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La Procuraduría General de la Nación no da su brazo a torcer en su posición frente a la candidatura de Antonio Quinto Guerra Varela a la Alcaldía de Cartagena y la presunta inhabilidad que tendría por el otrosí a un contrato firmado en octubre de 2017. En ese sentido, el viceprocurador general Juan Carlos Cortés González presentó este lunes un recurso de reposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que pide la nulidad de la resolución 0995 del 27 de abril del 2018, que negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de Quinto Guerra y dejó en firme su candidatura para las elecciones atípicas del próximo domingo 6 de mayo.
Para el Ministerio Público, Guerra sí está inhabilitado para aspirar al primer cargo de la Heroica, sin embargo, en el documento del recurso, el viceprocurador agrega que la resolución que avala la candidatura de Guerra por parte del CNE “se profirió sin contar con la mayoría calificada que se exige legal y reglamentariamente, generándose con ello la nulidad de lo actuado a partir de la expedición de la mencionada”, lo que sería una equivocación de fondo por parte de la autoridad electoral.
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El jueves pasado, 26 de abril, la sala plena del CNE votó el proyecto del magistrado Alexánder Vega, que resolvía la solicitud de revocatoria y dejaba en pie la candidatura de Quinto Guerra, no obstante, la votación fue de cinco a favor y cuatro en contra, por lo que no se obtuvo la mayoría calificada necesaria para una decisión en el caso. En consecuencia, se convocó a audiencia al día siguiente, 27 de abril, y se nombraron dos conjueces para que la decisión sobre la aspiración de Guerra se tomara contando con la mayoría necesaria.
Es decir, en la nueva votación la sala plena estaba conformada por los nueve magistrados titulares del CNE y dos conjueces, sin embargo, no asistieron Ángela Hernández Sandoval, Bernardo Franco Ramírez Y Gloria Inés Gómez Ramírez. En esta nueva ocasión, la votación fue de seis a favor y dos en contra, por lo que la Procuraduría “puso en conocimiento de la Sala que no se contaba con la mayoría calificada necesaria para tomar la decisión, en los términos del artículo 20 del Código Electoral. Sin embargo, dicha petición no fue atendida y se procedió a tomar la decisión dentro de la actuación administrativa”.
Según la Procuraduría, la mayoría necesaria para tomar la decisión era de, mínimo, siente votos, teniendo en cuenta que la sala plena la integraron los dos conjueces. “Al haberse tomado la decisión con un número menor a las dos terceras partes de los miembros que conforman la sala, esta se adoptó por unas personas que no tenían competencia para ello, violándose, como ya se explicó, la figura del juez natural, configurándose una irregularidad de carácter sustancial que generó la nulidad, desde ese instante, de dicho acto administrativo”, señala el documento presentado por la Procuraduría ante el CNE.
Además, el Ministerio Público considera que el otrosí al contrato que ya había formado Guerra con el Ministerio de Vivienda no se trata de un acto modificatorio del contrato sino un contrato adicional. “Es necesario concluir que el otrosí 1 del 30 de octubre de 2017 creó nuevas obligaciones entre Antonio Quinto Guerra Varela y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que el otrosí 1 es un contrato adicional y no una convención adicional de un contrato”, señala la Procuraduría.
En conclusión, la Procuraduría le pide al CNE que se decrete la nulidad de la decisión y que revoque la inscripción de Quinto Guerra. Este recurso de reposición deberá ser resuelto este miércoles.