Fallo obliga a Alcaldía de Cartagena a crear política pública para habitantes de calle

El Tribunal Administrativo de Bolívar reconoció que el distrito no ha adelantado acciones concretas para atender a esta población, pese a existir una ley que así lo exige.

/ Archivo - El Espectador

Fue la Defensoría del Pueblo la que le exigió al distrito de Cartagena no seguir evadiendo lo que por ley es una obligación. A través de una acción de cumplimiento, la entidad le pidió a la alcaldía de la ciudad diseñar, implementar y evaluar una política pública que garantice y restablezca los derechos de las personas habitantes de calle “sin dilación”.

De acuerdo con una ley de 2013, “las entidades territoriales en virtud del campo de aplicación están obligadas a agotar cada una de las fases de la política pública social para los habitantes de la calle”.

Fue por esto que un juez de la ciudad le dio la razón a la Defensoría el pasado 26 de abril, y reconoció que hay un déficit en la atención de esta población vulnerable en la Heroica. Pero el distrito impugnó la decisión judicial, argumentando que desde 2009 ejecuta programas, a través de fundaciones, dirigidos a los habitantes de calle.

La administración local dijo que estas gestiones son para “hacer posible la creación de una política pública social” para estas personas. Y agregó que “en 2013 atendieron a 180 habitantes de calle, que en 2015 la cifra fue de 150, con un presupuesto de $360.000.000; y que este año se espera atender a 80 personas en situación de vulnerabilidad”.

Pero los argumentos del distrito no convencieron al Tribunal Administrativo de Bolívar, que el pasado 24 de mayo ratificó el fallo del juez y ordenó a la Alcaldía de Cartagena crear cuanto antes una política pública para habitantes de calle. Y aseguró que aunque se llevaron a cabo programas para atender a esta población, eso no constituía una política pública, ni hay un plan de acción definido como política para este grupo. 

Una política pública constituye un conjunto de principios que buscan garantizar y proteger los derechos de las personas, además de ser un marco normativo de obligatorio cumplimiento, con el que se regula una de las problemáticas sociales más notorias que afectan a la ciudad: los habitantes de calle.

Así entonces, la Alcaldía de Cartagena deberá establecer un punto de partida, en el que se establezcan roles, acciones y mecanismos de implementación concretos. Esa política deberá incluir perspectiva de género, atención integral en salud, desarrollo humano integral, movilización ciudadana, responsabilidad social empresarial, formación para el trabajo y convivencia ciudadana.