La Arenosa huele a caño

En 2011 debió terminar el proyecto para sanear los caños de la cuenca oriental de Barranquilla.

El caño del Mercado Público de Barranquilla es hoy un problema sanitario por los malos olores que genera./ Jesús Fragozo Caro
El caño del Mercado Público de Barranquilla es hoy un problema sanitario por los malos olores que genera./ Jesús Fragozo Caro

Casi ocho años han transcurrido desde que la Alcaldía de Barranquilla y la empresa de acueducto Triple A S.A. E.S.P. empezaron a trabajar en un proyecto para descontaminar de aguas residuales los caños de la cuenca oriental de esta ciudad (Ahuyama, del Mercado, de las Compañías, los Tramposos, Arriba y Agromar). El plan de saneamiento, que consta de nueve obras de infraestructura (actuaciones), debió comenzar operaciones en noviembre de 2011. Es decir, presenta un retraso de 18 meses.

Ese año, el entonces gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que casi todo estaba hecho. El retraso de su puesta en marcha les ha costado a los barranquilleros cerca de $6.000 millones, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR). Peor aún: la no eliminación de las descargas a los arroyos y las vías públicas impide mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias y de salud de la población.

El órgano de control señala que en el proyecto 30420 de 2005, “Plan de saneamiento de los caños de la cuenca oriental de Barranquilla”, hubo un reajuste a las cantidades de obras y diseños, y “dichos cambios variaron el valor del contrato. Pasó de $71.554’000.000 a $77.364’697.068”.

De igual forma se explica que los recursos adicionales son aportados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Según José Pianeta, ingeniero interventor de Triple A, el plan de saneamiento no ha entrado en funcionamiento porque se han presentado innumerables contingencias: “Un proyecto de estos es de muchísima envergadura. El suelo no es el adecuado. Hay épocas de invierno y en algunos casos la compra de los predios retrasó el proyecto”.

Otro informe de auditoría de la CGR, de diciembre de 2010, señala que el proyecto fue contratado en su totalidad por la empresa de acueducto Triple A. Y encontró un detalle que llama la atención: “Además de actuar como contratante a nombre del Distrito de Barranquilla, según el convenio 112 de 2005, esa firma ostenta la calidad de interventor, papel que debe estar en cabeza de una persona independiente de la entidad contratante y del contratista”, como lo exige el artículo 32, numeral 1º, de la Ley 80 de 1993.

“Eso no fue una figura que nos inventamos. El documento Conpes 3351 de 2005, que es la madre del proyecto, consigna esa figura. Estamos acogidos a la Ley 142”, puntualizó Pianeta.

Y aunque revisando el documento mencionado se confirma lo dicho por Pianeta, el abogado Rafael Nieto, catedrático de la Universidad del Atlántico y candidato a magíster en derecho administrativo, sostiene que es ilegal que una misma empresa, que maneja recursos del Estado para ejecutar una obra, sea contratante y a la vez interventor. “La interventoría garantiza que las condiciones técnicas de una obra sean tal cual como dicen los pliegos y obliga al contratista o al ejecutor del proyecto a que inicie un control de calidad en ese proceso de construcción”.

Triple A, según se desprende de una investigación de la CGR, ha incumplido la interventoría. En la vigencia 2009-2011, dice, “no se realizaron informes de evaluación, control y seguimiento al desarrollo del proceso de interventoría ni tampoco se efectuó supervisión sobre el cronograma y avance de las obras”.

Pese al informe oficial, Gonzalo Baute, gerente del Foro Hídrico (supervisor del proyecto), asegura que sí se ha hecho seguimiento a la obra y recordó que el Fondo de Restauración e Inversiones Hídricas está facilitando los procesos.

Si una empresa es al mismo tiempo contratante e interventor de un proyecto, ¿cómo se podrá evitar que en la ejecución de la obra se cometan errores, haya corrupción, se utilicen materiales de muy baja calidad para ahorrar dinero o, simplemente, falte objetividad en los informes de interventoría?

La CGR encontró que se realizaron pagos por $1.254 millones para cancelar impuestos y otros conceptos. “Recursos del anticipo que no corresponden a inversiones establecidas y aprobadas por la interventoría en el plan de inversión del anticipo”, dice el órgano de control.

Aunque en un principio Triple A se comprometió a aportar el documento en el que da respuesta a la CGR sobre los hallazgos antes mencionados, El Espectador nunca pudo conocer tal informe. Sistemáticamente, funcionarios de esa firma se negaron a entregarlo.

Por si hay dudas en cuanto a la responsabilidad de Triple A en el retraso de las obras, quedan disipadas al escuchar al gerente de Edubar (entidad encargada de comprar los terrenos en donde se construyen las nueve actuaciones del sistema), Ramón Vides, quien asegura que aunque no fue fácil adquirir los predios esa no es la principal causa que ha atrasado las obras. “Nosotros en varias oportunidades dejamos listo el espacio para que allí se empezara a construir, pero Triple A —en ocasiones— se demoró en hacerlo y decenas de personas invadían de nuevo el terreno. En una oportunidad se tardaron cerca de dos años en poner la primera piedra”.

El ingeniero Pianeta asegura que las actuaciones 3, 4, 5 y 6 serán entregadas este mes, y el resto, es decir, las que corresponden a los números 1, 2, 7, 8 y 9, a finales de junio o principios de julio. Unión Temporal Cuenca Oriental 2006 es la firma contratista del plan de saneamiento de los caños.

¿Será que por fin arranca el sistema?

Hace más de un año José Pianeta, ingeniero interventor de Triple A, aseguró que sólo faltaba terminar las actuaciones 8 y 9; sin embargo, sólo dentro de un mes podrán ser entregadas éstas y otras tres. Más de 900.000 personas se beneficiarían con este proyecto que es financiado con recursos del Distrito de Barranquilla, la CRA y aportes de la Nación a través del Fondo Nacional de Regalías y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El plan de saneamiento lleva ejecutándose casi ocho años y le ha costado al país y a Barranquilla cerca de $90.000 millones, incluyendo las inversiones que se hicieron en la compra de los predios.

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