Aspersión aérea seguiría siendo una política ineficaz

La fumigación, una reliquia de la “guerra contra las drogas”, no tiene lugar en esta visión de posconflicto.

Existe evidencia de que la fumigación pone en peligro los cultivos de alimentos rurales. /Archivo

El mes pasado la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revisó la literatura científica y determinó que el glifosato, un herbicida de uso general, es “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Este informe envió ondas de choque a través de Colombia, donde durante los últimos 20 años un programa respaldado por Estados Unidos ha rociado unos 1,75 millones de hectáreas de territorio rural en el que los agricultores de escala menor cultivan la coca, la planta usada para hacer cocaína.

Colombia es el único país productor de coca que permite la fumigación aérea con herbicidas. Ante la posibilidad de que esté rociando un químico carcinógeno sobre sus propios ciudadanos, el Ministerio de Salud de Colombia emitió un comunicado en la noche del lunes 27 de abril que recomienda que se suspenda el programa de fumigación aérea.

La decisión para suspender el proyecto está en las manos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que aún tiene que hacer o programar un anuncio. Mientras tanto, las agencias del gobierno colombiano que llevan a cabo el programa de fumigación no demoraron en oponerse a una posible suspensión. “No podemos permitir que se termine beneficiando a la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo”, dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien supervisa la Policía Nacional de Colombia y su cuerpo antinarcóticos, que realiza la fumigación. “Vamos a seguir procurando todas las herramientas que ayuden a que se mantenga la seguridad de los colombianos”.

Oficiales del gobierno de Estados Unidos dicen que, mientras respetan la decisión soberana de Colombia, insisten en que el glifosato es seguro y prefieren no ver el final del programa de aspersión. La Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y de Aplicación de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL), del Departamento de Estado, ha gastado entre US$1.000 millones y US$2.000 millones en las herbicidas, los pilotos de los contratistas y las mecánicas, los helicópteros de escolta policial, combustible, equipos de búsqueda y rescate y los costos de fumigación relacionados desde que el programa comenzó en 1994.

La posibilidad de que la mezcla de herbicidas sea cancerígena debe preocuparnos a todos. A diferencia del uso agrícola normal, los aerosoles del programa de fumigación en Colombia son rociados en altas concentraciones sobre zonas residenciales a decenas o cientos de pies de altura.

Dejando esto de lado por un momento, ¿qué pasaría si el glifosato fuera realmente seguro? Imagínese que usted pudiera beber un vaso de Roundup, el nombre de marca Monsanto Inc. para el herbicida, y no sufrir ningún efecto negativo. ¿Sería la continuación de la fumigación aérea una buena política?

El gobierno de EE.UU. cree que sí. “Se ha demostrado que es la forma más eficaz de luchar contra los cultivos ilícitos”, dijo el subsecretario de Estado, Antony Blinken, al diario El Tiempo de Colombia durante una visita a Bogotá esta semana.

Una mirada más cercana en el expediente, sin embargo, arroja serias dudas sobre esa declaración. De hecho, la fumigación ha hecho muy poco para disuadir de cultivar coca a las personas que viven en los territorios sin presencia del Estado.

La fumigación ha tenido éxito en la reducción del cultivo de coca en zonas específicas por determinados períodos de tiempo. Se ha obligado a los productores a dispersarse por todo el país, en lugar de concentrar la cosecha en algunas regiones remotas. Pero la fumigación no merece mucho del crédito por las recientes reducciones en el cultivo de coca en Colombia.

Con la fuerte presión de Estados Unidos, Colombia permitió el comienzo de la fumigación en 1994, cuando los cultivos de coca empezaron a aumentar en el país. (Antes, los carteles de droga de Medellín y Cali habían fabricado la mayor parte de su cocaína a partir de coca cultivada en Perú y Bolivia. A mediados de la década de 1990, estos carteles fueron disueltos y reemplazados por organizaciones más pequeñas que prefieren comprar su materia prima en Colombia). La aspersión se inició en una base de la Policía en el departamento de Guaviare, en lo que entonces era el epicentro de la coca colombiana, poco más de 200 millas al sureste de Bogotá.

La fumigación no tuvo efecto en el cultivo de coca, que aumentó rápidamente durante la segunda mitad de la década de 1990. Sin otras oportunidades económicas legales en el centro-sur de Colombia, una región sin carreteras ni gobierno, los cultivadores de coca se establecieron más al sur, fuera del alcance de los aviones de fumigación con sede en Guaviare.

