:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/a1e2e5ea-008e-40da-86ec-d4d87a260550.png){kind=small}
:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/uhOOLSldhhpL92X0GA4AFi007Gs=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/CPAE7LM4CNAXFNEL3MBIX2QMWY.jpg)
A finales de los años 90 y principios del nuevo siglo se vivió lo que se conoce como la incursión paramilitar en el Catatumbo, la cual trajo consigo masacres, asesinatos, desplazamientos, entre otros horrores de la guerra. Para entender la dimensión de lo que pasó durante estos años en esta subregión ubicada en Norte de Santander, el año pasado los paramilitares desmovilizados del Bloque Catatumbo aseguraron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber cometido 12.427 homicidios entre 1999 y 2004. Además durante ese mismo período confesaron que hubo 375 desapariciones forzadas, 22 abusos sexuales, 38 torturas y miles de desplazamientos contra campesinos, acusados de ser integrantes o aliados de la insurgencia. Según Ascamcat, 17.000 campesinos fueron asesinados durante ese mismo periodo en todo el Catatumbo.
Como en gran parte de Colombia, la guerra en esa región tiene sus orígenes en la tierra y en el despojo de la misma por su riqueza. En esa zona el conflicto armado tiene 100 o más años donde “la deuda histórica viene desde la Gulf Oil Company cuando empezó a construir el Oleoducto Tibu – Coveñas. Ante esto el pueblo indígena Motilón Barí se resistió y la respuesta fue matar, acabar y sacarlos de su territorio, lo que le costó la vida al menos a 16.000 personas de dicha comunidad”, aseguró Olga Quintero, integrante de Ascamcat. Después vino la entrada de la extinta guerrilla de las Farc, del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl) durante los años 80. Finalmente se dio la incursión paramilitar.
También puede leer: La defensa del territorio: el objetivo de las organizaciones sociales en Colombia
Dicha incursión sucedió el 27 de mayo de 1999 después de un largo recorrido que hicieron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), atravesando los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, la puerta de entrada al Catatumbo. A las 5:00 de la mañana de ese jueves los grupos paramilitares ingresaron en seis camiones a Norte de Santander al mando del capitán retirado del Ejército, Armando Pérez Betancourt, conocido como alias Camilo, y a quien la Fiscalía de Justicia y Paz considera como el máximo comandante en terreno del Bloque Catatumbo. El 29 de mayo del mismo año ocurrió la primera masacre en el municipio de Tibú, donde días después cerca de 2.200 familias salieron desplazadas.
El Bloque Catatumbo estuvo en la zona hasta el 2005 y fue la primera estructura de las Auc en acogerse a la Ley de Justicia y Paz, creada en 2005, durante el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para la desmovilización de ese grupo armado ilegal. Con el desmantelamiento de las Auc, la Fuerza Pública tomó control de los territorios que tenía el grupo paramilitar. En estas zonas hubo violación de derechos humanos en contra de la población. “Hay otro hecho importante que ocurrió el 18 de octubre de 2005 cuando el Ejército empieza a bombardear indiscriminadamente hacia la vereda El Suspiro, municipio de Teorama, generando el desplazamiento de 50 familias, es decir 300 personas entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Estas personas llegaron al corregimiento de San Juancito. Ver este panorama tan triste y la revictimización de las comunidades que sobrevivieron a la incursión paramilitar era lamentable”, aseguró Quintero. Además, hubo 161 casos de los mal llamados “falsos positivos” entre 2007 y 2008, según la JEP.
Con este panorama de violencia desmedida que no distinguía entre población civil y actores de la guerra, nació la necesidad de crear una organización que velara por los derechos humanos de las comunidades en los 11 municipios que conforman el Catatumbo. A finales del 2005 un grupo de campesinos se organizaron para crear una organización que defendiera los derechos humanos y el territorio, y a través de la cual se pudieran hacer denuncias de los crímenes cometidos por los grupos armados. La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc), quien por esa época ya llevaba casi 10 años en esta misma línea, ayudó a este grupo de personas a crear la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat).
“Este es un proyecto campesino, que solo busca contribuir a la defensa de la tierra, el territorio, la vida, los derechos humanos y la paz que tanto anhelamos y a la cual le apostamos con fervor. Cabe resaltar que la omisión del Estado fue la que nos obligó a organizarnos socialmente como Ascamcat, ya que fue el mismo Estado quien brilló por su ausencia cuando más lo necesitamos, su representación era y sigue siendo meramente militar”, dijo Quintero.
