Bandas criminales continúan azotando a la Costa Pacífica

Pese a los esfuerzos de las autoridades, las amenazas y los homicidios siguen en aumento. La Defensoría del Pueblo pidió frenar la expansión de esas organizaciones delincuenciales.

El pasado 18 de octubre, José Milciades Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol), fue amenazado de muerte.

El mensaje intimidatorio, firmado por los Comandos Urbanos de los Rastrojos, también estuvo dirigido a Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali, uno de los sindicatos de la empresa de servicios públicos de Cali, y a otros líderes sindicales vinculados a la Central Unitaria de Trabajadores. Ya a comienzos de septiembre, Los Rastrojos le habían enviado dos panfletos a Sánchez, en los que señalaban a varias organizaciones y líderes sociales del Valle del Cauca de pertenecer a las Farc, el Eln y el Epl. Además, recibió amenazas de Los Urabeños, quienes le dieron 24 horas para abandonar la ciudad a comienzos de octubre.

En esa misma época, varios estudiantes de la Universidad del Valle, organizadores del IV Congreso Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria fueron amenazados por las Águilas Negras. Los constreñimientos contra los líderes, varios de ellos integrantes de Marcha Patriótica, se dieron en un contexto en el que, según la Defensoría del Pueblo, los Rastrojos y los Urabeños ejercen control en al menos 30 barrios pertenecientes a 12 comunas de Cali. De hecho, retaliaciones entre integrantes de Los Urabeños ocasionaron la masacre del pasado 3 de octubre, cuando ocho personas fueron asesinadas en el corregimiento de Pance. Un escenario violento que parece exacerbarse con el paso de los días, al punto que este puente festivo se registraron 18 homicidios en la capital del Valle.

Sin embargo, la puja por el control del narcotráfico en esa zona del país, y por la búsqueda de reconocimiento político para las organizaciones ilegales surgidas tras la desmovilización de las Auc, mantiene dominadas no solo extensas zonas rurales y urbanas del Valle del Cauca, sino que también afecta comunidades negras e indígenas en todos los municipios del pacífico. En su último informe de riesgo, la Defensoría alertó por la expansión de los Urabeños hacia Barbacoas (Nariño), donde más de 30 mil personas se encuentran en riesgo por la incursión de esa estructura. En un panfleto firmado por el bloque Sur Pacífico de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el brazo rural de esa banda criminal, se lee que “queda prohibido circular entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana” y que “no respondemos por las víctimas que se presenten entre esas horas”.

Similar situación viven los habitantes del Chocó, donde solo en el Medio y Alto Baudó se desplazaron 3.300 personas en el primer semestre del año y fueron confinadas otras 1.900 por cuenta de los enfrentamientos entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas. En lo que respecta al Cauca, Ariel Ávila, coordinador del Observatorio de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que “la disminución de la guerra en Buenaventura permitió que los Urabeños se fortalecieran y se desplazaran hacia López de Micay, Timbiquí y Guapí, donde ya han tenido enfrentamientos armados con las Farc, no solo por el control del narcotráfico, que sigue siendo fuerte, sino también por la minería ilegal y la extorsión a los comerciantes”. En ese sentido, resaltó que “no basta la militarización de esos territorios, sino que es necesario establecer programas de prevención del reclutamiento y alternativas de vida para los jóvenes”.

Este martes, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, señaló que “en 168 municipios de 27 departamentos la presencia de estos grupos ha continuado aterrorizando a la población, a través de explotación sexual infantil, homicidios, secuestros y boleteo”. Por eso, le pidió al Comandante del Ejército, al Director de la Policía, y a los ministros de Defensa y del Interior, que “adopten medidas efectivas de seguridad en los municipios del país donde se han identificado riesgos de violaciones de derechos humanos por parte de los grupos armados ilegales, surgidos con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, para preservar los derechos y libertades fundamentales de la población”.