Buenaventura: entre la violencia y el narcotráfico

Tras el asesinato de dos hombres, el pasado fin de semana, más de 300 familias fueron desplazadas de sus hogares. Las autoridades incrementaron la intervención militar para mitigar la situación de violencia. ¿Qué sucede en en el puerto?

Buenaventura tiene 12 comunas. De estas, cuatro están militarizadas debido a la situación de violencia. Se trata de la 3, 10, 11 y 12. Mauricio Alvarado

El asesinato de dos hombres, de 21 y 32 años, en el barrio Alberto Lleras Camargo, ubicado en la comuna 3 de Buenaventura, derivó el pasado fin de semana en el desplazamiento de más de 300 familias que huyeron por temor a que les sucediera algo.

La mayoría de las familias se desplazaron de manera intraurbana, es decir, acudieron a la casa de algún familiar o vecino, mientras que  32 se encuentran en un albergue que habilitó la Alcaldía de Buenaventura.

“Hicimos una visita el martes 11 de julio para verificar las denuncias hechas por la comunidad y nos encontramos con un barrio desolado, cuando esto nunca sucede porque siempre mantiene lleno de gente. Ese día las calles estaban solas, la mayoría de las casas vacías y otras estaban cerradas por temor a salir. Se suspendieron las clases en los colegios del sector porque temen encontrarse en medio de una balacera”, dijo a El Espectador el personero Jesús Rodríguez.

Durante la visita, el personal de la Policía y de Infantería que llegó a  la zona fue recibido a disparos por desconocidos. “Se presenta en el barrio la captura de cuatro personas y también la incautación de cinco armas de fuego, entre ellas un fusil”, afirmó a este medio el Secretario de Gobierno de Buenaventura, José Luis Bernat Fernández.

Buenaventura es el principal puerto marítimo del país y uno de los 10 más importantes de América Latina. Por aquí ingresa el 60% total de mercancía que entra y sale del país. Sin embargo, debido a su ubicación geoestratégica, también es uno de los principales corredores del narcotráfico.

El convulso escenario ha sido ya denunciado por la Defensoría del Pueblo que en la Alerta Temprana N º 007-19 manifestó que el puerto “presenta todas las condiciones necesarias para el procesamiento, comercialización y exportación de todo lo relacionado al flujo de economías ilegales, en especial la generación de recursos prevenientes del clorhidrato de cocaína, además del tráfico de armas, tráfico de combustibles y la explotación de la minería ilegal por los diversos medios ilícitos de transporte”.

Los grupos ilegales emplearon acciones de terror y se fueron apoderando de los callejones, vías, viviendas abandonadas, espacios públicos y zonas de embarque instaurando un régimen de miedo y violencia.

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De acuerdo con el personero de Buenaventura, el narcotráfico es el principal factor que produce la violencia en la zona. “Muchos jóvenes están ingresando a las bandas criminales porque no hay inversión social”, dijo.

Incluso, de acuerdo con la Defensoría,  los grupos armados “instrumentalizan a los jóvenes para la comisión de conductas contra la vida e integridad ofreciéndoles dádivas y adoptando tácticas de dominación social, económica y territorial, que varían constantemente”.

De las 12 comunas que tiene Buenaventura, cuatro están militarizadas debido a la situación de violencia. Se trata de la 3, 10, 11 y 12. Las comunas las custodian más de 200 policías, un equipo de homicidios, cuatro pelotones de Infantería Marina y esta semana llegará un grupo de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejercito Nacional.

En la zona hay dos bandas: “La local” y “La Empresa”. “Estas bandas tiene más de cuatro años, tiempo en el que se les ha dado duros golpes. Lo que han venido haciendo es disputándose el territorio y los caminos del tráfico de estupefacientes, en su gran mayoría son sectores que tienen acceso al mar”, explicó el Secretario de Gobierno. 

Según la Defensoría, la comuna 12 es la que evidencia el más alto nivel de riesgo debido a que las dos bandas están en la zona y a esto se suma que en los últimos meses el Eln y las disidencias de las Farc también entraron a operar en el puerto.

Y las cifras dan cuenta de la gravedad del problema. Datos de la Defensoría indican que en 2017 se registraron 73 homicidios y en 2018, 91. En 2019, según el Secretario de Gobierno, se presentaron 64 muertes solo entre enero y junio.

Ante el panorama de violencia las autoridades tomaron la decisión, durante un consejo de seguridad que se realizó el pasado 4 de julio, de incrementar la presencia de militares en el puerto para “controlar” la situación de orden público.

Crearán un subcomité de garantías para la atención y retorno de las familias desplazadas del barrio Lleras. "Se va a hacer unas rutas que generen confianza a la comunidad para que denuncie cuando tenga alguna información y establecimos una bolsa de recompensa en donde nosotros ponemos $60 millones, lo cuales se irán entregando”, dijo en rueda de prensa Dilian Francisco Toro, gobernadora del Valle. 

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Se intervendrán con mayor contundencia las comunas 3, 4, 10, 11 y 12. "Las acciones serán las 24 horas para que de esa manera podamos tener seguridad en los barrios y la gente no se sienta impedida para poder realizar sus actividades normales. Con esa seguridad lo que queremos es que vuelvan, retornen las personas que están en el albergue, tenemos que lograr rápidamente que tengan seguridad para que retornen a sus casas”, agregó la gobernadora.

Sin embargo, el personero Rodríguez manifestó que si bien el incremento militar es una ayuda, las autoridades deben prestar mayor atención a las alertas que emite la Defensoría, y atender las problemáticas sociales y económicas que tiene el puerto.

“El Estado ha tenido un abandono total a Buenaventura como ciudad, porque el desarrollo portuario es de última tecnología. Acá no tenemos agua potable las 24 horas del día, a pesar de que tenemos muchas cuencas del rio. No hay inversión social es poco lo que entra”, dijo el personero. 

A esto se suma el problema de salud. “Hay una clínica privada de tercer nivel y un hospital que no alcanza ni el segundo nivel y por eso siempre hay que correr para Cali. El problema de salud es bastante grande y ahora con este problema de violencia parece es un hospital de guerra”, agregó el funcionario.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, aseguró a este medio que el Puerto está sin Dios ni ley. “Estamos muy tristes y angustiados por lo que está pasando. Hace días venimos sufriendo una situación de muerte, zozobra, desplazamiento. Las amenazas son muchas al igual que las extorsiones. A todos los comerciantes los tienen extorsionados y las bandas criminales se están adueñando de nuestro territorio. Parece que a ellos nos los toca nadie, a veces parece son los que mandan en Buenaventura”, dijo.

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María Hernández Cárcamo / [email protected]

Nacional

Buenaventura: entre la violencia y el narcotráfico

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