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La crisis administrativa en Cartagena lleva por lo menos una década. Solo en ese período la ciudad ha tenido 12 alcaldes, de tan distintos espectros políticos que poco se ha avanzado en materia de políticas públicas y más bien han quedado las cifras de casi todos los sectores en rojo. Solo para entender, por ejemplo, la situación actual del sistema de salud y por qué la ciudad enfrenta la pandemia del coronavirus con una red hospitalaria quebrada, habría que remitirse al año 2013.
Tras la muerte del exalcalde Campo Elías Terán, en abril de ese año, unas elecciones atípicas y marcadas por una abstención del 71 %, dejaron a Dionisio Vélez como mandatario local: el candidato apoyado por el Partido Verde y el Partido Liberal llegó al poder con 95.870 votos.
Ya entrado en funciones, Vélez le pidió al Concejo de Cartagena la aprobación de un préstamo por $250 mil millones para invertirlos en tres macroproyectos: $100 mil millones para la readecuación de 25 centros de salud; $70 mil millones para la remodelación de colegios públicos, y $80 mil millones para pavimentar calles.
Desde la administración del actual alcalde, William Dau, explicaron a este diario que los consorcios de estos contratos llegaron desde Barranquilla, con el apoyo de Cambio Radical, “y a la hora de gestionar los proyectos, unos hospitales se entregaron y otros quedaron con avances entre el 8 y el 13 %. Todo esto sucedió cuando Vélez trajo de esa ciudad a Martha Rodríguez, para nombrarla en el Departamento de Salud”.
El Concejo aprobó dicho préstamo con una votación 18 a 1. Además, “el distrito no era el dueño del 40 % de los predios de los centros de salud intervenidos, por lo que se cayó en un peculado por uso. Se dieron adelantos de altas sumas de dinero a los consorcios y todo el mundo sabe lo que pasó, ahora la ciudad se quedó sin plata para la salud”, explica David Múnera, secretario del Interior de Cartagena, y quien para la época de Vélez fue uno de los concejales que denunció los problemas del sistema hospitalario.
De acuerdo con documentos de la actual administración local, por ejemplo, la empresa Coinses S.A. habría violado condiciones de los contratos, como en el CAP Bayunca, donde el valor contractual inicial era de $4.699.032.329 y su valor final resultó siendo por $11.611.554.880, y suspensiones y prórrogas de por medio de casi cuatro años. El porcentaje de avance de la obra fue del 98 %. En el Hospital Pozón, el porcentaje de avance fue del 47 %, con un valor inicial de $6’556.719.973 y un valor final proyectado que ronda los $19.280.500.000; el Hospital Canapote tuvo el mismo porcentaje de avance, mientras que centros como el CAP Barú tuvieron avances que solamente alcanzaron el 40 %.
Solo para terminar hoy estos cuatro centros asistenciales se necesitarían $33 mil millones, según la Alcaldía. Además, sus gastos tienen un valor de contingencia para terminar las obras —hasta diciembre de 2020— que ronda los 168 mil millones. Eso sin contar las deficiencias de otros centros como el de Arroyo de Piedra, Islas del Rosario, San Vicente de Paul, Pontezuela, entre otros.
De acuerdo con Javier Hernando Rojas, abogado de Dionisio Vélez, el exalcalde emprendió las obras a sabiendas de que no podían culminarse, muchas de ellas por el poco tiempo que tendría la administración. “Esas obras fueron suspendidas y las debía retomar el siguiente alcalde, quien no atendió su responsabilidad para reanudarlas”, agregó.
A Vélez la Procuraduría le formuló pliego de cargos el 27 de septiembre de 2019 por irregularidades en torno al desarrollo de la infraestructura hospitalaria de la ciudad y por su presunta omisión en la vigilancia y control en torno a esos proyectos. “La alcaldía habría invertido $100.000 millones en el proyecto dirigido a la construcción de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital local Cartagena de Indias, para beneficiar a más de 470.000 habitantes, obras que hoy se encuentran suspendidas y en la situación de abandono, lo que afecta la accesibilidad y óptima prestación del servicio esencial de salud en la ciudad”, señaló entonces el Ministerio Público.
Respecto a esa investigación particular, el abogado sostuvo que el proceso está vigente y centrado en Bogotá, y que para tomar una decisión sobre Vélez “se necesita un rigor probatorio bastante extenso y profundo que no se puede hacer desde un escritorio, sino desde trabajos técnicos y judiciales”.
La mala hora para afrontar una pandemia
Para Rodolfo Llinás, gerente de la Empresa Social del Estado Prestadora de Servicios de Salud (ESE) en Cartagena, lo primero que hay que tener en cuenta en medio de la emergencia por el coronavirus “es que la red de Cartagena de Indias es de baja complejidad y no es ni siquiera de segundo nivel. Nuestra atención en estos casos es primordialmente brindada por médicos generales y atendemos a personas con sintomatologías débiles”.
Llinás, quien no tiene nada que ver con el reconocido neurocientífico colombiano del mismo nombre, insiste en que el deterioro de la red de salud de Cartagena, es consecuencia de las decisiones de administraciones previas y asegura que por eso, con el presupuesto que se cuenta y con el que se proyecta para las próximas semanas, de la mano del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) se pretenden ampliar dos instituciones, una en el suroriente y otra en el suroccidente de la ciudad. Para ello, inicialmente se habla de convenios administrativos de más de $1.500 millones.
Sobre la mesa hay incertidumbres ligadas a que el 15 % de los pacientes que tienen coronavirus en Cartagena necesitan con urgencia ser tratados en un hospital y a que aún falta que las EPS se pongan al día en los pagos que adeudan a las IPS, para comenzar a cuadrar caja.
Desde la Alcaldía se habla de los pilares del Hospital Universitario y la Clínica del Niño como lugares centrales para aumentar las camas de UCI en más de 150, pero mientras el presupuesto siga en veremos, lo que queda es seguir con las campañas para evitar el contagio masivo de la enfermedad.