¿Quién tiene la culpa? Nadie responde por edificio que daña vista al Castillo San Felipe

EFE

Cartagena de Indias podría salir de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, de la que hace parte desde 1984. La advertencia la hizo en diciembre la organización por culpa de la construcción del proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, que consta de cuatro torres de 31 y 32 pisos y que afecta el paisaje del Castillo San Felipe, una de las joyas históricas de la ciudad. Aunque las autoridades hoy están de acuerdo en que sí pone en riesgo el patrimonio y se suspendieron las obras, hace más de un año, cuando se inició la construcción, nadie la detuvo, pese a las denuncias de ciudadanos y de la prensa. (Así fue la polémica en 2016: Controversia en Cartagena por proyecto de VIS que taparía visibilidad hacia el Castillo San Felipe)

Según la Unesco, Aquarela “perturbaría y constituiría una afectación importante a la relación visual y simbólica existente entre el Castillo y su entorno, poniendo en riesgo uno de los atributos que sostienen el Valor Universal Excepcional de Cartagena”.

Semanas antes de que el tema cobrara relevancia internacional, el Ministerio de Cultura intentaba frenar la construcción a través de una acción popular. En esa demanda, la cartera pidió como medida cautelar que se suspendieran las obras, y a finales de 2017 un juez la concedió. (Lea: ¿Qué significa para Cartagena salir de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco?

¿Por qué le dieron todos los permisos y licencias a Aquarela si afectaba el patrimonio? ¿Quién debe ser investigado? ¿Se debe demoler el edificio? Y ¿Quién les responde a los propietarios de esos apartamentos? Son algunos de los interrogantes que están en el aire. Lucas Tamayo, representante legal de Promotora Calle 47, firma dueña de Aquarela, aseguró a El Espectador que la constructora cumplió con todos los requisitos legales y anticipa que, ante cualquier decisión judicial, defenderá sus derechos como constructores y los de sus compradores.

“Buscaremos los espacios para demostrar a la Unesco que nuestro proyecto no atenta contra el patrimonio histórico y que cumple con la ley”, agregó.

En efecto, Promotora Calle 47 llevó a cabo el proceso legal para hacer realidad el Aquarela Multifamiliar, obtuvo las licencias e inició la construcción de la primera torre, que ya tiene 20 pisos. El Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Cartagena y la curaduría se tiran la pelota acerca de quién tiene la culpa por permitir que se atravesara un edificio de 94 metros de altura en la vista hacia el Castillo San Felipe. Cada dependencia ha dado su excusa.

Luis María Calvo, arquitecto argentino quien lideró la misión enviada a inspeccionar los patrimonios en Cartagena. Cortesía.

¿Quién tiene la razón?

Antes de comenzar las obras, la firma de constructores le consultó al Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena (IPCC) si el proyecto estaba ubicado en la zona de influencia del Castillo San Felipe, pues de ser así, las torres podrían tener como máximo cuatro pisos, y no 32. El 4 de mayo de 2015, la entidad respondió el derecho de petición: “se pudo constatar que el inmueble… no se encuentra localizado” en dicha área. Así mismo, tampoco alcanza a cruzarse con “visuales importantes”.

Sin embargo, Sergio Londoño, alcalde (e) de Cartagena aseguró a este diario que, pese a que no pertenezca a la zona de influencia, “el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no permite construcciones de libre altura para ese sitio”. ¿Por qué se otorgaron entonces las licencias?

Ronald Llamas, curador urbano No.1, explicó a El Espectador que lo hizo porque Aquarela Multifamiliar está certificado por Corvivienda como proyecto de VIS, por lo cual debía apegarse a la norma que reglamenta ese tipo de construcciones: la circular del 10 de diciembre de 2013, expedida por la Secretaría de Planeación, la cual no impone restricción de altura.

Al enterarse del argumento del curador, el Mincultura concluyó que Llamas había modificado el POT, sin consentimiento del Concejo, así que el distrito debía hacerse cargo, pues fue el que expidió la circular. Ante la negativa del curador, quien asegura que no modificó nada y solo actuó según lo estipulado por la ley, el director de patrimonio del ministerio, Alberto Escovar, indicó que aun así el tema no era de su competencia; de serlo, “tanto la curaduría como el IPCC nos lo hubieran enviado para su evaluación, lo que nunca sucedió. Por supuesto, si hubiese sucedido, jamás hubiese sido autorizado”.

Pero el alcalde (e) de Cartagena lo desmiente. Después de que estallara la controversia, “en numerosas ocasiones el IPCC les advirtió sobre lo que estaba sucediendo con esta construcción, como consta en comunicaciones enviadas al ministerio en 2016, lo que incluso motivó que viniera una funcionaria a inspeccionar las obras. Pero solo se pronunció un año después modificando una resolución”. Y añade que el ministerio fue la autoridad que declaró al castillo como bien de interés cultural, y por tanto tenía la facultad para suspender “la intervención que se adelante sin la respectiva autorización”.

El director de patrimonio dice que el IPCC habló de forma general sobre su preocupación por el Aquarela. Y que pese a comprobar que el proyecto no estaba en zona de influencia, que es sobre la que puede actuar, quedó a la espera de un documento con las especificaciones del proyecto para evaluarlo, el cual nunca llegó.

Por eso, fue hasta 2017, cuando la prensa prendió aún más las alarmas, que el Ministerio de Cultura empezó a estudiar el caso y propuso ampliar la zona de influencia del Castillo San Felipe para evitar que casos como el de Aquarela se repitieran. Aunque el Concejo de Cartagena la avaló, el daño ya estaba hecho.

“En 2016, El Espectador publicó la nota “Controversia en Cartagena por proyecto de VIS que taparía visibilidad hacia el Castillo San Felipe”, en la cual se anunció cuántos pisos tendrían las torres. Al multiplicar 30 pisos por tres metros de altura, tenemos una altura de 90 metros, ¿por qué no hicieron un estudio en ese momento para ver si afectaba las visuales?”, criticó el curador Llamas.

Planos donde se evidencia que el Aquarela no está cobijado dentro de las "Visuales importantes" establecidas en el POT. Cortesía. 

Todo en manos de un juez

En medio de los intentos de las partes por exculparse, en diciembre el juez ordenó suspender las obras en Aquarela, mientras se toma una decisión de fondo. "Nuestros abogados interpusieron el recurso correspondiente contra esta medida temporal que es importante aclarar no es una decisión definitiva del Juez pues el proceso sigue. Para la culminación de ambos procesos faltan varias etapas, entre otras la práctica de pruebas, alegatos finales y fallo", explicó Tamayo, representante legal de la constructora.

El Juez Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena dará la última palabra en esta pelea, que hasta ahora no tiene investigados. Será este quien tenga la difícil tarea de decidir qué pasará y quién responderá por la construcción que tiene comprometidos los ahorros de 900 familias, la inversión de la constructora y el futuro de Cartagena como miembro de la lista de Patrimonio Mundial.