Víctimas de La Esperanza pidieron no legalizar cargos a Ramón Isaza

El exjefeparamilitar aseguró que las personas desaparecidas fueron arrojadas a tres ríos diferentes. Pero otros postulados a Justicia y Paz dicen que los cuerpos habrían sido sepultados.

No habrá perdón hasta que los paramilitares no digan la verdad y revelen dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas. Esa fue la postura de las víctimas durante el incidente de reparación por los hechos ocurridos entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 en la vereda La Esperanza, Carmen de Viboral en el oriente antioqueño.

La audiencia tuvo lugar el miércoles 9 de noviembre en el municipio de La Dorada, departamento de Caldas. Hasta allí llegaron familiares de 11 personas, entre ellas tres menores de edad, que fueron desaparecidas; en los que también fue asesinado el campesino Javier Giraldo Giraldo.

En su intervención, las víctimas solicitaron a los Magistrados de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz no legalizar los cargos al postulado Ramón Isaza Arango, alias “El Viejo”, excomandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio que operaron en el oriente antioqueño.

La solicitud fue hecha con el propósito de que se complete la investigación que desarrolla la Fiscalía, en la cual se pretende verificar la credibilidad de lo que expresaron los exparamilitares Luis Eduardo Zuluaga, Walter Ochoa Guisao y Camilo Zuluaga Zuluaga, también postulados a Justicia y Paz, quienes reconocieron su intervención y la de Ramón Isaza Arango en algunos de los hechos ocurridos en la vereda la Esperanza.

Según la versión de estos postulados, existe la posibilidad de que los cadáveres de las personas desaparecidas de manera forzada por los integrantes de las ACMM no hubieran sido arrojados a los ríos Magdalena, Armas y Calderas, tal como lo manifestó Ramón Isaza en su versión de los hechos, sino que hayan sido inhumados en cercanías a bases paramilitares, a las cuales eran trasladadas las personas privadas ilegalmente de la libertad para ser sometidas a interrogatorios bajo presión psicológica y física.

Sobre lo sucedido en La Esperanza, Ramón Isaza Arango, desde su primera intervención en el proceso el 16 de octubre de 2008, manifestó que los hechos fueron perpetrados por dos personas fallecidas: su hijo Omar Isaza, conocido como alias “Teniente”, y el mayor David Hernández, quienes habrían actuado con base en una lista proporcionada por el fallecido General Alfonso Manosalva Flórez, que señalaba a varios pobladores como auxiliadores de la guerrilla en la zona cercana a la autopista Medellín – Bogotá.

Este es el único caso ocurrido en Antioquia por el que se formuló cargos a Ramón Isaza Arango, ya que la Fiscalía desistió de formularle cargos por la muerte del Personero de El Carmen de Viboral, Helí Gómez Osorio, sucedida el día 26 de noviembre de 1996, dado que el postulado Ricardo López Lora, alias “La Marrana”, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, asumió la responsabilidad de este hecho.

Sin embargo, expresó el representante de las víctimas de La Esperanza, se desconoció que el homicidio ocurrió a raíz de las denuncias que formuló el personero sobre las desapariciones ocurridas en La Esperanza. Estas decisiones, anotó, han impedido que se elabore un contexto y se definan los patrones de macro criminalidad que revelen la manera como operaron las Autodefensas del Magdalena Medio y develen los respaldos institucionales que tuvo esa organización para desarrollar su accionar sin contención alguna en esta región de Antioquia.

Por eso las víctimas insistieron en manifestar que el reconocimiento de responsabilidad que hace Ramón Isaza Arango en la agresión contra la comunidad de La Esperanza, no se puede equiparar a un aporte serio a la verdad que reclaman las víctimas y la sociedad, veinte años después de perpetrados los hechos. Y agregaron que una sentencia en contra de este postulado no satisface su demanda de justicia.

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Los hechos ocurridos en la vereda La Esperanza están siendo abordados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 13 de diciembre de 2014. “El caso se relaciona con la supuesta desaparición forzada de 16 personas, incluyendo tres niños, y la presunta ejecución de otra persona, ocurridas en la Vereda La Esperanza del municipio de El Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996. Se alega que oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas habrían coordinado con miembros del grupo paramilitar denominado Autodefensas del Magdalena Medio las distintas incursiones a la Vereda La Esperanza, debido a que las presuntas víctimas eran percibidas como simpatizantes o colaboradoras de grupos guerrilleros que operaban en la zona.

En ese sentido, todos los supuestos hechos, con excepción de uno que habría sido perpetrado directa y exclusivamente por las Fuerzas Armadas colombianas, habrían sido cometidos por el grupo paramilitar con el apoyo y aquiescencia de agentes estatales. Adicionalmente, según se alega, los hechos se encontrarían en la impunidad en tanto la investigación en el proceso penal ordinario y bajo la Ley de Justicia y Paz no habría sido diligente y no se habría sancionado a ninguno de los responsables de los hechos”.

Tomado de la página de la Corte IDH

 

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