El caso Necoclí

En esta última entrega: Los campesinos no pueden reclamar sus propiedades perdidas, hoy en manos de grandes compañías o de terratenientes con gran poder político, porque no existe un funcionario que se atreva a registrar reclamos en formatos oficiales.

En febrero pasado los campesinos de Necoclí (Antioquia) marcharon para reclamar sus derechos.
En febrero pasado los campesinos de Necoclí (Antioquia) marcharon para reclamar sus derechos.El Colombiano

En la historia de nuestro largo conflicto armado, un hecho seguirá marcando a Necoclí, tierra de ganado y banano: de ahí salió la gran mayoría de integrantes del comando que Carlos Castaño envió a Mapiripán a llevar a cabo —con la complicidad de las Fuerzas Armadas— una de las masacres más sangrientas que el país haya conocido.

El vínculo de los Llanos Orientales con Necoclí se renueva: existe un número importante de mandos urabeños llaneros. La diferencia con los paramilitares que existían antes de la Ley de Justicia y Paz de 2006 es que aquellos andaban uniformados y dotados de armas largas. Hoy los paramilitares, que han ganado la guerra, se refugian en la imposibilidad legal de ser atacados por el Ejército, pero mantienen un efectivo control por medio de la extensa red de “puntos” dotados con mototaxis, armas cortas y celular.

La Policía no parece dispuesta a intervenir por dos razones: o carece de órdenes de captura o de compañía del Ejército para detener sospechosos. Así, la impunidad es total. La red de mototaxis y en general de una gran cantidad de motos permite que miles de kilos de coca sean transportados desde las zonas donde se cultiva y procesa hasta los puertos del Caribe, para ser enviada en lanchas rápidas, con dos motores de 200 HP cada uno, hacia Centroamérica y las Antillas. El sistema garantiza rapidez y evita la caída de grandes cargamentos que, como se ha visto, no han vuelto a ser decomisados en la zona. Cien motos pueden transportar media tonelada de cocaína en un solo viaje.

En Necoclí los indígenas zenúes de El Volao y campesinos de las Changas y del Totumo repitieron la historia del despojo que en los otros municipios cuentan: ejecuciones ejemplarizantes para sembrar el terror entre vecinos, compra de tierras para formar haciendas y desplazamiento de víctimas para sellar el despojo. Tal como sucedió a 40 familias que trabajaban desde los años 80 en la vereda de Buenos Aires. Hubo, sin embargo, una modalidad nueva: los campesinos e indígenas eran endeudados por comerciantes hasta quebrarlos, para rescatar las deudas quitándoles las tierras mediante la firma de cartas-venta o de escrituras legales.

Así se adquirieron muchos predios —incluso del resguardo indígena— que hoy son haciendas cultivadas en teca o con pastos braquiaria para ganado. Hay una de esas haciendas que cubre 17 veredas, a la que le roban madera nativa pero tiene un cultivo de teca intacto porque se dice que su dueño —que no aparece— es Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta.

En otros municipios se habla de una gran reserva forestal, pero sin localización precisa. En Necoclí su existencia quedó aclarada: es un enorme globo de tierra calculado en 33.000 hectáreas ubicado en El Filo del Caballo, colindante con los municipios de Arboletes, Turbo, San Pedro y Necoclí, que fue una selva nativa donde se refugiaba el bloque Élmer Cárdenas. Hoy el área está intacta desde el punto de vista ambiental y la prohibición de pasar por ella se mantiene. Es una zona vedada que se dice es un parque natural.

El gran aporte de la reunión de Necoclí fue sin duda poner en claro el enredo de papeles de propiedad. Como en casi todas las zonas campesinas de Urabá, los campesinos poseían títulos de palabra, muy respetados tradicionalmente por los vecinos, y cartas-venta. Pocos tenían escritura pública otorgada por el Incora y casi ninguno de los que la tenían, la registraba. Con las compras, despojos o cesiones de tierra hechas por los paramilitares aparecieron los títulos registrados unas veces por el Incora y otras por el Incoder, pero aunque tenían el mismo número, aparecían superficies diferentes a favor del nuevo propietario. Lo más grave es que esos títulos aparecen registrados, es decir, con certificados de tradición y propiedad, pero en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no aparecen. Se dice que —y se nombran con nombre y apellidos— tramitadores que habían sido funcionarios del Incora o lo eran de Incoder “hacían la vuelta” de extender el título legal y desaparecer la tradición.

La conclusión general es simple: los paramilitares ganaron la guerra. El botín fue legalizado, los campesinos despojados no pueden reclamar sus tierras perdidas, hoy en manos de grandes compañías o de terratenientes con gran poder político, porque no existe un funcionario que se atreva a registrar reclamos en formatos oficiales. Los términos despojo, reclamo y restitución están prohibidos formalmente por amenazas de los paramilitares. Ningún personero adelanta las diligencias que la Ley de Víctimas prescribe, porque han sido instruidos por el paramilitarismo de abstenerse.

Desde la manifestación de Necoclí en febrero pasado, presidida por el presidente de la República, nada —subrayo—, nada se ha hecho en los municipios visitados.

El registro único de víctimas existe porque muchos desplazados no lo han sido, pero son personas con un pequeño poder electoral y reciben por tanto la indemnización legal.

En Apartadó el Gobierno abrió una oficina para inscripciones de reclamación que los campesinos o desconocen o temen inscribirse. Total, las tierras fueron ganadas, los campesinos despojados y los programas institucionales neutralizados.

Mártires de la restitución de tierras

En los últimos cinco años al menos 60 reclamantes de tierras han sido asesinados en el país, de los cuales 12 cayeron en la región del Urabá. Por esos crímenes, apenas una persona ha sido judicializada.

La semana pasada fueron capturados miembros de bandas criminales que se oponen a la restitución de tierras que les fueron despojadas a desplazados por el conflicto armado interno. Se trata de dos antiguos paramilitares del noroeste del país, que afrontan procesos por el asesinato de un reclamante de tierras y el secuestro y tortura a otro más, precisó el director de la Policía Nacional, general José Roberto León.

En junio pasado el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, hizo un fuerte llamado de atención sobre la grave situación de vulnerabilidad y riesgo que afrontan los líderes de restitución de tierras, en el marco de la llamada Ley de Víctimas.

El jefe del Ministerio Público pidió al Gobierno que les brinde protección y garantice su seguridad.

Robo comprobado de 700 mil hectáreas

A comienzos de este año la Superintendencia de Notariado y Registro reveló un documento según el cual el Ejecutivo ha logrado documentar el despojo de unas 700 mil hectáreas de tierra en Colombia.

En este escandaloso robo participaron desde las guerrillas (especialmente las Farc), hasta los narcotraficantes, los ya desmovilizados grupos de autodefensas y sus herederos de las llamadas bandas criminales.

En el Urabá, la legalización de tierras despojadas quedó al descubierto tras una revisión a los documentos de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo (Antioquia), aunque mucho tiempo después de que los primeros defensores de la restitución lo denunciaran y hasta los exjefes paramilitares lo reconocieran en sus declaraciones ante fiscales de Justicia y Paz.

Fueron más de 1.400 predios rurales de Apartadó, Arboletes, San Pedro de Urabá y Necoclí los que confirmaron los hallazgos.