Autoridades indígenas denuncian asesinato de líder social en Caldas

Elvia Azucena Vargas, de 30 años, pertenecía a la Comunidad de Portachuelo, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta.

Cortesía Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas

En la mañana de este jueves se reportó la muerte de Elvia Azucena Vargas, de 30 años, a causa del impacto de un arma de fuego. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció el asesinato de la mujer, quien era residente de la Comunidad de Portachuelo, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, y exigió acciones contundentes para frenar los hechos violentos contra los defensores de derechos humanos.

El hecho ocurrió en medio de una ola de homicidios que se están cometiendo contra reclamantes de tierras, campesinos que apoyan la sustitución de cultivos, líderes comunales y representantes de comunidades étnicas o de organizaciones políticas que actúan en zonas históricamente disputadas por los grupos armados.

Por esta razón, las autoridades indígenas exigieron al Gobierno “toda la contundencia de las entidades competentes para que capturen a los responsables, investiguen, esclarezcan, juzguen y condenen a los actores materiales e intelectuales de este hecho violento”. La ONIC denunció que este suceso se añade “a la larga lista de muertes a líderes indígenas defensores de los derechos colectivos de nuestra comunidad”.

A su vez, hizo un llamado a las organizaciones sociales para ejercer presión al Estado para el esclarecimiento de este y otros asesinatos en su resguardo, como lo son el de Fernando Salazar Calvo y Alcibíades de Jesús Largo Hernández. Estos, afirma la ONIC mediante un comunicado, “hacen parte de un genocidio sistemático que hace años se viene dando en contra del movimiento indígena de Caldas, en busca de desestabilizar nuestros procesos autónomos del ejercicio de la autoridad en la jurisdicción de nuestros territorios ancestrales”.

Organismos como la Defensoría del Pueblo del departamento de Caldas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas también fueron mencionados en el comunicado. La ONIC hizo un llamado para que se “activen todos los mecanismos de protección a nuestra comunidad indígena y a todos los dirigentes, gobernadores, cabildantes y líderes de los diferentes procesos organizados, ya que en repetidas ocasiones hemos denunciado ante fiscalía y demás entes, las amenazas de las que hemos sido víctimas y han sido demeritados y desestimados por los órganos de control del Estado”.