Según el organismo de control, esa millonaria suma ha sido comprometida con empresas particulares en forma irregular, a través de operaciones fiduciarias.
Ante tal situación, el Gobierno Nacional decidió hacer una investigación y de momento, congeló los giros a esos municipios en los cuales se comprometieron las regalías.
Esos dineros se encuentran en situación de alto riesgo, según lo advirtió este jueves el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero.
En rueda de prensa que concedió este jueves, Turbay Quintero entregó los siguientes resultados del Grupo de Reacción Inmediata que investiga el tema:
Un total de $276.310 millones de regalías están comprometidos en proyectos de alto riesgo.
En concepto de la Contraloría General de la República esto es inaudito e inaceptable.
De esta cantidad, $174.000 millones corresponden a recursos de regalías del departamento del Meta.
$38.475 millones corresponden a la Alcaldía de Villavicencio
$63.000 millones son del departamento de Casanare.
Han intervenido en las operaciones de manejo de estos recursos las siguientes fiduciarias:
*Fiduagraria, que según nuestros reportes maneja a este momento $128.000 millones de estos recursos.
*Fiduvalle maneja $52.636 millones.
*Y Fidupetrol, con $12.000 millones
Y caso curioso hay unos particulares, que ni siquiera son una empresa fiduciaria, que manejan una empresa con capital suscrito de $80 millones según el certificado de la Cámara de Comercio y que están manejando directamente $58.000 millones. Esta firma se llama Intermedios Bienes y Capital.
Aparentemente estos recursos fueron manejados por las fiduciarias, lo cual le da un tinte de legalidad a la inversión, pero en realidad a través de la forma habilidosa en que se diseñaron los contratos la fiduciaria no responde por nada y la operación está suscrita directamente entre la entidad territorial y el particular.
Entre los beneficiarios de esos recursos públicos están:
1) Cosacol, firma dedicada al carbón y al petroleo, que ha recibido $55.000 millones.
2) Coocafe, debe $43.135 millones
3) La Concesión Bogotá-Fusa, que había recibido un préstamo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por $25.500 millones, aparece aquí recibiendo $6.672 millones.
4) Carbones Likuen debe $25.000 millones
5) Proyectar debe $20.000 millones.
6) Terminales y Petróleos debe $12.000 millones
7) Carbonero debe $11.000 millones
8) Redes de Cúcuta debe $10.000 millones
9) Chacón Bernal debe $9.102 millones
10) Green Mountain debe $7.500 millones
11) Aseo Buenaventura debe $5.200 millones
12) Ensacar debe $3.899 millones
13) Viaducto de Muña debe $3.000 millones
14) Coltejer debe $2.300 millones
15) Servicio y Medio Ambiente debe $2.000 millones
Hay otras empresas que la Contraloría General está identificando que deben $58.000 millones.
Todos están comprometidos en operaciones que de alguna manera son un fraude a la ley, porque la ley 819 de 2003 (artículo 17) establece la forma cómo se deben invertir los excedentes transitorios de liquidez de las regalías y por supuesto que estas operaciones de ninguna manera encuadran dentro del concepto de liquidez transitoria y a todas luces rebasan los plazos y los términos de una operación de liquidez transitoria. Por eso, la Contraloría General de la República considera que todas estas operaciones son irregulares, en la medida que no se compadecen con la ley que establece cómo se deben invertir esos excedentes transitorios de liquidez.
Por otra parte, la Contraloría General de la República está verificando si efectivamente todos esos recursos obedecen a esos excedentes de liquidez. Es evidente que hay una deficiente práctica de planeación, que aquí hay un fraude a la ley y aunque los contratos no comprometen a las fiduciarias, porque son contratos entre la entidad territorial y el particular, la fiduciaria lo que está haciendo es prestarse para que a través de esa fachada aparezca que son operaciones legítimas cuando en realidad son operaciones de alto riesgo, que ponen en peligro los bienes del Estado, los bienes de las entidades territoriales que las están haciendo.
