Asesinan a otro líder de restitución de tierras en Belén de Bajirá

Mario Castaño fue víctima, en dos ocasiones, de desplazamiento forzado. / Tomada de @Redprodepaz

Ni el aniversario de la firma de acuerdo de paz sirvió para dar tregua al que se ha configurado como uno de los riesgos más grandes de la implementación: el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país, pero, sobre todo, en las regiones donde ha habido una injerencia histórica de los grupos armados ilegales. Y este domingo en la noche, dos días después de que se conmemorara un año de la firma del acuerdo en el Teatro Colón, fue asesinado en Belén de Bajirá (Chocó) Mario Castaño Bravo, un líder social reconocido por dirigir procesos de restitución de tierras.

“Entrada la noche los armados habrían ingresado a la finca La Florida, en la cuenca de La Larga Tumarado, propiedad de Mario Castaño donde habrían disparado siete veces en contra de la humanidad del líder. Mario venía denunciando ante la fuerza pública, instituciones civiles del Estado y ONG, la presencia de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – Clan del Golfo en la zona, hecho que se intensificó este mes”, explicó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en un comunicado.

Castaño Bravo, quien hacía parte de las organizaciones Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz) y del Consejo Comunitario La Larga de Tumaradó, denunció en días recientes la presencia de grupos paramilitares en la zona, donde habían realizado varias reuniones. También había criticado “las graves falencias en el modelo de reparación colectivo por la ausencia eficaz de Estado y las operaciones neoparamilitares y empresariales”.

Pero su muerte fue solo el resultado de años de amenazas en su contra y de varios desplazamientos forzados por culpa de las mismas. La primera vez que tuvo que huir fue en octubre de 1996 cuando, según la Comisión Intereclesial, inició el “desarrollo de la operación regular e irregular de militares y paramilitares”. La segunda ocasión fue en 2013 él y su familia, compuesta por su pareja y dos hijos, tuvieron que salir del caserío de Florida, después de que hombres armados intentaran entrar en la vivienda.

Desde hacía más de 15 años dirigía procesos de restitución de tierras, a la vez que denunciaba a empresarios por supuestamente beneficiarse por el despojo de los terrenos y por las “operaciones paramilitares desarrolladas en connivencia con la Brigada 17 (del Ejército) a mediados de los 90”.