:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/0WeyKgrHU6rIt3xoqdrHW1mlIa8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/DGO4CKMS5NDULL5FWRE6PJPLUU.jpg)
Organizaciones sociales y campesinas de la región del Catatumbo, Norte de Santander, reaccionaron ante la llegada de unidades del Ejército y del Esmad a las veredas El Treinta y Corinto, del municipio de Sardinata, y al corregimiento Campo Giles, de Tibú, para adelantar acciones de erradicación manual forzada de cultivos de mata de coca.
Según líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo, se han registrado enfrentamientos con unos 500 labriegos de la zona, quienes se concentraron para impedir el avance de los erradicadores, al tiempo que piden el cumplimiento de lo pactado en La Habana frente al tema de sustitución gradual.
(Lea aquí: Según campesinos, Gobierno incumplió en acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos).
Con la intención de poner fin a los choques, representantes y defensores de los derechos de los campesinos dialogaron con los mandos del Eército y de la Policía que adelantan los operativos, pero no fue posible una concertación. “Están en cumplimiento de una orden presidencial”, manifestó uno de los voceros de los campesinos, quien además responsabilizó al Gobierno nacional por las “violaciones de Derechos Humanos y de las consecuencias que puedan traer contra el campesinado”.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció el inicio de la erradicación forzada de 25 hectáreas en el Catatumbo. Ante esto, Juan Carlos Quintero, vicepresidente de Ascamcat, advirtió que “recurriremos al derecho legítimo a la participación a través de acciones de movilización y de protesta legal y pacífica”, lo que se traduce en un paro campesino. Jhony Abril, coordinardor de Ascamcat, convocó para el próximo lunes el "comando de paro" en la vereda Miramontes, donde se tomarán decisiones frente a una protesta prolongada.
Los líderes sociales hicieron un llamado al gobernador de Norte de Santander, a los alcaldes del Catatumbo, a la Defensoría del Pueblo, a la Asociación de Personeros del Catatumbo, a la oficina de la ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para que hagan presencia en el territorio y escuchen las demandas de los campesinos, que piden la aplicación de lo acordado en el punto 4 de la Reforma Rural Integral.