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COVID-19: Víctimas en confinamiento claman por alimentos y apoyo estatal en Cartagena

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En las 436 viviendas del barrio Juan Pablo II en Cartagena habitan víctimas del conflicto armado. La fuente de empleo es la informalidad, actividad que en la cuarentena está paralizada. Amenazan con salir a protestar si no reciben ayudas.

Cleiner Almanza es una mujer del barrio Juan Pablo II en Cartagena. Salió desplazada de la vereda La Reforma en los Montes de María (Bolívar), en el año 2000. Fue víctima de secuestro, violencia sexual dentro del secuestro, violencia sexual por parte de los paramilitares. “En la búsqueda de mi hermano, fui violada por la Policía  y los Soldados. Ya no me da miedo decirlo”, cuenta Almanza, lideresa de la mesa distrital de víctimas en Cartagena y vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de ese barrio, antes de decir “estamos peor que cuando la guerra, porque no podemos huir.  El COVID-9 nos tiene en un aislamiento que no aguantamos por el hambre”.

El barrio Juan Pablo II fue conformado por familias víctimas de conflicto en el 2010. En tiempos de cuarentena sus habitantes están denunciando que no tienen alimentos para preparar. “Nadie ha mirado a esta comunidad, hay niños y adultos mayores padeciendo por hambre porque no hay comida”, dice Almanza en una llamada vía telefónica con El Espectador, llamada en la que se puede escuchar el llanto de niños, ella asegura que es por hambre. 

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La pobreza en los sectores populares de Cartagena no ha sido un secreto para el país. Según Cartagena Cómo vamos los estudios hechos en 2018, arrojaron que la ciudad era la más pobre de las siete principales capitales de Colombia. 268.000 habitantes vivían en condición de pobreza. 

Con la medida de aislamiento preventivo obligatorio la crisis se agudizó para barrios como Juan Pablo II, sector donde la mayoría de sus habitantes trabajan como mototaxistas, vendedores ambulantes, fritangas, comercio de frutas y verduras.  

“Yo vendo plátano, yuca, ñame y aguacate, pero ahora no puedo hacer nada porque si uno está en la calle la Policía le forma problema, prácticamente me siento como si estuviéramos pagando casa por cárcel. Hay que quedarse en casa por el virus”, cuenta Libardo Cassiani, habitante del barrio y desplazado de la violencia en Arroyo Hondo, en el corregimiento de Palenque (Bolívar). Declaró en el 2003 y aún no ha sido indemnizado por el Gobierno.  

Esa comunidad denuncia que han mandado peticiones de ayudas al Distrito pero no reciben respuestas. Le mandaron una carta al presidente Iván Duque, como la última opción. 

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Si no reciben respuestas del distrito de Cartagena o del Gobierno Nacional, toda la comunidad de Juan Pablo II está dispuesta a salir a las calles, “con hijos y adultos mayores, con los perros y gatos”, asegura Almanza. 

Marcos Feria tiene 75 años, es desplazado desde hace 20 años, cuando salió  del corregimiento de Las Brisas  entre San Juan y María la baja, en Bolívar. “Tengo cinco enfermedades en el cuerpo, me operé tres veces de la vista: no veo por el ojo derecho”, dice Feria, quien asegura que solo quiere que los ayuden con alimentos y le paguen la indemnización que le deben desde el 2000. 

La administración de la capital de Bolívar compró 32.367 mercados para entregar a las familias vulnerables, según la Contratopedia Caribe, plataforma digital especializada en seguirle el rastro a la contratación pública en la región Caribe. Sin embargo, a la fecha hay barrios a donde no llegan las ayudas.  La Alcaldía de Cartagena no respondió a El Espectador sobre las dudas de la comunidad. 

 

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