Cae en Nariño falso gobernador indígena acusado de apropiarse de millonarios recursos

Con el propósito de apropiarse de los recursos, el sujeto aumentó el número de la comunidad de poco menos de 2.000 a 20.000.

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Haciéndose pasar como un falso gobernador de una comunidad indígena de Nariño, un sujeto fue artífice de varios hechos de corrupción, entre ellos la manipulación de las cifras de la población para recibir recursos adicionales que usaba para su beneficio.

El individuo –identificado como Silvio Antonio Lagos– fue capturado en las últimas horas y según pudo establecer el CTI de la Fiscalía, fungía como gobernador del resguardo indígena de Los Pastos, en el municipio de Túquerres, donde habría llegado incluso a inflar el censo poblacional para obtener más recursos que luego manejaba como su caja menor.

Según la investigación de las autoridades, Lagos se hizo elegir en el cargo durante tres periodos consecutivos, aprovechando su mandato para apropiarse de recursos de cualquier tipo de programa y de beneficio que el Gobierno entregaba a la comunidad y que iban desde el sector salud hasta Familias en Acción.

El falso gobernador, quien permaneció en el cargo durante 15 años, en 2012 aumentó de manera desproporcionada el número de la comunidad, al pasar de menos de 2.000 integrantes a más de 20.000.

“Con este censo el hombre lograba que le giraran mayores recursos a esa comunidad donde fungía como gobernador y tenía hasta una EPS, a la que le llegaba plata por ese censo. Manejaba esa EPS y esos recursos como si fueran su caja menor”, explicó a Noticias Caracol Luis González León, director nacional de seccionales.

Sumado a la apropiación de los recursos de la salud, el sujeto se habría enriquecido también con los cupos en universidades públicas que les asignan especialmente a las comunidades indígenas. 

“Al inflar el censo, incluía a personas y todo lo que hemos investigado indica que adelantaba estas acciones con fines políticos”, agregó González.

Junto al Lagos, fueron capturados además Flavio Antonio Espinoza, regidor del resguardo; Doris Amparo Estrada, tesorera; Marino Antonio Ordoñez, fiscal; y Sandra patricia Portilla, directora de una IPS. Los detenidos tendrán que responder entre otros, por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, así como constreñimiento al elector, por lo que podrían pagar hasta 15 años de cárcel.  

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2015-12-21T14:59:11-05:00

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Redacción Nacional

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