¿Por qué contratistas señalados de estafar al ICBF en Bolívar fueron puestos en libertad?

La juez de garantías que atendió el caso del concejal de Cartagena Américo Mendoza, su cuñada y dos de sus hijos, aseguró que no hay defraudación por no comprobarse que los dineros del contrato señalado de ser irregular fueran del Estado.

El concejal de Cartagena Américo Mendoza y sus familiares Olga Lucia Pérez Gutiérrez, Flor Elena Pérez Gutiérrez, María Camila Mendoza Pérez e Iván Camilo Mendoza Pérez, fueron dejados en libertad el pasado jueves luego de ser acusados de apropiarse ilegalmente de recursos del ICBF en Bolívar a través de un contrato de la fundación Prociencia en cuantía de 1.566’650.198 para refrigerios y complementos nutricionales que nunca fueron entregados, sobrecostos en la alimentación y pagos de arriendo. Quien tomó la desición fue una juez de garantías asegurando que no se pudo comprobar que el dinero de dicho contrato fuera del Estado.  (Lea: Fiscalía captura a concejal de Cartagena en medio de proceso por fraude electoral)

“Evidencia esta juez de garantías no solo que la calidad de servidor público no se encuentra demostrada en ninguna de los cinco ciudadanos, sino además que no estableció si esos recursos manejados por Prociencia, son recursos públicos porque son entidades privadas. Si analizamos los conceptos legales sobre la naturaleza de esos recursos parafiscales que se utilizaron ni siquiera hacían parte del fisco entonces tenemos que señalar que en virtud de esas apreciaciones no podríamos hablar de una autoría y no se puede dictar la medida”, explicó la juez.

Después de conocer la decisión, la misma Fiscalía y la Procuraduría decidieron apelar al considerar que sí hubo defraudación en recursos públicos. De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía, Prociencia, fundación creada por el concejal Mendoza, se habría apropiado de millonarios recursos destinados a tres mil 374 niños de cero a cinco años, madres gestantes y lactantes.

La entidad también habría descubierto un supuesto carrusel al percatarse de que tres empresas proveedoras fachada de Prociencia estaban a nombre de los hijos de Olga Lucia Pérez Gutiérrez, actual tesorera de la fundación. “Era una unidad familiar a modo de organización delictiva”, indicó el Fiscal Néstor Humberto Martínez.

 

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