Para el año 2000 la ONU midió unos increíbles 66.022 hectáreas de coca en el departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador. Desde entonces ningún departamento ha concentrado tanta coca en un solo año.

Como parte de una iniciativa llamada “El empuje en el sur de Colombia”, el paquete de ayuda del año 2000, llamado Plan Colombia, se centró intensamente en el Putumayo. Aviones fumigaron 112.740 hectáreas de ese departamento (el tamaño del estado de Maryland) entre 2001 y 2003. Programas de desarrollo incompletos suministraron la seguridad alimentaria y de desarrollo alternativo a sólo una pequeña parte de los agricultores del Putumayo.

El resultado fue una fuerte caída del cultivo de coca en el Putumayo, y como resultado en toda Colombia. El gobierno de Bush en Washington y el gobierno de Uribe en Bogotá celebraron el éxito de los esfuerzos de aspersión aérea.

Pero ese éxito resultó ser muy efímero. El cultivo de coca se movió rápidamente a otros lugares.

Mientras los programas del Plan Colombia fueron implementados, la fumigación alcanzó niveles récord. En 2002-2006, los aviones rociaron más de 130.000 hectáreas por año y en 2006 rociaron un récord de 172.000 hectáreas.

Pero la fumigación dejó de funcionar. En 2007 el gobierno estadounidense midió casi la misma cantidad de cultivos de coca en Colombia que en 2001, el peor año de la historia. Entre 2005 y 2007 fue un período de aumentos constantes en el cultivo de coca. Durante ese período un informe de la Oficina de Control y Fiscalización del Gobierno de Estados Unidos (Government Accountability Office, GAO) encontró que el Plan Colombia se había convertido en una estrategia exitosa de seguridad —la violencia guerrillera estaba disminuyendo—, pero no tenía tanto éxito como una estrategia de lucha contra las drogas.

Pero, a pesar de lo que los funcionarios estadounidenses siguen diciendo hoy, la fumigación dejó de ser una herramienta de disuasión a nivel nacional para el cultivo de coca. En un país donde más de la mitad del territorio nacional tiene poca o ninguna presencia regular del Estado, los productores encontraron varias formas de adaptarse a la aspersión aérea.

1. Se comenzaron a cultivar nuevas áreas. El cultivo de coca ya no estaba concentrado en una parte del sur de Colombia. En respuesta a la fumigación, la economía de la coca llegó, en menor escala, en todo el país. El “empuje” del Plan Colombia en Putumayo causó que la cosecha migrara hacia el oeste, hasta el departamento de Nariño, en la costa del Pacífico, que ha sido desde entonces el departamento número uno en cultivos de coca en Colombia.

2. Los productores comenzaron la siembra en parcelas más pequeñas y más difíciles de detectar. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el tamaño promedio de cultivo de coca se redujo de 2,1 hectáreas en 2001 a 0,85 hectáreas en 2006. “Una posible explicación”, señaló la ONUDD, “podría ser que los agricultores redujeron el tamaño de sus campos de coca para evitar la aspersión aérea”.

3. Los productores adoptaron muchas otras estrategias para reducir el impacto de la fumigación. Según informó ONUDD en 2013, estas incluyen “cultivos intercalados o mezclados, la aplicación de sustancias para aislar el área de la hoja de los efectos del glifosato, el lavado de las hojas, el aumento de la cantidad de los rendimientos de modo que no todos se vean afectados, rotar las parcelas dentro de una unidad productiva y disminuir el tamaño de la producción, entre otros”. También hemos escuchado del cultivo en la sombra, el uso de variedades de mayor rendimiento y podar los cultivos inmediatamente después de la aspersión.

Estas tácticas indican que la fumigación se mantuvo como un inconveniente para los cocaleros; se los obligó a perder una cosecha o dos, o incluso hacer las maletas y cultivar en otro lugar. Pero el aumento en el cultivo de coca de 2004 a 2007 muestra que la fumigación no desalentó a un número significativo de agricultores colombianos. El programa no funcionó.

Esto no debería sorprender, ya que la inmensa mayoría de los que tenían sus cultivos rociados eran campesinos que vivían lejos de los mercados agrícolas legales y de servicios estatales (incluida la seguridad). Cuando hay una falta de presencia estatal, la coca es uno de los pocos cultivos que ofrecen un fácil transporte, un ingreso por encima de la línea de pobreza y un flujo constante de compradores que ofrecen crédito.

