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Durante su visita al corregimiento de El Salado, Bolívar, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez anunció que para el 2019 hay muchos planes por desarrollar en el lugar. Como, por ejemplo, la construcción de una estación de Policía para garantizar la seguridad de sus pobladores.
“Se le ha pedido a la Alcaldía que resuelva la posibilidad de un terreno. El gobernador de Bolívar, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior estaremos uniéndonos para hacer el proyecto”, dijo Gutiérrez.
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La jornada de trabajo se realizó para implementar el Plan de Acción Oportuna con los entes territoriales y la comunidad. Un punto por revisar es el incremento de amenazas a líderes sociales. Ya la fuerza pública está ejerciendo mayor presencia en el territorio: “Llevamos el mensaje a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para buscar una unión y acelerar el proceso de investigación de las amenazas”, señaló la ministra.
La idea es elaborar una ruta de acción para que el Gobierno y la Defensoría del Pueblo regresen a la zona y se pueda trabajar con la Unidad de Víctimas. Todo, para gestionar acuerdos que permitan la reparación de colectiva y revisar el tema de las tierras. “Se garantiza la presencia del Estado permanentemente, acompañando a la comunidad y diciendo: ‘no están solos, no queremos un muerto más, ni en El Salado, ni en el sur de Bolívar’, finalizó Nancy Patricia Gutiérrez.
Por otro lado, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas afirmó que “las indemnizaciones vía sentencia judicial por la masacre de El Salado, jurisdicción del municipio de Carmen de Bolívar, serán pagadas antes de finalizar marzo de este año".
Rodríguez manifestó que los fondos para “esas obligaciones ya están en el banco y falta la orden para que se puedan desembolsar, porque la Unidad ya cuenta con este presupuesto y lo que queremos es poder cumplir con este compromiso antes de finalizar este 31 de marzo”.
Las víctimas del corregimiento no solo solicitaron la reparación colectiva, sino que además denunciaron que las amenazas contra su vida continúan. Respecto a esto, el director señaló ““La Fuerza Pública y la ministra del Interior fueron muy claras sobre todas las cosas que han hecho para verificar las amenazas que han aparecido en los celulares de cada una de las víctimas en ese territorio”.
Para la segunda semana de marzo se programó una reunión entre la Dirección Territorial de la Unidad en Bolívar y la comunidad para “para revisar el plan y ver qué medidas se pueden ajustar, porque el Plan repara a las víctimas y a las diferentes comunidades; lo que queremos es que las víctimas tengan el mejor Plan y que corresponda a sus necesidades”. Así lo afirmó Ramón Rodríguez.