Cruzada por la cadena perpetua

El Fiscal General, la directora del Bienestar Familiar, empresarios y directores de medios se unen al referendo que busca modificar la Constitución y legalizar la prisión de por vida. Se necesitan dos millones de firmas para que sea debatida la iniciativa en el Congreso.

Catherine, de 9 años, desapareció un domingo por la mañana. Su madre tenía un puesto de comida en una cancha de fútbol al occidente de Bogotá. Catherine siempre la acompañaba los fines de semana y se entretenía recogiéndole el balón a los jugadores y conversando con el dueño del lugar. Pero ese día su madre no la encontró a la hora del almuerzo y oscureció sin que tuviera noticias de su paradero.

A las 10:00 de la noche en el barrio La Riviera, al suroccidente de la ciudad, un hombre vio por la ventana de su habitación cómo arrojaban desde un vehículo una bolsa negra al suelo. Aterrado llamó a la Policía. Catherine había sido abusada sexualmente, torturada y asesinada, según la autopsia realizada por Medicina Legal. El principal sospechoso era el dueño de las canchas de fútbol. Sin embargo, su madre y su hermano aseguraron ante las autoridades que ese domingo él estuvo con ellos toda la tarde.

La fiscal del caso, quien falleció hace varios meses, solicitó una prueba de ADN para corroborar si los restos de semen que se encontraron en la ropa de Catherine coincidían con los de este hombre. Los resultados se demoraron cuatro meses en conocerse. Era culpable. Pero cuando llegaron a capturarlo había escapado sin dejar rastro.

Hoy, la muerte de Catherine está impune, al igual que la de cientos de niños colombianos víctimas de violación, explotación sexual, maltrato y secuestro. Precisamente es en homenaje a ellos que la concejala de Bogotá Gilma Jiménez lidera un Referendo que busca modificar el Artículo 34 de la Constitución, para que los delitos que se cometan contra los menores de edad sean castigados con prisión perpetua.

La iniciativa surgió hace algunos años y las historias de María José, una bebé de 15 meses que falleció a causa de los golpes en la cabeza que le propinó su padre; de Mariana, quien a sus cuatro años fue degollada por su papá para no pagar la cuota alimentaria, y de Sayde, quien perdió la vida en un episodio de violencia sexual múltiple protagonizado por su padrastro con consentimiento de su mamá, fueron suficientes para que el Fiscal General, la directora del Bienestar Familiar y varios directores de medios apoyaran este proyecto.

Todos aceptaron integrar el Comité Promotor, que será inscrito en los próximos meses ante la Registraduría Nacional con 170.000 firmas. Luego, habrá un plazo de seis meses para recoger dos millones de firmas que respalden el Referendo y obliguen al Congreso a discutir este proyecto de Ley de manera prioritaria.

El año pasado los representantes a la Cámara David Luna y Simón Gaviria radicaron el proyecto, y aunque lograron tener todas las ponencias positivas, a última hora se hundió. Poco tiempo después lo volvieron a radicar, pero tuvieron que sacarlo


antes de que fuera archivado. Para ese entonces, el Gobierno había modificado su posición y ante las alarmantes cifras de la Unicef —cada año 300 mil niños colombianos son víctimas de abuso sexual—, decidió respaldar el proyecto, que busca la prisión perpetua para castigar los delitos de homicidio, violación, explotación sexual, maltrato severo y secuestro contra menores de 14 años.

Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron en contra, argumentando que debe haber una función resocializadora de la pena. Sin embargo, la concejala sostiene que eso no aplica para quienes cometan estos delitos, pues considera que el daño causado a los menores es irredimible. “Lo que pedimos es que se haga una excepción de país. Los únicos delitos que no pueden tener ningún tipo de negociación son los que se cometan contra los niños, que son indefensos física y emocionalmente”.

Por su parte, Eduardo Cifuentes, ex magistrado de la Corte Constitucional, explica que aunque pueda resultar viable este proyecto, desde la política criminal es muy cuestionable el sostener que sólo a través de una pena drástica se pueda enfrentar un problema social de estas dimensiones. “Creo que podría ser más eficaz promover una política dirigida a inculcar valores en el seno de la familia y la sociedad”.

Lo cierto es que la concejala Jiménez espera presentar esta iniciativa popular ante el Congreso antes de que finalice el próximo período legislativo. De esta forma –comenta–, le dará un regalo de Navidad a los niños que han sido y son víctimas de violación, explotación sexual y maltrato. “El Congreso deberá atender este mandato ciudadano y luchar porque los niños se conviertan en el capital social más importante de nuestro país”, concluye.

Las cifras del maltrato

• Medicina Legal encontró que el 85% de los abusadores sexuales son familiares o conocidos de los menores.

• En Bogotá hay 5.000 menores de 14 años víctimas de explotación sexual, según cifras de la Fundación Renacer.

• Human Right Watch y la Defensoría del Pueblo encontraron que 14.000 niños están reclutados por grupos armados al margen de la ley.

• La ONU reveló que 300.000 niños son violados cada año en Colombia.

•  País Libre reportó 2.000 niños secuestrados en los últimos diez años.

• Una investigación de Medicina Legal concluyó que el 70% de los delitos de violación a menores se cometen en la casa donde vive el niño.

Temas relacionados