Cambiando muñecas por bebés

En Colombia, 18.770 niñas, entre 10 y 14 años, dieron a luz en los últimos tres años. En este mismo tiempo sólo hubo 1.000 capturas.

Según la sentencia 355 de la Corte Constitucional, las niñas menores de 14 años tienen derecho a decidir si continúan o no el embarazo.  / David Campuzano
Según la sentencia 355 de la Corte Constitucional, las niñas menores de 14 años tienen derecho a decidir si continúan o no el embarazo. / David Campuzano

En Rionegro (Antioquia), a finales del año pasado, una niña de 10 años dio a luz al que era su hijo y al mismo tiempo su hermano. En marzo, en Íquira (Huila), una pequeña de 11 quedó en embarazo luego de haber sido violada. Hace dos semanas, en Caucasia (Antioquia), otra de la misma edad parió a su segundo hijo. Ellas son apenas tres de las 18.770 niñas (menores de 14 años) que en los últimos tres años tuvieron que cambiar sus muñecas por bebés.

El impacto de esta estadística se multiplica al saber que en el mismo lapso el Instituto de Medicina Legal conoció 40.326 casos de delitos sexuales contra menores de 14 años en el país, sin contar los que no se denuncian. Es decir, con estos datos se podría calcular que al menos cinco de cada 10 niñas violadas en Colombia quedaron en embarazo. A pesar de que las relaciones sexuales con menores de 14 años son un grave delito, sin importar las circunstancias, curiosamente en Colombia no hay tantos detenidos como niñas que son madres. Según las autoridades, en los últimos años sólo han condenado a casi 500 responsables, que son menos del 5% de los victimarios.

La pequeña cifra de responsables tras las rejas pondría en evidencia una aparente falla de las autoridades a la hora de buscar a los responsables de este delito, pues a pesar de que no es necesaria una denuncia para que se abra investigación penal como lo reconoció el general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía, las estadísticas de niñas que año tras año dan a luz no coincide con la cantidad de investigaciones en la Fiscalía por violación de menores de 14 años.

Esta situación es motivo de fuertes críticas por parte de los expertos en derechos de infancia y adolescencia, como el abogado Manuel López, quien tajantemente aseguró que a los fiscales y jueces les falta capacitación para enfrentar este tipo de casos. “El embarazo es prueba suficiente de que ocurrió un grave delito, como para justificar la urgente intervención de la justicia. Sin embargo, el sistema penal no ha tenido tanta diligencia en los procesos, ya que con una simple prueba de ADN se puede comprobar si el sospechoso es o no culpable. Aunque no todo es negligencia de los jueces, a esto también se suma que algunas familias no están denunciando”

López habló de otro igual de complejo: en el país existen padres que no consideran el abuso sexual contra sus hijos como un delito. “Algunas personas de departamentos como Chocó, Cesar y Antioquia, entre otros, ven esto como algo normal. Incluso, como un acto por el que la menor debería celebrar. Entonces, fuera de que no se cumple la ley, existe una cultura que no permite que seamos conscientes de la magnitud del daño y el riesgo, tanto para la madre, que aún es infante, como para el bebé”, indicó.

Para Javier Díaz, pediatra clínico y asesor de la Secretaría de Salud Distrital, la gestación es un fenómeno que si bien es un proceso natural, presenta riesgos para la salud y la vida tanto de la madre como del bebé. La preeclampsia, la hemorragia posparto y las infecciones representan las principales causas de mortalidad materna. Los trastornos respiratorios perinatales, las infecciones neonatales, la asfixia neonatal y las malformaciones congénitas representan las principales causas de mortalidad de los bebés recién nacidos.

Resalta que los riesgos de la gestación son mucho mayores en la adolescencia y no sólo a nivel biológico. “La adolescencia es una etapa en la que se están terminando de construir aspectos fundamentales para la vida y que pueden verse afectados”. Agrega que se calcula que entre el 20% y el 45% de la deserción escolar del país se relaciona con maternidad o paternidad. Asimismo, muchas adolescentes continúan siendo estigmatizadas y discriminadas por causa de su gestación. Ante la complejidad de los factores determinantes y asociados con la gestación adolescente, se reconoce esto como un asunto de interés en salud pública.

Según Vladimir Olarte Cadavid, director de Infancia y Adolescencia del ICBF, los eventos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años tienen una ruta de atención. Cuando el hecho es detectado por cualquiera de las diferentes instituciones, la familia, secretarías de Salud, la comunidad, organizaciones sociales, los colegios, entre otras, debe tenerse en cuenta que es una situación que requiere atención inmediata y en la cual actúan tres ramas en todo este proceso: dos de ellas para la atención de la víctima (salud y protección) y otra para el agresor, la justicia penal.