En un informe presentado el año pasado a la JEP, las organizaciones sociales del Catatumbo, como la Asociación Minga, el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), Ascamcat, entre otras, le pidieron a la justicia transicional que dé curso a las acciones penales contra los agentes del Estado que podría estar implicados en la incursión paramilitar, sobre todo en los años 1999, 2000 y 2001 donde se presentaron los atentados más significativos. Esto se pide a raíz del testimonio de Salvatore Mancuso, donde asegura “haberle escuchado a Carlos Castaño la narración sobre la reunión sostenida con altos representantes del Estado colombiano para organizar y coordinar la expansión paramilitar en el norte del país”, según se lee en el documento de 170 páginas.
Con la salida de las Auc en 2005, Ascamcat continuó la defensa del territorio porque las guerrillas siguieron haciendo presencia en el Catatumbo. Por esta razón se han ido creando los diferentes mecanismos de autoprotección comunitaria claves para mantener a salvo a cada uno de los asociados y asociadas y a toda la comunidad campesina de los municipios que conforman esta subregión. Las comisiones y/o misiones de verificación, la guardia campesina -cuerpo civil no armado-, los asentamientos campesinos, las casas de refugio humanitario, los comités veredales, entre otras, hacen parte de las formas como Ascamcat brinda la protección a esta región.
Las casas de refugio humanitario, por ejemplo, cumplen un papel fundamental en la defensa de los líderes y lideresas sociales de la zona. El año pasado fueron asesinados 15 en todo Norte de Santander, de los cuales siete eran campesinos. Por ese riesgo constante, estos lugares sirven como “un espacio en el cual pueden llegar los líderes y lideresas que han sido objeto de amenazas y desplazamiento, donde se mantienen mientras baja el nivel de amenaza”, según Quintero. La guardia campesina también vela por la seguridad de estas comunidades. Lo hace desde el diálogo en la resolución de conflictos. Estos son dos ejemplos de los diferentes mecanismos de autoprotección creados por Ascamcat.
Sin embargo, este es un trabajo que no se puede hacer solo y la organización lo sabe. Espacios como la Marcha Patriótica, que recoge las peticiones y sentimientos de más de 800 organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y juveniles del país, logran darle un alcance nacional a las solicitudes de estas asociaciones. “Otro espacio importante para la articulación ha sido la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Con ella adelantamos jornadas de movilizaciones nacionales y regionales tan importantes y representativas que lograron que los gobiernos de turno se sentaran a negociar con nosotros”, aseguró Quintero.
Le puede interesar: Caquetá, Córdoba y Antioquia: avances y reparos en la implementación del Acuerdo
Desde Ascamcat hacen énfasis en que la situación actual de violencia no se soluciona con más guerra y actores armados. Al igual que en gran parte del país se está pidiendo una inversión social que permita que las comunidades encuentren presencia del Estado de otra forma que no sea la militar. Además, consideran que el Gobierno Nacional debería negociar con el Eln y generar la desmovilización de esa guerrilla bajo otro proceso de paz que consideran clave para el país.
En lo que va del 2021 se han presentado dos desplazamientos masivos en municipios del Catatumbo. El primero fue a finales de enero, cuando 80 familias fueron expulsadas de Tibú por el enfrentamiento entre grupos armados. Además, el 2 de febrero, 38 familias fueron obligadas a salir de Hacarí. Estos dos hechos más los 14 líderes y lideresas asesinados el año pasado y las seis masacres ocurridas en 2020, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), son una muestra clara para Ascamcat de que la violencia, en vez de estar cerca de irse, afecta cada vez más a los territorios. “No podemos botar la toalla a la mitad del camino, mucho menos por quienes han ofrendado su vida en esta lucha de ver un país más justo y equitativo. Por ellos, por la gente que cree en lo que hacemos, por nuestras familias y por los niños venideros es que debemos seguir persistiendo y resistiendo. El anhelo de paz no nos lo podemos dejar arrebatar”, finalizó Quintero.
*Este artículo fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de Usaid ni del gobierno de Estados Unidos.