Contratistas figuran en otro escándalo en Armenia

Así funcionaba el esquema de corrupción en la isla de San Andrés

Concierto para delinquir, falsificación en documentos privados, peculado e incumplimiento de contratos son los delitos imputados por la Fiscalía al gobernador y a la exgobernadora de San Andrés, capturados esta semana.

La Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por cerca de $120.000 millones que habrían sido entregados a los mismos constructores. / Getty Images

Desde la suspensión del gobernador de San Andrés, Ronald Housni, el pasado 23 de abril, el panorama político de la isla viene en caída. Ese día, Housni fue sancionado por diez meses —en decisión de la Procuraduría— por haber suscrito con la Cámara de Comercio un convenio para la celebración del Green Moon Festival, sin que la entidad contara con la idoneidad para ejecutar el objeto contractual. Ya entonces la crisis se veía venir.

Y estalló el pasado 8 de octubre cuando, durante un operativo, la Fiscalía capturó a Housni y a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie por presuntas irregularidades en la licitación de contratos por alrededor de $120.000 millones. El ente acusador les imputó cargos por concierto para delinquir, falsificación en documentos privados, peculado e incumplimiento de contratos. Ambos negaron los cargos durante la audiencia en la que el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho, aseguró que hay evidencias que comprueban que Guerrero y Housni habrían recibido apoyo financiero en su campaña a la Gobernación de San Andrés a cambio de contratos millonarios.

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El caso es de tal dimensión que involucra incluso al exrepresentante a la Cámara y hermano del gobernador Jack Housni Jaller, contra quien la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que también indague su participación en los mismos hechos.

Además, el órgano investigador determinó que los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y otros socios pagaron hasta el 10 % del valor de los contratos para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento. “Este porcentaje era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios, quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y a algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley”, detalló el ente.

Se trata de los mismos contratistas que salieron a relucir durante la investigación de la Fiscalía por irregularidades en la adjudicación de contratos para obras en Armenia y que derivó en un detrimento patrimonial de $20.000 millones para el mejoramiento de las vías y la construcción de puentes. El modus operandi que en ese caso halló la Fiscalía fue el mismo que el que ahora es denunciado en San Andrés: desde 2014 el esposo de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco y Fernando Diez Cardona habrían pactado la adjudicación de contratos. El esposo de Valencia Franco recibía el 10 % de todos los contratos de obra pública e interventoría y el 100 % de los contratos de consultoría de diseños.

La tesis de la Fiscalía es, desde hace rato, un rumor en los mentideros políticos de San Andrés. Una fuente cercana al caso aseguró a El Espectador que en muchos círculos se habla de la estrategia de un sector político para apropiarse de los recursos de la isla mediante contrataciones. “Una asociación ilegal entre funcionarios públicos y entidades privadas fue el medio para robarse la plata. Todas las evidencias y los avances de este proceso nos están llevando a esa conclusión. Quienes están detrás del plan ilícito habrían financiado las campañas de los dos candidatos que son del Partido Liberal, para luego pasarles factura”.

Esas mismas voces dicen que todo comenzó con una reunión que se hizo un año antes de la elección de gobernador para 2016. Fue allí en donde recibió el aval Ronald Housni, quien debutaba en la política y solo era conocido por ser el hermano del exrepresentante Jack Housni. Y aunque en principio se creía que el ungido para llegar al máximo cargo del departamento sería el diputado Arlington Howard, su madrina política Aury Guerrero no llegó nunca a la reunión para empujar a su candidato.

Inicios de un presunto carrusel

Uno de los primeros hechos cuestionados que, para algunos, refleja la tendencia que se vería durante los cuatro años de gobierno de Ronald Housni, fue el convenio administrativo del 22 de agosto de 2016 que se suscribió con la Empresa de Desarrollo Urbano del municipio de Armenia (EDUA).

