La batalla de desminar a un país

Desde 1990 hasta hoy, se registran 10.243 víctimas. En Colombia se están acreditando empresas internacionales para iniciar los procesos de desminado.

El Programa Presidencial para la Acción contra las Minas Antipersona (Paicma) concluyó que entre 1990 y febrero de 2013, 8.127 personas resultaron heridas, mientras 2.112 perdieron la vida. / Archivo
El Programa Presidencial para la Acción contra las Minas Antipersona (Paicma) concluyó que entre 1990 y febrero de 2013, 8.127 personas resultaron heridas, mientras 2.112 perdieron la vida. / Archivo

Este jueves se cecelbró la campaña ‘Remángate’, que invitó a miles colombianos a solidarizarse con las 10.243 personas que han sido víctimas de las minas antipersona, se realiza cada 4 de abril. Distintas fundaciones, en alianza con la organización Actívate Colombia, apoyan a las personas que han perdido algún miembro de su cuerpo, consiguiéndoles prótesis. Sin embargo, quienes componen esas organizaciones aseguran que la tecnología en el país no permite suplir con calidad la alta demanda que existe y sostienen que el mayor reto que debe afrontar el país es desminar.

Las cifras son escandalosas. El Programa Presidencial para la Acción contra las Minas Antipersona (Paicma) concluyó que entre 1990 y febrero de 2013, 8.127 personas resultaron heridas, mientras 2.112 perdieron la vida –de ellos 772 eran civiles y 1.353, soldados–. Asimismo, la Paicma entre sus estadísticas indicó que 31 de los 32 departamentos tienen riesgo de campos minados o han presentado incidentes. El único que no ha registrado hechos relacionados con esta problemática ha sido San Andrés y Providencia.

Las zonas más afectadas a causa de los artefactos explosivos han sido Antioquia con el 22% de los casos; Meta, con el 10%; Caquetá 8%; Norte de Santander 7% y Nariño 6%. Igualmente, otra de las grandes preocupaciones son los 1.003 menores de edad que han sido víctimas de las minas. De estos 219 niños fallecieron. Dedos, brazos, pies y piernas son las prótesis que distintas fundaciones han entregado desde los años 90 a personas que han sufrido alguna de estas amputaciones. Sin embargo, la directora de Actívate Colombia, Rocío Puentes Velásquez, manifestó que en Colombia “no hay estudios que permitan para construir prótesis de calidad”.

Uno de los proyectos que ha adelantado el Gobierno es la contratación de la fábrica alemana, Ottobock. Para Rocío Puentes, estas alianzas son necesarias para garantizar calidad en las prótesis ya que no se cuenta con la cantidad ni experiencia necesaria para producirlas. Añadió que es necesario que no se tengan tratos diferentes entre un soldado o un teniente, porque por esos rangos no se puede definir la calidad de prótesis que se vayan a dar.
Puentes contó que desde la organización están contactando y ubicando a todas las fundaciones que trabajan con las víctimas, para conocer cómo han sido los procesos de apoyos y conocer si estas personas están siendo vinculadas laboralmente. “Lo que buscamos es una solución integral, en la que tengan las mismas oportunidades que cualquier persona, porque la labor no se queda en el simple hecho de entregar una prótesis. En muchas ocasiones los sobrevivientes han manifestado que se sienten solos y en su momento los muestran como un trofeo pero después no pasa nada”, agregó.

Una de las principales iniciativas y que desde muchos sectores de la sociedad se ha pedido que se haga con celeridad, es el proceso de desminado. Desde el 2 de noviembre de 2011 el Gobierno aprobó que particulares se unieran a la iniciativa. Hasta el momento han sido cuatro empresas extranjeras las que buscan que el Estado las acredite. Una de ellas es G4S C3, una firma de Estados Unidos que ha tenido presencia en 35 países y ha realizados más de 600 operaciones de desminado.

El director para asuntos internacionales en Latinoamérica de la empresa -que fue la primera en hacer presencia en Afganistán en 1983-, Carlos Cardona López, manifestó que el tema de desminar al país “es un fundamental en el proceso de paz, ya que en Ley de Restitución de Tierras se establece que los terrenos tienen que ser devueltos fuera de sospecha de minas. Además, la asistencia de tiene que procurar que las tierras, de las cuales han sido desplazados, sean productivas”.

Agregó que “no solo son las 10 mil víctimas de las que hablan, porque, según recalcan las regulaciones internacionales, el desplazamiento es un factor que victimiza, y en Colombia hablamos de millones de desplazados por los campos minados. De esta manera, las personas que pierden algún aparte de su cuerpo, son llamados sobrevivientes”. De esta manera, apuntó que en Colombia no se ha establecido la magnitud del problema de las minas antipersonal, y “es de gran importancia que le abran las puertas a empresas extranjeras que cuenten con la experiencia necesaria para establecer qué terrenos presentan estas complicaciones”.

 

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