“La batalla apenas comienza”: concejal de Medellín

“Dominan el manejo y la gerencia de los hospitales públicos del departamento (Antioquia)”, advierte el concejal de Medellín Bernardo Guerra. / Luis Cano

Usted pertenece a la clase política antioqueña y, sin embargo, ha invertido mucho tiempo y esfuerzo documentando casos de corrupción que involucran a todos los partidos. ¿No hay una contradicción entre sus denuncias y su pertenencia a la misma clase denunciada?

Antes que político soy médico especializado en gerencia. Mi lucha contra la corrupción es una convicción de vida y sus altos niveles en el país son proporcionales a la profunda crisis que padecen todos los grupos políticos. Por eso no encuentro ninguna contradicción, por ejemplo, entre pertenecer al liberalismo y denunciar a miembros de mi partido.

¿Sus denuncias tienen consecuencias en la práctica o se quedan, como tantas otras, en escándalos de un par de días?

Han tenido consecuencias reales. Quisiera que fueran más, pero los niveles de corrupción que también hay en el aparato de justicia y organismos de control de nuestro país no lo permiten. En el año 2003, siendo senador, me tocó hacer una huelga de hambre de diez días para poder realizar un debate a Carlos Palacino, Saludcoop y otras EPS. Terminé en un quirófano para que se me extrajera la vesícula por una estasis biliar, debido al ayuno. En cuanto a mis denuncias sobre los falsos cirujanos plásticos y clínicas de garaje, el aberrante caso del médico Carlos Ramos Corena (detenido en Puerto Rico), me ratifica la efectividad de las autoridades americanas frente a la pasividad de las nuestras. Y en la lucha contra la que he denominado la “estructura del carrusel de la salud”, se logró la renuncia del gerente del Hospital La María y la salida de su hermana, Laura Marulanda, del gabinete departamental.

¿En qué consiste la que usted ha calificado de “estructura del carrusel de la salud”?

Se trata de un grupo de personas y empresas que operan de tal manera que quienes la integran dominan el manejo y la gerencia de los hospitales públicos del departamento y permanecen en esos altos cargos intercambiándose entre unos y otros centros, a lo largo de los años y de los sucesivos gobiernos. La “estructura” controla la contratación de personal en la que cumplen un papel fundamental empresas que actúan como intermediarias de la tercerización laboral. También domina los servicios de lavandería, alimentación, reparaciones hospitalarias y construcciones nuevas (la del hospital de Caucasia, por $25 mil millones). Otras empresas proveedoras participan en este combo de la corrupción subiéndoles hasta 530 % a los materiales.

Mencione, por favor, algunos casos concretos que demuestren la existencia de la “estructura”…

Ese clan se originó hacia el año 2007 en el hospital San Rafael, de Yolombó, cuando se desempeñaba como gerente William Marulanda, cuyo subgerente era José David Álvarez. Éste pasó, después, a ser gerente del hospital de Puerto Berrío y, más adelante, al mismo cargo en el hospital Marco Fidel Suárez, de Bello (hasta 2015). Marulanda Tobón, entre tanto, ascendió a la gerencia del hospital La María, en 2012, y permaneció allí hasta hace poco, cuando explotó el escándalo debido a que se apareció con una Toyota de $211 millones, mientras a los empleados se les debían salarios de cuatro meses. También participa en “la estructura” Jesús Eugenio Bustamante, quien, luego de ser asesor externo de Álvarez en el hospital de Puerto Berrío, llegó al hospital de Turbo entre 2013 y 2016. Bustamante “ganó” milagrosamente el concurso para el Hospital General de Medellín, la joya de la corona, porque es el más grande de Antioquia. Pero los tentáculos de la corrupción van más allá: tenemos documentación que compromete a gerentes de hospitales en Yarumal, Caucasia, El Peñol, Fredonia, Copacabana y otros 30 municipios.

Precisamente usted denunció que este gerente del Hospital de Medellín nombró como “auditor médico” a un concejal de Girardota que no puede ejercer dos cargos públicos al tiempo. ¿Cómo es esto?

Ese “genio” (Bustamente) llegó a la gerencia del hospital luego de obtener 99,8 % en la prueba escrita de conocimientos. Pero es totalmente incoherente con ese resultado que sea de los últimos calificados en la entrevista y en la evaluación de los antecedentes. Entre estos figura la suma de $182 millones que devengó por concepto de viáticos, en dos años, en el hospital de Turbo, en donde pretendió nombrar como subgerente al representante legal de una empresa que tenía contratos allí mismo. La contratación como auditor médico del concejal activo de Girardota se hizo contraviniendo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El presupuesto del Hospital General de Medellín es de $1,5 billones que hoy, después de las denuncias, vigilan la junta directiva y el alcalde Federico Gutiérrez.

