Familiares y defensores de los derechos humanos reclamaron este martes el fin de la impunidad en el asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal, ocurrido en 1998 como una aparente represalia por su labor de denuncia de hechos de corrupción en su comunidad.
Carvajal, un periodista y docente, fue asesinado a balazos a los 37 años de edad en su localidad de Pitalito, en el departamento colombiano de Huila, el 16 de abril de 1998 después de reiteradas denuncias de actos de corrupción de parte de políticos y empresarios locales.
"A Nelson lo mataron por defender al pueblo, por denunciar la corrupción", dijo la hermana de Carvajal, Judith, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la capital de Costa Rica, donde reclamó por la impunidad que rodea el caso de Carvajal.
"Qusiera que se hiciera justicia. A los que le quitaron la vida a mi hermano, que Dios los perdone, nos han causado un dolor muy grande", expresó entre llanto la hermana del periodista asesinado.
Narró que ella y sus hermanos sufrieron amenazas de muerte por presionar por que se hiciera justicia en el caso de Nelson Carvajal, y debieron buscar asilo en el exterior.
Dijo que una de las denuncias que hizo su hermano involucraba la construcción de viviendas en una zona de alto riesgo con materiales inadecuados, con la venia de las autoridades municipales de Pitalito.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expuso ante los jueces los detalles de la demanda y pidió una condena contra el Estado: "El periodista Nelson Carvajal fue asesinado (a tiros) de forma selectiva y planificada hace 19 años en Pitalito, departamento de Huila. La evidencia y el contexto indican que fue asesinado por su labor como periodista de investigación".
Lanza aseguró que se trató de "un delito planificado para silenciar periodista de gran trayectoria en programas de radio, quien denunciaba hechos de corrupción y tragedias del conflicto armado".
El relator indicó que con este caso la CorteIDH tiene la oportunidad de ampliar la jurisprudencia internacional acerca de los alcances del derecho a la libertad de expresión y de opinión, así como las responsabilidades del Estado para garantizar el cumplimiento de esos derechos.
"Este crimen es una de las más aberrantes formas de censura. Es un caso emblemático de la violencia contra los periodistas y la impunidad en Colombia. En aquella época Colombia se convirtió en el país más peligroso para ejercer el periodismo", declaró Lanza.
Los datos citados por el relator indican que entre los años 1977 y 2015 se contabilizaron 152 asesinatos de periodistas en Colombia, pero solo en cuatro casos las tribunales sentenciaron a todos los integrantes de la cadena criminal.
Lanza dijo que en la última década Colombia ha hecho esfuerzos para mejorar las investigaciones, y afirmó que una sentencia de la CorteIDH debe exigir que estas sean eficaces y tomen en cuenta las particularidades del ejercicio periodístico y los intereses económicos o políticos que afecta.
Según la demanda, el Estado no ha investigado el crimen de Carvajal con seriedad y eficacia, por lo que se encuentra en total impunidad sin sospechosos identificados.
Además, el Estado está acusado de no brindar protección a los familiares del periodista y a los testigos frente a amenazas y actos de intimidación.
La representante del Estado colombiano en la audiencia, Ángela Ramírez, lamentó los hechos vividos por la familia de Carvajal.
"Reconocemos el trabajo que como periodista emprendió (Carvajal) en el departamento de Huila y admiramos los esfuerzos que usted y su familia han hecho por esclarecer los hechos", declaró Ramírez a la hermana del periodista