En Barranquilla, 10 % de habitantes son venezolanos

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. / Óscar Pérez-El Espectador.

Con más de US$300 millones de inversión (entre nacional y extranjera) y un presupuesto de $3,6 billones para 2020, Barranquilla es una de las urbes del momento en Colombia. A tal punto que lleva más de una década de luna de miel entre el electorado y el grupo político que la gobierna.

Álex Char, Elsa Noguera, nuevamente Char y Jaime Pumarejo han regido la ciudad desde 2008, garantizando la continuidad de las iniciativas que quedaran pendientes a quien salía de la alcaldía. Pero en esta oportunidad Pumarejo no solo tendrá que responder por las obras de infraestructura y la movilidad. La llegada de más de 200.000 ciudadanos de origen venezolano a la ciudad representa nuevos retos para su gestión en temas sociales. El control a la informalidad, la atención en salud y la garantía de educación son algunas de las manifestaciones de esos desafíos.

¿Cómo piensa encarar esos asuntos? Para el caso del acceso a la salud, por ejemplo, le está proponiendo al Gobierno nacional la creación de un seguro especial para venezolanos que garantice su acceso a los servicios, sin afectar el presupuesto de este sistema. Así fue su charla con El Espectador:

Desde su administración, ¿cómo garantizará la contratación transparente del PAE?

El PAE en Barranquilla es uno de lo más reconocidos en el país por prestar la mejor atención en cuanto a raciones y salubridad. Lo que hizo la Fiscalía fue pedir una información de oficio general a muchas alcaldías, pero ese proceso que data de 2014 ni siquiera tiene investigaciones por hechos precisos, es simplemente una investigación abierta. Nosotros cumplimos porque somos una ciudad que tiene la suficiencia presupuestal para poner lo que falta.

¿Cuánto aporta el Gobierno para el PAE y qué porcentaje deben dar ustedes para garantizar un buen programa de alimentación?

Por ejemplo, nosotros hacemos el programa de primera infancia, muy similar al PAE, donde les damos atención y nutrición a los jóvenes de cero a cinco años. Es un convenio de casi $90.000 millones, donde el Gobierno pone $62.000, pero nosotros ponemos casi $30.000. Si uno se pone la mano en el corazón, lo que manda el Gobierno apenas alcanza; entonces hay que ser eficientes y complementarlo como se pueda. El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer de ingresos corrientes de nuestros impuestos para suplir esta necesidad es increíble, y por eso nos proponemos que se haga muy bien.

¿Qué porcentaje de pago de tributos tiene Barranquilla?

Estamos en 65 % y nuestra meta es llegar al 75 %. Nosotros hicimos un pacto con la ciudad y dijimos que no íbamos a cobrar valorización, siempre y cuando podamos cobrar el predial que tenemos que pagar. Es decir, que la gente pague lo que debe pagar y nosotros con esos impuestos seremos los más eficientes posible. Por otro lado, estamos estudiando varios mecanismos de financiación, como es la creación de empresas de economía mixta, para pasar de ser una ciudad que vive solo de esos impuestos, a tener una Barranquilla que también genere utilidades.

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Tras presentar una fuerte crisis financiera, ¿sigue en firme la decisión de liquidar el Cari?

El Cari, como hospital departamental de alta complejidad, está en una situación financiera muy crítica. La decisión de la actual gobernadora es liquidarlo. Nosotros tomamos la decisión la semana pasada de cerrarlo, porque no cumple con los estándares de salud. El Cari tiene dos divisiones. Una es la de salud mental, la cual es quizás el hospital de salud mental más grande de la costa. Eso es un problema, porque no está prestando los servicios como debería. Estamos trabajando con la gobernadora para tomar una decisión.

¿Cuáles son las estrategias para reducir la informalidad en Barranquilla?

Tenemos un gran reto porque la informalidad la veníamos reduciendo en el área metropolitana, pero la migración venezolana nos hizo retroceder esas cifras. Tenemos la estrategia de economía barrial, donde queremos acompañar al vendedor informal para que poco a poco se puede ir formalizando. No solo se trata de que pague impuestos, sino que pague su pensión y su ARL. Además, vamos a trabajar en las competencias de las personas para que puedan conseguir su primer empleo y de esa manera salir de la trampa de la pobreza.

¿Cuáles son los retos de atención a la población migrante en términos de presupuesto?

En el área metropolitana ya sobrepasamos los 200.000 venezolanos sin ninguna duda, estamos hablando de más del 10 % de nuestra población. Le hemos propuesto al Gobierno que rápidamente asegure a esa población para que el sistema de salud no pague. Hoy nos cuesta más atender a un venezolano por evento, que si esta persona pagara un aseguramiento mensual.

¿Cree que los movimientos en la política nacional pueden impactar la favorabilidad de su gestión?

Nosotros tenemos que cuidar el optimismo y orgullo que tiene el barranquillero. No se puede tapar el sol con las manos. Las obras están ahí y la gente está contenta.