Pero si hay concursos de méritos, ¿cómo se desvirtúan éstos y cómo se puede sostener que forman parte del sistema de corrupción?

La “estructura”, que en realidad es una banda criminal, se enriquece a través de la contratación de la salud pública para hacerse a fincas, casas, apartamentos y carros de alta gama, mientras dejan a miles de personas sin posibilidades de atención en salud. En cuanto a los concursos que usted menciona, los compran para optar al cargo de gerentes de los hospitales con la complicidad de personas que, a su vez, tienen vínculos con las universidades encargadas de hacer dichos concursos (Universidad de Medellín y Universidad de Pamplona).

¿A quién le consta que se pueden “comprar” los concursos?

Algunas de las personas que se han presentado a los concursos afirman que las tarifas en el proceso de compraventa del cuestionario para la prueba de conocimientos son las siguientes: de $100 a $150 millones para hospitales de primer nivel; de $300 a $500 millones para hospitales de segundo nivel, y de $800 a mil millones para hospitales de tercer y cuarto nivel. Esas sumas se pagan con un case de $30 millones por adelantado al momento de la entrega del examen. Se incluyen las preguntas y las respuestas, y el resto se paga dándoles acceso a la contratación a las empresas, corporaciones y fundaciones que se roban los recursos de la salud. Cooptan, así, la contratación y generan una integración vertical y paralela con particulares en los hospitales locales y departamentales de los diferentes niveles de atención para desangrar el sistema.

Son afirmaciones delicadísimas. ¿Se pueden probar judicialmente hablando?

Sí, porque hay documentos y testimonios de personas que tuvieron que pagar.

¿El gerente del Hospital de Medellín y los demás integrantes de ese grupo son cuotas políticas de quiénes o de cuáles partidos?

La “estructura” es muy cercana a congresistas, diputados y concejales de diferentes partidos.

El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, quien fue uno de los pacientes de lujosas cirugías estéticas en el hospital público La María, fue nombrado por la Asamblea con el apoyo de todos los partidos. ¿Quién podría tomar, de manera independiente, la iniciativa de retirarlo o sancionarlo?

La inmensa mayoría de los diputados de Antioquia decidió no pedir la renuncia del contralor, con lo cual se demuestra que no existe la voluntad política de solicitarle que se aparte del cargo a pesar de las graves denuncias en este y otros asuntos, como alteración de documentos públicos y privados en su formación académica, experiencia y cobro de licencias no remuneradas que han denunciado otros concejales. Esta semana se supo que su abogada defensora, Carmen Olfidia Torres, fue condenada en Estados Unidos junto con su esposo Rubén Matallana, por el homicidio de una paciente de cirugía estética en Nevada. Albergo la esperanza de que Zuluaga tenga la sensatez de presentar su renuncia si algún vestigio de decencia le queda.

El caso de La María es aterrador, porque dos hermanas y otros parientes cercanos del gerente, además de ese contralor y otros, se hicieron costosas cirugías plásticas. ¿Se pudo comprobar, como dijeron los denunciados, que pagaron o hubo falsificación de documentos?

Es indignante que se consulte por una hernia umbilical y se terminen practicando cirugías estéticas de alta complejidad como implantes de prótesis de mama, liposucción abdominal y de tórax anterior y posterior y gluteoplastia con lipoinyección, y que luego se pretenda cobrarlos -en algunos de esos procedimientos- al Plan Obligatorio de Salud. En La María se creó un servicio exclusivo con los recursos públicos para parientes, empleados cercanos y el contralor de Antioquia. Los catalogaron como “particulares especiales” en el hospital, cuyo objeto, desde hace 90 años, es la atención de patologías pulmonares, tuberculosis resistente y sida, y que en los últimos años atendía el 50 % de los pacientes del Soat por accidentes de tránsito, no en cirugía estética sino reconstructiva.

No obstante, los denunciados insistieron en que pagaron como en clínica privada…

De acuerdo con la documentación y los testimonios que nos fueron entregados, es claro que hubo falsificación de documentos. La cajera del hospital La María denunció públicamente que violentaron el sistema y haciendo uso de su clave de acceso, la obligaron a reimprimir facturas entre las que se encontraban las de las hermanas y otros familiares del gerente William Marulanda y las del contralor de Antioquia. Esperemos que los resultados de informática forense de la Supersalud reconfirmen lo expresado por la cajera y otros empleados y contratistas.