En el caso de protección a la víctima se le brinda acompañamiento sicológico y trabajo social. “Lo que se busca inicialmente es prepararlas psicológicamente para asumir las implicaciones que tiene ser madre a tan temprana edad. En caso de que decidan interrumpir su embarazo, también existen protocolos en los que se apoya la decisión y se acompaña en el proceso, según el diagnóstico médico y la decisión autónoma de la víctima”, expresó el funcionario del ICBF.

En cuanto al acompañamiento en salud, el director de Infancia y Adolescencia del ICBF explicó que la institución realiza un diagnóstico clínico y de acuerdo con el tipo de violencia sexual y el tiempo en que se haya reportado el caso, se les brinda atención con el anticonceptivo de emergencia. Sin embargo, “tanto en esos casos como cuando se trata de un embarazo, el Instituto inicia un proceso de verificación de derechos y se brinda atención sicológica y de trabajo social. Cuando se ha atendido el caso desde Protección y se trata de una menor de 14 años embarazada, el ICBF formula una denuncia contra el agresor y todo pasa a la Fiscalía”.

De acuerdo con la Fundación Oriéntame, dedicada a la interrupción legal del embarazo, a donde remiten aquellas mujeres que optan por abortar, en 2012 practicaron 10.337 procedimientos, de los cuales el 9% fueron a menores de edad. A pesar de los esfuerzos por ofrecerles herramientas y asesorías a las menores, bien sea en prepararlas para su nueva etapa como madres o la interrupción voluntaria del embarazo, aún existen muchas que no llegan al sistema de salud legal y acuden al aborto clandestino. Por ejemplo, en 2012 la Fundación Oriéntame atendió en Bogotá y el Eje Cafetero a 392 menores, que intentaron hacerlo en sitios ilegales pero fueron mal realizados o incompletos.

Según información del Ministerio de Salud, el embarazo adolescente puede ocurrir por múltiples razones: abuso, violación o explotación sexual, inequidades en educación con mayor nivel de desescolarización, mayores niveles de pobreza, condición de desplazamiento o situaciones de conflicto, inicio temprano de las relaciones sexuales, influencia de los medios de comunicación, decisión voluntaria de quedar en embarazo o relaciones desprotegidas. Por su parte, el general Jorge Enrique Rodríguez, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía, expone que en el país, el 40% de los adolescentes que ya tienen un hijo, no planifican. El 90% de los embarazos en menores de 19 años no son deseados, el 85% de las jóvenes embarazadas tienen un bajo nivel de escolaridad y 40% de adolescentes del país que utilizan el método del ritmo para planificar lo hace de forma incorrecta.

De acuerdo con estos factores y en un trabajo conjunto desde el ICBF, Profamilia y el Ministerio de Salud, se ha creado un programa preventivo del embarazo adolescente. Las diferentes entidades tienen programas donde enseñan a los adolescentes los tipos de métodos anticonceptivos y la importancia de esperar a una etapa madura para iniciar la maternidad.

Según Vladimir Olarte, director de Infancia y Adolescencia del ICBF, la solución está en la educación y motivarlos a tener un proyecto de vida. Hizo un llamado a la comunidad para que denuncie estos casos y a los padres para que acompañen a los menores, que los aconsejen y que se acerquen a los centros de servicios amigables como opción para abrir el diálogo con sus hijos frente a temas de educación sexual. Finalmente hizo un llamado para que la sociedad no estigmatice a estas madres jóvenes y les dé la oportunidad de continuar con su educación, ya que “hay colegios en los que aún expulsan a las niñas por quedar en embarazo”.

A pesar de todos los consejos y programas que adelantan las autoridades, las cifras de niñas que se convierten en madres tras ser víctimas de abuso sexual y los pocos responsables de estos delitos tras las rejas siguen siendo incoherentes en cuanto a la proporcionalidad. El embarazo adolescente sigue planteando un reto para las autoridades y la propia comunidad, ya que aún no se ha tomado conciencia del problema tan grave al que se está enfrentando el país.

Es un grave delito

 

En Colombia, el artículo 208 del Código Penal establece que todo acto sexual con una menor de 14 años es delito y esa persona debe pagar una condena que está entre los 12 y los 20 años de prisión.

Según el Código de la Infancia y la Adolescencia, las personas que agreden a menores no tienen derecho a rebajas de pena y en caso de que la víctima sea un niño, menor de 14 años, la sentencia se podría duplicar.

Vladimir Olarte, director de infancia y adolescencia, explica que en casos de embarazos de mujeres, el 0,3% los responsables son menores de 14 años. En esos casos el ICBF dicta medida de restablecimiento de derechos. El 13% son adolescentes entre lo 15 y 17 años, ellos pasan al sistema de responsabilidad penal adolescente por el delito de abuso sexual. Y el 86% de los casos son mayores de 18 que serán castigados por la justicia penal ordinaria.