El día en que la Policía justificó el homicidio de un activista gay por “promiscuo”

Este 23 de febrero sería la antesala del cumpleaños número 51 del activista gay Rolando Pérez, un convencido de que todas las personas nacen iguales. Tendría muchos más motivos para festejar al ritmo de salsa y ron cubano, en la esquina de Quiebra Canto, en Cartagena. Querría celebrar la adopción igualitaria, que tanto añoraba, así como aplaudiría el derecho a cambiar el sexo en la cédula y la inclusión de la población LGBTI en los diálogos de paz.

Ya han pasado nueve años desde que Rolando fue asesinado en su propia casa y aun no hay respuestas. El caso está lleno de puntos suspensivos e interrogantes que rondan la impunidad. Lo único claro hasta ahora es que a Pérez lo asesinaron el 23 de febrero de 2007 hacia las 7:00a.m. en su vivienda, con un martillo ancestral que él mismo compró en el Amazonas, lo golpearon hasta cinco veces en su rostro y las heridas provocadas fueron de hasta 8cm, había sevicia. Y no se llevaron ningún objeto de valor.

Meses antes, Pérez fue blanco de escopolamina y recibió amenazas, al parecer, por su labor en defensa de los derechos humanos y de los gais, desde los micrófonos de un programa radial. El 24 de febrero, fecha de su cumpleaños, Edgar Plata, pareja en ese entonces de la víctima y con la que hoy cumpliría 23 años de relación, recibió una llamada que lo alertaba y le decía que algo malo le había pasado a Rolando, quien no había contestado el teléfono hacía horas.

Los amigos del activista fueron llegando poco a poco a la escabrosa escena en un apartamento del barrio Torices de La Heroica. Sólo su mejor amiga Claudia Ayola vio el cuerpo para identificarlo. Cuando todo parecía no poder empeorar, el entonces comandante de la Policía de Bolívar y hoy inspector general de esa entidad, coronel Carlos Mena Bravo, llegó al sitio y dijo frente a los medios de comunicación que todo indicada que “los móviles fueron absolutamente pasionales por cuanto este ciudadano llevaba una vida desordenada, era promiscuo y, en su condición de homosexual, tenía varias personas como pareja".

La declaración generó de inmediato una ola de indignación. “La Policía, que tenía que garantizar la protección de la víctima, salió a justificar el hecho. Nos congregamos los amigos de Rolando y ese grupo fundó meses después la organización Caribe Afirmativo, para pedir que la muerte no quede en la impunidad y solicitar la retractación del coronel Mena, porque por él diarios locales y emisoras empezaron a aprobar el asesinato”, recuerda Wilson Castañeda, director de esa organización, que hasta la fecha ha registrado 135 homicidios de personas LGBTI y más de 60 hechos de violencia policial contra esta población.

La primera solicitud que hizo Caribe Afirmativo, según Castañeda, fue ante la Procuraduría y contra el entonces coronel Mena. “El ente le ordenó finalmente al uniformado que se disculpara públicamente, pero lo único que recibimos a finales de 2011 fue una carta donde indica que, si los actos nos han ofendido, nos pide disculpas. Pero no se refiere al caso de Rolando. Estamos aún esperando la retractación por esas expresiones homófobicas y prejuiciosas y que se sancione al hoy general Mena, quien en la actualidad es una autoridad en derechos humanos”, asevera Castañeda.

En respuesta a un oficio enviado por Colombia Diversa, la Procuraduría afirmó que las palabras del entonces comandante de la Policía de Bolívar podrían influir de manera negativa en el esclarecimiento de los verdaderos móviles del hecho, y le solicitó al director de la institución de aquella época, Jorge Castro, que estas conductas no se repitieran. Pues "así se garantizaría un comportamiento imparcial de la fuerza pública en las investigaciones". (Lea aquí el concepto de la Procuraduría)

¿En qué va el proceso judicial?

De acuerdo con Castañeda, a principios de 2012 un fiscal de Cartagena decidió cerrar el caso por falta de pruebas. Un hecho inusual porque se recopilaron más de 30 de declaraciones. Entonces, Caribe Afirmativo acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que se haga seguimiento a los casos de víctimas LGBTI, y en 2013 se reabre la investigación. “Hace poco, el fiscal nos dijo que está leyendo el expediente, es un fiscal que tiene hace dos años el caso y hasta ahora está leyendo el expediente. Le hemos pedido a la oficina de políticas públicas de la Fiscalía que priorice este caso”, dice Castañeda.

Mauricio Noguera Rojas, fiscal asesor del equipo de género y enfoque diferencial, le dijo a El Espectador que el proceso se encuentra en etapa de investigación y que “en los últimos dos años ha habido actividad procesal tendiente al esclarecimiento del caso, ello a pesar de que el paso del tiempo, como en cualquier proceso, supone una dificultad adicional para el fiscal a cargo. Desde 2015, el Grupo de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Fiscalías y la Dirección Seccional de Bolívar han priorizado este caso por ser emblemático para la población LGBTI”.

Mientras tanto, quienes conocieron a Rolando siguen empeñados en hacer memoria e impedir que se engavete el expediente. Edgar Plata sigue esforzándose por ir casi todos los viernes del mes hasta la Fiscalía para recordarle a la justicia que tiene una deuda pendiente con los derechos humanos en Cartagena. El legado de Pérez sigue vivo en cada uno de los que fueron sus alumnos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Un hombre al que le asombraba que la educación no fuera gratis en Colombia, que le encantaba la ropa de color amarillo, que añoraba el arroz congrí, que amaba ir a playa y al que le irritaba la corrupción.

Este miércoles Rolando celebraría su cumpleaños. Una camisa manga larga de lino beige y un pantalón ocre fue el atuendo que compró hace nueve años para ese día y que nunca alcanzó a usar.