La Contraloría General ha detectado las situaciones descritas en tres entes territoriales pero tenemos razones para pensar que no son los únicos, que puede haber más operaciones de este estilo y por eso hemos enviado una circular solicitando a los gobernadores y alcaldes que nos informen a la Superintendencia Financiera y a las fiduciarias públicas y privadas que tipo de operaciones tienen, para hacer un corte que permita tener un panorama completo y conocer en realidad qué tan graves, o más graves, pueden ser los ser hechos que este jueves denuncia la Contraloría General de la República sobre el manejo de estos recursos en contra de lo estipulado por la ley.
En este momento, esos recursos, esa plata ha sido prestada y yo como Contralor General de la República podría decir que está en una situación de altísimo riesgo. No necesariamente estamos asegurando que se perdieron esos recursos. Quiero hacer una distinción: una cosa es decir que se perdieron $278.000 millones y otra decir que $278.000 millones de las regalías y el SGP han sido comprometidos con empresas particulares en forma irregular. Por el momento esos dineros se encuentran en situación de alto riesgo.
El Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República ha podido establecer que en el caso de Green Mountain, los $7.500 millones de recursos de regalías del departamento de Casanare que adeuda están perdidos. En igual situación de peligro estarían los recursos que se le han prestado a la firma Chacón Bernal ($2.554 millones por la Gobernación del Casanare y $6.042 millones por la Gobernación del Meta).
Se puede decir entonces que el total de lo que este jueves se reporta como ya perdido supera los $16.000 millones. La Contraloría General de la República está determinando el grado de responsabilidad de cada uno de los actores comprometidos.Es necesario estudiar el grado de responsabilidad de las gobernaciones y alcaldías involucradas, del particular que recibió los dineros del Estado y de las fiduciarias que hayan intervenido en estas operaciones.
El artículo 17 de la Ley 819 de 2003 dice "Las entidades territoriales deben invertir sus excedentes transitorios de liquidez en títulos de deuda pública interna de la Nación ó en títulos que cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio ó que se hayan depositado por entidades financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio". En ninguno de estos casos las entidades particulares que han recibido esos recursos son entidades que estén dedicadas a actividades de bajo riesgo. En todos los casos mencionados de entidades particulares que recibieron recursos públicos hay un alto riesgo, lo cual contradice expresamente lo establecido por el artículo 17 de la Ley 819 de 2003.
Por otro lado, la fiduciaria que aparece que no tiene responsabilidad alguna es la que dio la fachada de legalidad para poder hacer la operación. Hay es donde hay alguna responsabilidad de las entidades fiduciarias que por contrato no aparecen vinculadas pero que están ayudando a hacer un negocio que la ley no permite, que es utilizar los recursos de las regalías en un objeto diferente al de la salud, la educación y el saneamiento básico, se está ante la presencia de un iiregular manejo de los recursos.
Nosotros daremos inmediatamente traslado de todas estas informaciones a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para lo que es de su competencia. Lo que tiene que ver con la Contraloría General de la República, que es la posible iniciación de un juicio de responsabilidad fiscal está determinandose en este momento, está bajo a estudio para saber si amerita la apertura de juicio de responsabilidad fiscal a quienes han estado comprometidos en este irregular manejo de los recursos, sean particulares, sean las fiduciarias o sean funcionarios del gobierno, de los departamentos o de los municipios.
Creo que una deficiente reglamentación del manejo de las regalías ha permitido este mal uso de las regalías. Considera la Contraloría General de la República que es indispensable, urgente, entrar a revisar la reglamentación sobre el manejo de esos recursos y que es indispensable, como lo anunció ayer el Gobierno a través de la Dirección Nacional de Planeación, entrar a reglamentar de una manera más precisa la forma cómo se deben utilizar las regalías, para evitar que se sigan perdiendo y malgastando.
Es inaceptable, es inaúdito que se esté dando ese manejo a los recursos de las regalías. Yo creo que es una sinverguenceria. No hay derecho a que los recursos que deben estar destinados para el bienestar de las poblaciones más pobres se los estén robando y los estén poniendo en condiciones de altísimo riesgo.