Colombia, de los países más violentos

Así vive la población LGBTI la pandemia

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Entre violencia física y verbal, discriminación, migración irregular y falta de atención médica e ingresos, esta comunidad busca subsistir en medio de la llegada del nuevo coronavirus a Colombia.

Desde que fue decretada la medida de pico y género en Bogotá, Joseph Rodríguez supo que salir a la calle a abastecerse implicaría un enorme riesgo. Es un hombre trans y, según la normativa, podía salir a las calles los días impares, pues su identidad de género es masculina. Sin embargo, en la práctica el tema fue mucho más complejo. El 15 de abril fue víctima de discriminación y transfobia al intentar ingresar a un almacén de cadena, cuando le prohibieron la entrada y se burlaron de su apariencia física. La denuncia la hizo pública en redes sociales.

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Aunque a partir del lunes 11 de mayo la medida de pico y género no continuará en vigencia, la historia que él vivió se repitió a diario, según la Red Comunitaria de Personas Trans. En las últimas dos semanas, solamente en Bogotá, han reportado 23 casos de violencia contra personas de esta población porque, según los reportes policiales, “han salido el día equivocado a abastecerse”.

La comunidad LGBTI es una de las más vulnerables en la pandemia por el nuevo coronavirus. De acuerdo con Juan Felipe Rivera, coordinador de litigio de la organización Colombia Diversa, “el COVID-19 no ha generado nuevos problemas, sino que ha agudizado los que ya había”.

Vivir en la informalidad

Aunque no hay una cifra oficial sobre cuántas personas LGBTI tienen trabajos informales, la Escuela Nacional Sindical y la Corporación Caribe Afirmativo calculan que por lo menos el 50 % de las personas de la comunidad están en esta condición.

Carmen Bastidas* es una de las mujeres transgénero en Barranquilla que quedó desempleada desde el comienzo de la cuarentena. “La peluquería donde trabajaba, quebró. Tuve que montarme en buses para pedir dinero porque tengo que pagar el arriendo y respondo por mi mamá, que es adulta mayor”. En su caso, ha tenido que dedicarse al trabajo sexual pese a los peligros de contagiarse porque, dice, no encontró otra salida para subsistir durante la cuarentena. “A nosotras las trabajadoras sexuales nadie nos ha capacitado para cuidarnos del COVID-19 y estamos muy expuestas”, menciona.

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En esa situación también está Abigail Álvarez. Su mayor sueño en la vida es llegar a ser abogada, pero por ahora debe destinar todas sus ganancias como trabajadora sexual al sostenimiento de su madre, abuela, hermana y tres sobrinos. “Cuando he intentado dedicarme a otra labor para ganarme la vida me han rechazado, entonces no me queda más salida que la prostitución, si no mi familia se muere de hambre”, asevera.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus su trabajo se disminuyó en un 60 %, por lo que asegura que tuvo que “reinventarse” trabajando como modelo webcam para subsistir. Como dice Deborah Pardo, directora de Santamaría Fundación, que defiende derechos de las personas trans en Cali, “la pandemia nos dejó sin lo único que teníamos para vivir y trabajar: la calle”.

El panorama se complejiza aún más si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la ONG Caribe Afirmativo, dos de cada diez personas trans cotizan seguridad social en Colombia. Y cuatro de cada diez tienen acceso al sistema de salud.

VIH y el sistema de salud

Desde marzo de este año, Humans Rights Watch advirtió que en medio de la emergencia mundial por el COVID-19 había que prestar especial atención a las personas LGBTI, pues podía afectarles “el acceso a las pruebas y el tratamiento del VIH, así como la atención de otras enfermedades crónicas que pueden hacer que estén particularmente en riesgo de sufrir enfermedades graves o la muerte como resultado de COVID-19”.

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En eso coincide Jaime Ardila, médico asesor de salud con enfoque de género para personas LGBTI en Colombia, quien señaló que los altos niveles de discriminación que siempre han vivido hacen que, por miedo a lo que les diga un doctor sobre sus transformaciones, no lo consulten con frecuencia.

La misma preocupación la manifestó Heriberto Mejía, director de la Fundación Fundarvi, encargada de la promoción de la salud y prevención de infecciones de transmisión sexual. “Hemos encontrado que muchos aún no tienen acceso a una EPS, además existen homofobia y transfobia en los centros médicos, por lo que ellas deciden no volver y se pierden los planes preventivos y de atención”.

