Campesinos se declaran desplazados de Hidroituango

Cientos de pobladores de municipios aledaños al proyecto denuncian que este los obligó a abandonar sus hogares. EPM dice que su movilización fue voluntaria.

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El pasado 17 de marzo 380 campesinos caminaron desde el norte de Antioquia hasta Medellín. Recorrieron 170 kilómetros con el fin manifestar su rechazo frente al megaproyecto Hidroituango que promete convertirse en el proyecto de generación de energía más grande del país. Ya han pasado 80 días y aún no se resuelven sus peticiones.

Este martes, seis líderes de la comunidad decidieron declararse formalmente como desplazados de Hidroituango. "Estábamos dispuestos a hacerlo desde el principio porque la manera en la que tuvimos que salir del territorio fue un claro desplazamiento. Sin embargo, el proceso se ha retrasado porque en el país no hay antecedentes de este tipo de situaciones", explica Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos.

Las supuestas irregularidades en el censo de afectados por el proyecto, sumadas a las "debilidades en el manual de valores" –que se utiliza para compensar las actividades que se realizaban en la zona antes de la llegada del megaproyecto–, son algunas de las denuncias del grupo que asegura que muchas personas no fueron tenidas en cuenta y que otras no han sido indemnizadas.

Luego de la declaratoria, la comunidad espera que se inicie un censo para determinar el número de desplazados y una reparación justa para ellos. Aunque el éxodo hacia Medellín fue de manera voluntaria, varios campesinos aseguran que tuvieron que salir de su territorio no sólo por haber perdido el trabajo por cuenta del proyecto, sino también por algunas amenazas sumadas a la estigmatización de la que se han sentido víctimas por manifestarse en contra del proyecto.

"Fui desalojado en mayo de 2010 y aún no me han indemnizado. En varias de las protestas llegó el Esmad y nos dispersaron con gases. A muchas personas les ha pasado lo mismo. Lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan el trabajo o una indemnización digna", señala Cristobal Giraldo, quien se dedicaba a la minería artesanal en el río Cauca en el municipio de Hidroituango. Su testimonio no es el único. Magdalena Muñoz es del municipio de Briseño y también pasa las noches en el coliseo de la Universidad de Antioquia: "Pedimos seguridad para poder regresar a nuestro territorio, a mí me quitaron el trabajo".

Además otro de los campesinos que prefirió reservar su identidad señaló que "nos hemos enterado que cerca de algunas viviendas hay minas antipersona". En este momento en la zona confluyen varios factores que los pobladores de esta zona consideran inconvenientes: por un lado crece la hidroeléctrica y al mismo tiempo se mantiene vivo el conflicto armado.

¿Qué dice EPM al respecto?

La obra de Hidroituango, que en este momento lleva el 15% de avance y que inundará 3.800 hectáreas, duplicará –según los planes de la empresa– la capacidad de energía de EPM a 13.900 gigavatios/hora cada año y beneficiará a 25 municipios del norte de Antioquia. Sumado a esto, se espera que genere 6.000 empleos directos.

Carlos Mario Méndez subgerente de sostenibilidad del proyecto le dijo a este diario que no es cierto que los campesinos hayan sido desplazados por el proyecto, puesto que “el grupo se movilizó de manera voluntaria. Hemos tenido varias reuniones con ellos para darles las condiciones para el regreso. No es cierto que sean desplazados por Hidroituango porque todos los impactos están siendo atendidos de acuerdo con el plan de Manejo”.

No obstante, Méndez reconoce que es posible que algunas personas hayan sido desplazadas por el conflicto armado pero insiste en que la megaobra no está relacionada con estos hechos. Sin embargo, los afectados aseguran que no regresarán hasta que se reabra el censo, se equilibre el manual de valores y se paren las obras hasta que cese el conflicto en la zona. Según Méndez, estas peticiones “son inadmisibles. El censo fue hecho con una metodología clara y repetirlo podrían representar la inviabilidad del proyecto”.

De acuerdo con el censo de EPM, un total de 2.094 personas fueron tenidas en cuenta, y para el movimiento Ríos Vivos la cifra es mucho mayor. Según Méndez “no sabemos quiénes hay en la Universidad porque no nos han hecho reclamaciones puntuales. Allá hay muchas personas de otras regiones del país. Si hay alguna persona que no participó en el censo en cualquiera de las oficinas le recibiremos sus reclamaciones”.

Por su parte Magdalena Muñoz agrega: “No nos vamos a ir hasta que nos garanticen el retorno y que nos restituyan el trabajo, porque es evidente que no podemos regresar".

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