La ola de violencia en Cartagena estaba anunciada hace dos meses

La Defensoría del Pueblo aseguró, en 34 páginas, que las bandas criminales tienen azotados a 40 barrios de la ciudad. Esas zonas no fueron cobijadas con la prohibición de motos con parrilleros. El 35% de la población está en riesgo.

Pilar Cuartas Rodríguez

Cartagena de Indias, casi siempre presente en el radar nacional por ser sede de importantes eventos y por su atractivo turístico, ha estado en las últimas semanas bajo la lupa pública por cuenta de varios hechos criminales, entre los que se encuentran el asalto al empresario Alfonso el “Turco” Hisalca Eljaude y el homicidio del exbeisbolista Napoleón Perea Fernández. La ola de violencia no es nueva, desde hace dos años la ciudad ha experimentado los niveles más altos de criminalidad en su historia, y la situación había sido anunciada desde el 18 de julio por la Defensoría del Pueblo. (Lea aquí: Hasta los delitos tienen estrato en Cartagena)

En un documento de 34 páginas, conocido por El Espectador, la entidad dio detalles de las principales problemáticas y le solicitó a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, liderada por el Ministerio de Interior, emitir una alerta para que las autoridades actúen para combatir estos hechos delictivos. Sin embargo, los avances han sido pocos aunque la alerta efectivamente fue decretada el 27 de julio. 

Algunas de las situaciones más preocupantes ocurren en las zonas más deprimidas y olvidadas por la administración. En el Pozón hay toques de queda después de las 11p.m. y panfletos firmados por Los Urabeños exigen que 31 personas abandonen el sector; en otros barrios la banda Los Principitos, que se hace pasar por el Clan Úsuga, chantajea a las víctimas con inventar información para dañarles su imagen y les exigen hasta dos millones para no hacerlo; y en Nelson Mandela se intimida a las mujeres para que abandonen los procesos de liderazgo, o de lo contrario sus hijos serán secuestrados o asesinados.

Según el informe, 355.527 personas en 40 barrios de tres localidades están en riesgo por la ola de violencia que azota a La Heroica, lo que representa el 35% de la población. Los menores, las mujeres, las comunidades afrodescendientes, los corregimientos Arroyogrande y Pasacaballos, la Mesa Distrital de Víctima y varios sindicatos (como Sintrainal, Sutimac, ANTHOC, USO, Sintraelecol, Sintraunicol y Sintrabiofilm) son los sectores sociales más afectados.

“Las precarias condiciones de bienestar de la población y la débil presencia estatal” son variables que han hecho a los terrenos fértiles para la delincuencia. En condiciones de pobreza y desempleo el narcotráfico, la extorsión y el préstamo ilegal podrían volverse oportunidades atractivas para los cartageneros. El 25,45% de Cartagena tiene sus necesidades básicas insatisfechas, es una de las ocho ciudades más pobres de Colombia y en 2015 ninguna institución educativa pública alcanzó el nivel de A+ (el más alto en las pruebas Saber 11).

Los constantes cortes de energía, un servicio a cargo de Electricaribe, también han incidido en la expansión de la violencia. Cada cartagenero pasa en promedio aproximadamente 46,55 horas sin servicio de energía eléctrica. “Un sistema de alumbrado público precario incentiva la comisión de hechos delictivos con menor probabilidad de ser detectados o capturados”, dice la Defensoría en su informe.

Las bandas criminales Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Rastrojos y Las Águilas Negras, así como otras organizaciones criminales aun no identificadas, están ejerciendo control sobre varias zonas de Cartagena, debido a las condiciones geográficas que facilitan el envío de drogas ilícitas a mercados internacionales.

Estos grupos posdesmovilización han impuesto un nuevo orden social, expulsan a las comunidades asentadas tradicionalmente en esos territorios estratégicos, “perpetran homicidios y amenazas contra líderes” y resuelven conflictos sociales por medio de la violencia. Una de tácticas más alarmantes, según la Defensoría, es el reclutamiento ilícito de menores para que adelanten labores de vigilancia, mensajería y acciones violentas.

Y aunque para contrarrestar esto la Alcaldía de Cartagena implementó la “Ley Zanahoria”, para que los menores no asistan sin un mayor a lugares públicos entre las 10p.m. y las 5a.m., no se han obtenido resultados. “Quienes infringen estas medidas son entregados a sus padres con unas recomendaciones de la Policía Nacional. Sin embargo, no hay seguimiento de estos casos”, dice la entidad.

Las bandas también ejercen control en algunas vías, cruces de carreteras, corredores entre regiones y vigilan la entrada y salida de mercancías legales e ilegales. Y hay un fuerte mercado ilegal de armas pequeñas, el año pasado el 75,36% de los homicidios fueron cometidos con estas. En 2012 se conoció que existían escuelas sicariales que reclutaban a jóvenes de la ciudad, y aunque hoy es incierto si continúan sí hay alquiler de armas exclusivo para menores.

Las amenazas también preocupan. Según la Fiscalía, entre enero de 2011 y marzo de 2016 se registraron 6.800 víctimas de amenaza en el Distrito, y este año se han reportado 262 casos, lo que ubica a Cartagena como la sexta ciudad con mayor número de amenazados.

Desde hace dos meses, las principales autoridades del país estaban enteradas de la situación alertada por la Defensoría, entre esas la alcaldía, el Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Bolívar y la Policía. Algunas de las recomendaciones que se hicieron fue que la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena implementaran medidas que restrinjan o prohíban el porte de armas en los barrios y sectores identificados en riesgo, así como la circulación de motocicletas con parrillero, especialmente en horas nocturnas, y fortalecer el funcionamiento de CAI Móviles.

El lunes, luego de que personas reconocidas fueron blanco de la delincuencia, el alcalde de Cartagena, Manolo Duque, prohibió que los conductores de moto llevaran parrilleros en Bocagrande, Castillogrande, Crespo, El Laguito, Manga y Pie de la Popa. Esas zonas no hacen parte del listado de los barrios que están en riesgo. 

Estos son los barrios en riesgo por la inseguridad

Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte

Barrios: Palestina, Pablo VI, Lo Amador, Torices (sector Las Lomas de Peyé), Daniel Lemaitre (sector Las Lomas), San Francisco, Barrio Chino, Bosquecito, San Isidro, Altos de San Isidro, y El Bosque (sector el Zapatero y Juan Pablo II).

Zona rural: La Boquilla.

Territorio Étnico: Consejo comunitario La Boquilla, Mar Linda y Villa Gloria.

Localidad 2 de la Virgen y Turística

Barrios: Boston, La Candelaria, La Esperanza, La María, La Quinta, El Pozón, Fredonia, Flor del Campo, Nuevo Paraíso, Olaya Herrera, Urbanización Colombiatón, Villa Estrella, República del Líbano y Olaya Herrera.

Localidad 3: Industrial y de la Bahía

Barrios: Arroz Barato, Ceballos, Policarpa, San José de los Campanos, Nelson Mandela, La Sierrita, El Educador, Henequén, Urbanización La Carolina, Ciudad Bicentenario, Refugio La Carolina, Torres de Bicentenario y Villas de Aranjuez.

Zona Rural: Pasacaballos.