Colombia comenzó a experimentar reducciones en los cultivos de coca después de 2007. La razón no fue la fumigación —que había disminuido de manera constante desde 2007— sino un mayor control del territorio por parte del Gobierno, lo que les permitió a los erradicadores manuales trabajar en el campo.

A partir de 2004, y de manera más intensa en 2006, Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, empezó a enviar equipos de erradicadores de coca a zonas despejadas, al menos temporalmente, por los grupos armados. Este es un trabajo peligroso: entre 2009 y 2013, 62 erradicadores o sus escoltas militares y policiales fueron asesinados y 387 heridos por francotiradores, minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados.

Sin embargo, la erradicación manual resultó más eficaz que la fumigación. Se mata a las plantas por completo, en lugar de interrumpir una cosecha o dos. También requiere que el Gobierno esté físicamente presente en las zonas de cultivo de coca, en lugar de sobrevolar de forma anónima. Buena parte de la erradicación manual a finales de los años 2000 se produjo en el contexto de programas como el Plan Nacional de Consolidación, específicamente diseñados para establecer una presencia gubernamental más permanente.

Sin embargo, la erradicación manual no es una panacea. Llevada a cabo por su propia cuenta, sin la seguridad alimentaria u otro tipo de asistencia a la población local, la erradicación manual forzosa puede producir resultados desastrosos para la estabilidad y la gobernabilidad, así como empujar a las comunidades hacia la pobreza. Es una mala política para establecer una relación de confrontación con las familias campesinas en un territorio donde el control del Gobierno ya es tenue.

Más recientemente, la erradicación manual y la aérea han disminuido. El resultado, al menos hasta ahora, es que el cultivo de coca en Colombia se mantiene en los niveles más bajos registrados desde la década de 1990. Puede ser que Perú haya superado a Colombia como primer productor mundial de coca.

¿Por qué ha regresado la coca en medio de una disminución en la erradicación forzosa? Mientras que hay un largo camino por recorrer, la razón más probable es que hay más presencia del Estado en las zonas rurales de Colombia de lo que solía. Lo clave es el control territorial permanente en vez de las aspersiones aéreas rápidas.

La lección del programa de fumigación de Colombia es que no hay sustituto para el desarrollo económico y la presencia del Estado en el territorio nacional. Al contrario, volar por encima de forma anónima y sin ninguna presencia en el terreno hace que el comercio de la coca migre y aliena a las poblaciones, cuyo apoyo es necesario en medio de un conflicto armado. Cuando no está coordinado con la seguridad alimentaria y medias de vida alternativas, la fumigación da a la guerrilla una herramienta de propaganda poderosa: las Farc y el Eln han empleado el argumento de que la fumigación es una prueba de que “la oligarquía” de Colombia no se preocupa por los campesinos o quiere despojarlos de sus tierras.

Así que incluso si el glifosato fuera realmente tan seguro como el champú para bebés o el agua de manantial, la aspersión aérea seguiría siendo una política cruel e ineficaz. “Más allá de los riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente derivados de la exposición a las sustancias químicas de herbicidas”, señaló WOLA en su informe de 2008 sobre la estrategia fallida, “existe una amplia evidencia de que la fumigación pone en peligro los cultivos de alimentos de las familias rurales e insta a los cocaleros a migrar y cultivar en nuevas áreas, difundiendo la destrucción del medio ambiente que conlleva el cultivo de coca”.

En cambio, Colombia debe prepararse para seguir el modelo establecido en el acuerdo del año pasado entre el Gobierno y las Farc, el cual compromete a los guerrilleros a ayudar a erradicar la coca y al Gobierno a entrar en pactos de erradicación con las comunidades que cultivan la coca, respaldados con la amenaza de la erradicación manual. Esto, por supuesto, requiere que el Gobierno esté presente en su propio territorio, un paso que un acuerdo de paz podría facilitar.

La fumigación, una reliquia de la “guerra contra las drogas”, no tiene lugar en esta visión de posconflicto. No es un sustituto para la gobernanza a nivel territorial y las crecientes preocupaciones sobre su impacto en la salud aseguran que es la hora de suspenderla.

 

* Coordinador principal del Programa de Políticas de Seguridad Regional de WOLA.