Debido al escándalo, el gerente de La María se vio forzado a renunciar pero, en verdad, ¿cuántos familiares y amigos de Marulanda Tobón se beneficiaron de los servicios públicos del sistema de salud?

El hospital La María terminó siendo una clínica privada de la familia Marulanda: además del gerente, William Marulanda, el sugerente era el esposo de una sobrina del gerente; la jefe de recursos humanos y la de archivo también resultaron ser familiares de Marulanda; el jefe financiero y la jefe de sistemas eran esposos, y el entorno gerencial estaba compuesto por sus amigos y aliados de Marulanda Tobón desde la época del hospital de Yolombó.

En su defensa, la hermana del gerente, Laura Marulanda, exauditora general de la República y quien se hizo varias cirugías estéticas en La María, dijo que ella pagó y que usted se hace publicidad a costa de los escándalos.

Mi labor legal y constitucional como concejal es ejercer control político, el cual he practicado con la mayor seriedad y rigor. Algunas de las facturas fueron alteradas tal y como lo hicieron conocer varios testigos. Otras corresponden a “módicas cuotas” que se le concedieron a la exauditora general. Al indagar en el mercado por los costos de los procedimientos estéticos y la atención especializada que recibió la señora Marulanda con motivo de complicaciones originadas en dichos procedimientos, se estima que los mismos pudieron haber costado cerca de $30 millones. Y los dudosos pagos que ella exhibe suman $3’900.000.

Usted también reveló la existencia del que nombró como “cartel” de los cirujanos estéticos. ¿Cuántos de esos médicos sin especializaciones en la materia están en la cárcel, tienen investigaciones abiertas o demandas civiles?

Esa es una banda criminal de batas blancas que capta y engaña a pacientes nacionales e internacionales, y que pidió convalidaciones en el Ministerio de Educación sin haber realizado la especialización de cirugía plástica en países como Perú, Brasil y Argentina. Por lo tanto, resultaron falsas. Completamos una década denunciándolos: son más de cien falsos cirujanos plásticos que operan en diferentes clínicas de garaje. Paradójicamente, el único que purga cárcel -pero en el exterior- es el falso cirujano plástico Carlos Ramos Corena, quien fue requerido por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, acusado de ejercer ilegalmente la medicina en la isla.

¿Nadie más ha sido sancionado?

Aquí Ramos Corena sólo ha recibo dos sanciones, de seis meses cada una, consistentes en suspensión temporal del ejercicio de la medicina del actual Tribunal de Ética Médica, el cual también estuvo cooptado, hace tres años, por la banda de batas blancas mediante el abogado Hárold Mauricio Hernández, quien se desempeñó como secretario general de dicho tribunal ejerciendo, simultáneamente, como defensor de los falsos cirujanos plásticos. Sé que en la Fiscalía y en el Tribunal de Ética Médica se encuentran radicadas denuncias de las víctimas de otros médicos como David Majana, Daniel Andrés Correa Posada, entre otros.

Según sus indagaciones, el grupo de cirujanos con falsos títulos del exterior que venía engañando a sus pacientes, ¿se desmontó o sigue actuando con bajo perfil?

El grupo conformado por anestesiólogos, falsos cirujanos plásticos, cirujanos plásticos que solamente firman historias clínicas sin hacer los procedimientos, enfermeras, auxiliares de enfermería, instrumentadores y administrativos siguen actuando en todo el país sin respuestas efectivas de los organismos de control y de la justicia a las reclamaciones de las pacientes víctimas que han sufrido múltiples deformaciones o la muerte de sus seres queridos.

¿Se puede decir que la corrupción le ganó la partida al sistema nacional de salud y que hay que darse por vencido?

No. La “estructura” no nos ha ganado la partida. Esta batalla apenas comienza. Ya hemos logrado que la Fiscalía, el Ministerio de Salud y la Superintendencia inicien las investigaciones en el hospital La María que, con seguridad, van a extenderse a los demás centros hospitalarios de Antioquia, especialmente en Bello, Caucasia y el Hospital General de Medellín. También hemos encontrado un número importante de ciudadanos de municipios en donde funciona la “estructura”, dispuestos a unir esfuerzos para no permitir que sigan desfalcando el sistema de salud. Por mi parte tengo claro que como concejal no voy a dejar de luchar para impedir que la “estructura” se apropie de esos recursos.