El convenio recibió críticas desde muchos sectores, pues no se vio con buenos ojos que los ingresos recaudados en el departamento de San Andrés se entregaran a un operador urbano de Quindío. Housni, haciendo uso de sus facultades para la administración de ciertos asuntos, presentó el proyecto convertido en la ordenanza n.° 12 del 1° de agosto de 2016 a la Asamblea Departamental, y se le autorizó tomar decisiones futuras que comprometerían los sectores de desarrollo turístico y vivienda. De tal forma que estos recursos serían el medio para la licitación de todos los contratos de las secretarías departamentales.

La EDUA se encargaría del diseño, construcción y supervisión de las obras en San Andrés hasta el 31 de diciembre de 2019, justo al final del período del gobernador suspendido. Esta empresa utilizó $1.853 millones para contratar por medio de una invitación abierta a la firma Ing. Urban S.A.S. de Medellín. Al tiempo, con dineros propios del departamento, también se elaboró otro contrato con Opción, Diseño y Construcción S.A.S., cuya representante legal suplente, Viviana Marcela Giraldo Giraldo, resultó ser la misma representante legal de Ing. Urban.

Para Álvaro Archbold, exgobernador de la isla, es claro que evadieron la licitación pública como mecanismo de selección objetiva y transparente, “poniéndole un peaje adicional a la contratación para profundizar la corrupción de la administración pública de Providencia y San Andrés. Se negó a otras entidades y personas calificadas la posibilidad de ser tenidas en cuenta mediante la realización de un concurso en el proceso de ejecución de las sustanciosas sumas de dinero aprobadas por la Asamblea Departamental”.

Archbold ya había alertado sobre esta situación en 2016, insistiendo en que lo que hizo el gobernador con dicho convenio fue utilizar la figura de los convenios interadministrativos para sustraerse de la esfera del derecho público “transfiriendo cuantiosos fondos públicos de la Gobernación a una entidad de derecho privado del Estado constituida en la ciudad de Armenia, que jamás ha estado presente en estas islas, con experiencia local en municipios del Quindío y Chocó en temas de urbanismo andino. Lo que hizo fue un esguince a la selección objetiva y transparente que ordenan las leyes colombianas, torciéndola y distendiéndola para que ejecute gran parte de su Plan de Desarrollo, convirtiendo esos recursos públicos por naturaleza en dineros privados por destinación”.

Esta y otras anomalías fueron detectadas durante las investigaciones de la Fiscalía, que encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de $120.000’000.000, que habrían sido entregados a los mismos constructores quienes, a cambio de sobornos, se quedaron con las obras de valorización en Armenia.

El megacolegio CEMED

La Gobernación de San Andrés le adjudicó la interventoría del contrato de construcción y dotación del megacolegio CEMED a la empresa Opción, Diseño y Construcción. Como beneficiario de este proyecto aparece la Unión Temporal Mega 2014, de Carlos Mario Giraldo Guerra y Hernán Moreno Pérez, quienes, según la Fiscalía, habrían financiado la campaña del gobernador y la exgobernadora.

Además de no cumplir con la terminación del proyecto, que debía ser entregado en diciembre de 2015, el constructor, diseñador e interventor pertenecían a la misma firma que está vinculada con presuntos robos millonarios en Armenia, liderada por Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona.

El colegio que beneficiaría a la población estudiantil del archipiélago, cuyo contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, costó $50.000’000.000 y las obras no llegaron ni al 50 % de su ejecución; aun con la adición de $14.000’000.000 que hizo Housni.

El panorama que hoy se vive en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es de conmoción y silencio. Mientras algunos celebran la intervención de los entes territoriales para combatir la corrupción, otros, en cambio, guardan silencio por decepción. “Estuvimos a punto de morir por el sistema de salud. Las calles y la infraestructura pública de la isla producen vergüenza a los visitantes. El mar es nuestro consuelo, porque los dineros del departamento no se ven materializados por ningún lado”, dijo Andrea Robinson Jay, habitante de la isla.