Diez líderes sociales de Baranoa, Atlántico, denuncian amenazas en su contra

La Policía del Atlántico informó que tres de las llamadas amenazantes que recibieron los líderes sociales se hicieron desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

Los líderes solicitan protección por parte del Estado. Cortesía

Díez líderes del municipio de Baranoa, Atlántico, llevaron a cabo un plantón el apsado miércoles 26 de junio debido a unas amenazas que estarían recibiendo vía telefónica desde el pasado 20 de del mismo mes. Los defensores de Derechos Humanos piden que cesen las extorsiones e intimidaciones en las que se les exige abandonar el municipio.

Marta Sanabria, miembro de la Asosiación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal) de Baranoa, fue la primera líder comunal del municipio en recibir amenazas. A Sanabria le solicitaron irse de Baranoa el pasado 29 de octubre de 2018. Según cuenta, quienes la amedrentaron le hicieron saber que las labores sociales que ejercía entorpecían la limpieza social que los grupos criminales querían hacer en el municipio.

Las amenazas no cesaron. De acuerdo con la líder comunal, durante diciembre de 2018 y enero de 2019, recibió “llamadas mudas”, en las que nunca decían nada, solo la llamaban. “En marzo, sujetos desconocidos rodeaban mi casa, pero fue nuevamente el 20 de junio cuando volvieron las amenazas por teléfono e incluyeron a cinco líderes más”, contó. 

Luego de eso, Sanabria sintió el rechazo de algunas personas de la comunidad. Según ella, lo hicieron por temor o por el pensamiento erróneo de que estaba amenazada porque se juntó con malas personas. “Luego de perder varias amistades conocí quienes sí eran los reales amigos y pues prácticamente solo andamos  juntos los comunales amenazados y personas allegadas. Son cosas que a uno como ser humano le duelen”, dijo. 

Erick Santamaría, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización El Encanto, es otro de los díez líderes amenazados. Su primera amenaza la recibió el 28 de octubre de 2018, fecha similar a la de Sanabria, en la que por una llamada unos desconocidos le exigieron una suma de apróximadamente tres millones de pesos. “Me dijeron que les consignara o si no me iban a matar”, contó Santamaría.

Ocho meses después se reactivaron las amenazas por teléfono. Según Santamaría, esta vez se hicieron pasar por funcionarios del Ministerio de Agricultura quienes iban a entregar un subsidio de vivienda por 20 millones de pesos a diez personas que Santamaría escogiese. “Yo dudé en seguida pues primero el Ministerio de Agricultura no se encarga de eso y segundo, yo conozco los procedimientos”. 

Él no cedió y los intimidantes se alteraron. “Si no consignas esos 20 millones de pesos o te vas de la vereda o te borramos del mapa”, fue la respuesta de quienes lo amenazaron. 

Santamaría teme por su vida y por la de su familia. Aseguró que si la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le brinda la protección necesaria, renunciará a su cargo y se marchará del municipio pues las intimidaciones ya llegaron a su familia.

“A mi hija de 18 años también llamaron a intimidarla. Esto se complicó. Yo no quiero ausentarme y que le vaya a pasar algo a mi familia”, aseguró.

Los líderes comunales están a la espera de que la Fiscalía se pronuncie y aclare la situación. Su mayor preocupación es conocer quién está enviando información sobre ellos y para qué. “No sabemos si se trata de delincuencia común, bandas criminales o personas sin oficio”, dijo Marta Sanabria.

Las denuncias fueron presentadas ante la Sijín y la Personería. Hasta el momento, los líderes reciben el apoyo de la Alcaldía de Baranoa y de la Policía del Atlántico. Sin embargo, también solicitan la intervención de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Aunque aseguran que sí han recibido visitas por parte de la UNP, entidad que actualmente estudia los casos, argumentan que hasta el momento no han obtenido una respuesta positiva que calme sus preocupaciones. 

El comandante de la Policía del Atlántico, coronel Henry Jiménez, indicó que en investigaciones con el Gaula, encontraron que tres de las llamadas amenazantes provinieron de la cárcel de Cómbita, en Boyacá. 

 “Se mantienen las investigaciones teniendo en cuenta que se trata de referentes sociales para la comunidad y estamos con las medidas de protección que tiene la Policía Nacional, para brindarle toda la seguridad y evitar cualquier atentado ante su integridad personal”, aseguró el coronel Jiménez.

A pesar del parte de tranquilidad que les brinda la Fuerza Pública, todos los líderes coinciden con las mismas inquietudes: ¿De dónde son las llamadas? Y ¿quiénes están detrás de esto?

“Nosotros no estamos haciendo nada malo, prácticamente somos unos presidentes de barrio y lo que más nos preocupa es que no tenemos seguridad”, aseguró Marta Sanabria y añadió que “a pesar de la zozobra que genera las amenazas, nosotros seguimos con nuestra vida, trabajando normal. Solo buscamos hacer un bien dentro de la sociedad”.

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* Redacción Nacional

Atlántico

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