Baltasar Garzón, ¿el asesor indicado?

El exjuez español invitó al diálogo entre las partes.

Las comunidades indígenas del Cauca propusieron el nombre del exmagistrado español para una mediación con el Gobierno, un magistrado célebre por sus sentencias, expulsado de la carrera judicial en su país y sobre quien pesa una inhabilidad de 11 años. 

Ante los rumores que vinculaban al exjuez español, Baltasar Garzón, con una mediación entre el gobierno colombiano y las comunidades indígenas del Cauca, más precisamente las de Miranda y Toribio, el abogado  aseguró en entrevista con La W que aún no existe un acuerdo oficial con el Gobierno. Sin embargo, reconoció que las comunidades, con las que dice tener contacto desde hace 12 años, propusieron su nombre al presidente Juan Manuel Santos durante su reciente visita al Cauca. Todo con miras a unos eventuales diálogos entre las partes.  

De esta manera, el nombre de Baltasar Garzón vuelve a sonar en Colombia. Desde sus primeros meses en la presidencia del país, Juan Manuel Santos anunció su intención de contar con la asesoría del juez español en materia de derechos humanos. Sus aportes, decía entonces, podrían ser de mucho valor para la consecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras promovida por el Gobierno. 

Con esta iniciativa ya aprobada y en marcha, el nombre de Baltasar Garzón vuelve a la primera plana del país, con la diferencia de que entre el primer acercamiento y el actual se encuentra en el medio una inhabilidad de 11 años que el Tribunal Supremo de España le sentenció al juez, además de determinar su expulsión de la carrera judicial.

Garzón había sido suspendido de su cargo de magistrado en la Audiencia Nacional –que ocupó desde 1988- en 2010, después de que el Tribunal Supremo le abriera un proceso por el delito de prevaricato. El inicio del caso se produjo debido a las intenciones del magistrado de iniciar un proceso por los crímenes del franquismo, en el  que se imputarían cargos prescritos a personas ya fallecidas y amnistiadas, en un terreno además, que no era competencia de la Audiencia Nacional.

Estas fallas impedían que se abriera un eventual caso y fueron señaladas por el colectivo de derecha Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad Remón, que demandó las intenciones de Garzón ante el Tribunal Supremo. La resolución inicial de la corte determinó la suspensión temporal de las labores del juez. Sin embargo, este episodio de posible irregularidad en sus funciones, se convirtió en una de las tres causas legales que en poco tiempo el exmagistrado tuvo que enfrentar.

A comienzos de 2010 le fueron abiertos dos procesos más. Fue acusado de prevaricación y cohecho por haber recibido dinero –correspondiente a unas conferencias dictadas por él en Nueva York (2005 – 2006)- del entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Tiempo después de recibir el pago por sus coloquios, unos US$ 300.000, Garzón, en calidad de magistrado, asumió una querella en contra de varios directivos del banco, a la que no dio admisión para iniciar un procedimiento legal a pesar de que se esperaba que por su conflictos de intereses se declarara inhabilitado para asumir la demanda.

Semanas después, el nombre de Garzón volvió a aparecer en las acusaciones del Tribunal Supremo, esta vez por los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones. Baltasar Garzón ordenó ‘chuzar’ los teléfonos de varios de los implicados en un escándalo de corrupción al que la prensa española bautizó como ‘el caso Gürtel’. Un exfiscal de la Audiencia Nacional llamado Ignacio Peláez, representante del empresario implicado en el caso, José Luis Ulibarri; acudió al alto tribunal para demandar que la orden de intervención de las comunicaciones se había hecho efectiva de forma “indiscriminada”, sospechando que la propias conversaciones entre los acusados y sus abogados pudieran suponer un enlace con la organización delictiva relacionada con la corrupción.

Esta última demanda fue la que valió para Baltasar Garzón su expulsión de la carrera judicial, luego de que el Supremo lo hallara culpable de las acusaciones que pensaban en su nombre. Los otros dos fallos resultaron favorables para el exmagistrado: fue exonerado de culpa en el tema relacionado con el pago de sus conferencias en Nueva York, mientras que del caso abierto por los crímenes del franquismo salió exonerado a pesar de que el tribunal encontrara material suficiente para fallar en su contra. No obstante,  para entonces el proceso había prescrito.

Luego de su inhabilidad, el juez Baltazar Garzón, quien había construido una buena reputación en España y el exterior, tras haber liderado investigaciones contra la considerada banda terrorista ETA y el exditador chileno Augusto Pinochet, se dedicó a asesorar a la Corte Penal Internacional y ofrecer sus servicios de abogado. Ahora es posible que lo aguarde una nueva escala en Colombia, donde a comienzos de la década estuvo acompañando el proceso de levantamiento de fosas comunes que dejó la acción violenta de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.