Consejo de Estado deja en firme Planilla Única

De este modo, el alto tribunal rechazó una demanda de un ciudadano y la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, que pedía aplazar la implementación ante el caos generado en los usuarios.

El presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil, dijo que no existen motivos para aplazar el procedimiento de implementación de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes (PILA), a pesar de lo caótico que ha resultado para los usuarios.

Según se informó, un juez no halló motivos para suspenderla, toda vez que la misma no viola en momento alguno la Constitución. Así pues, el alto tribunal no dio trámite a la denuncia del ciudadano Ferney Andrade Salinas, quien pidió su anulación basado en presuntas anomalías en el artículo que dio origen a la PILA.

Salinas interpuso la demanda, porque según él, la PILA atenta contra los derechos fundamentales como la salud, la igualdad y la vida.

La decisión se adoptó 24 horas después de que la Procuraduría General de la Nación solicitara al Ministerio de la Protección Social aplazar la implementación de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes por "razones de interés público".

"Resulta contrario a la Ley el gravamen que pretende imponer un costo al usuario, cuando estos en virtud de la ley de seguridad social no pueden tener otra carga económica diferente a la cotización o aporte al sistema en la cobertura de cada riesgo", según el Ministerio Público.

El Consejo de Estado se sustenta en mantener la Planilla Única, porque la principal razón es que la seguridad social integral comprende la salud y pensiones. Así mismo, dice que el Ministerio de Protección Social no se extralimito en sus funciones al evidenciar y promover la PILA porque está facultada y asignada por el decreto 3667 de 2004.

A partir de ahora, el proyecto será llevado por el presidente de la sección primera, Marco Antonio Belilla, él se encargará del análisis de la norma.

Desde que se implementó la PILA, los trabajadores manifestaron su inconformidad con la medida, pues quienes devengan un salario mínimo no tienen capacidad para cubrir ambas obligaciones y las personas mayores, que no tienen interés en pagar pensión, deben hacerlo para garantizar la continuidad en el servicio de salud.

Los manifestantes se quejaron por la deficiencia en los canales de recibo de aportes, los medios de información habilitados, líneas telefónicas que permanecen ocupadas y dificultades de acceso a internet.

Ante las manifestaciones, el viceministro de Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez, aseguró que pese a las quejas el sistema seguirá vigente. El funcionario atribuyó las complicaciones para el pago a la negligencia de los usuarios que no atendieron la información difundida y esperaron a las últimas fechas para cumplir con la obligación.

Desde el pasado 7 de julio, los usuarios del Sistema de Seguridad Social se han acercado a efectuar sus pagos, pero por causas ajenas a su voluntad no han logrado cancelar sus aportes, sostuvo la Procuraduría.


 

Temas relacionados