho en otras administraciones; y para buscar programas que permitan la desvinculación de los jóvenes que hacen parte de esas estructuras facilitando su ingreso al sistema educativo o laboral.

En sus discursos, el alcalde Federico Gutiérrez, ha hablado de una estrategia de seguridad integral y con oportunidades, que al parecer ha generado expectativas, inquietudes y propuestas entre la sociedad civil, pero también la reacción de las estructuras armadas que durante décadas han controlado la ciudad.