En los temas de salud hay otra preocupación latente con la entrega de medicamentos y tratamientos que permiten la transformación física de las personas trans. Por ejemplo, Juan Manuel Jiménez, un hombre trans residente en Bucaramanga, no ha podido lograr que le apliquen la dosis trimestral de medicamentos hormonales. Desde hace dos semanas dice estar experimentando fuertes crisis de depresión por la pandemia y por la ausencia del tratamiento. “Si no me los aplican pronto tendré un retroceso enorme al proceso de transformación en mi cuerpo”, dice.

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Sobre esto, el doctor Jaime Ardila explica que los riesgos de no recibir los medicamentos durante la cuarentena, con los que ya habían comenzado un proceso de carga hormonal, pueden ir desde malestares físicos hasta afectaciones psicológicas. “Hay riesgo de experimentar crisis de ansiedad y pánico fuertes, por eso es importante que estén garantizados”.

La población migrante

Además de las trabas para acceder a la salud, hay migrantes de la comunidad LGBTI para quienes ha sido más difícil recibir atención en salud por no ser nacionales y no contar con el Permiso Especial de Permanencia. “Hace poco hubo un caso de un hombre gay venezolano que tenía 24 años y murió porque se complicó. Era portador de VIH”, comenta Manuel Jiménez Carrillo, integrante de Asodiversa, una organización que funciona en Arauca.

“Hay muchas mujeres trans, hombres con VIH y mujeres lesbianas cabezas de familia que han llegado estas últimas semanas al país y están hacinados y escondidos, porque no se pueden dejar ver de las autoridades”, comenta Wilson Castañeda.

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A pesar de que el Gobierno Nacional cerró las fronteras aéreas, terrestres y fluviales, los pasos irregulares siguen latentes en departamentos como La Guajira, lo que se convierte en un factor de riesgo tanto para los migrantes como para los habitantes de la zona, debido a la falta de controles de salud.

Según Fescol, en ciudades como Bucaramanga la organización de derechos LGBTI Conpazes ha identificado que “a los migrantes les han cerrado puertas en los lugares en los que antes recibían ayudas”. Incluso, según Diego Ruiz, integrante de Conpazes, algunos han sido revictimizados al hacer las denuncias.

La violencia no está en cuarentena

Quizás el caso que más representa el nivel de violencia y agresión contra esta comunidad es el de Daian Nikol Villalobos, una mujer trans que el pasado 18 de abril fue atacada y apuñalada por su vecino, Javier Alexánder Benítez, por haber salido a la calle el día que les correspondía a las mujeres, según su identidad de género.

Esta es la segunda vez que Daian es atacada en razón de su género. La primera vez fue hace seis años, cuando apenas comenzaba su tránsito. Se negó a tener relaciones sexuales con un hombre. Ese día la siguió, la desvistió y la apuñaló siete veces en el estómago. Perdió el bazo, se le dañó un pulmón y tuvo comprometidos los intestinos.

A Benítez, su último agresor, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento el pasado 7 de mayo y le imputó cargos por los delitos de hostigamiento agravado y tentativa de feminicidio.

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Mientras tanto, Villalobos se recupera de las heridas por las que estuvo a punto de perder tres dedos de su mano, pero no logra reponerse de los daños psicológicos con los que ha cargado en sus 22 años.

El escenario se replica en otras regiones del país. El 23 de abril fue asesinada una mujer trans en Barranquilla. “Se dedicaba al trabajo sexual y era estilista. Fue encontrada sin vida en un caño que se llama La Auyama, asesinada con uso de arma blanca”, explicó Wilson Castañeda, quien agregó que dos de los tres asesinatos presentados durante el aislamiento en Barranquilla fueron en la misma zona.

Las cifras generales son aún más alarmantes. Según la organización Colombia Diversa, entre 2014 y 2019 fueron asesinadas 542 lesbianas, gais, bisexuales y personas trans en el país, que además tiene la segunda tasa más alta de homicidios de población diversa en América Latina y el Caribe, después de Brasil.

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Para Saruy Tolosa, coordinador de proyectos de Fescol, la violencia y el rechazo parten del hecho de que muchos sectores sociales relacionan a las personas LGBTI con el VIH. “El coronavirus hace que la gente, de manera prejuiciosa, sienta que ellos puedan ser un potencial factor de contagio del virus”.

En medio de todos los ataques, durante la cuarentena la población LGBTI ha creado diferentes redes de apoyo para protegerse entre sí. La Red Comunitaria Trans en Bogotá ofrece seguimiento y cuidado a través de Whatsapp para las personas que deban salir a las calles. Organizaciones como Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación han activado sus protocolos de atención psicosocial y alimentaria. Aun así, las brechas en otros municipios y zonas del país en las que no hay cobertura de grandes entidades, sigue estando latente.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

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