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A una grave crisis se encuentra avocada el sector de la justicia en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, como consecuencia del no nombramiento de un Defensor Público por parte de la Defensoría del Pueblo.
El hecho ha traído como consecuencia que cuatro mineros, quienes al parecer se encontraban ejerciendo actividades ilícitas de explotación minera en humedales y zonas protegidas, hayan quedado en libertad.
Asimismo, otra persona, quien había sido capturado por orden judicial, por el delito de violencia intrafamiliar, quedó en libertad.
Ante la ausencia de Defensor Público abogados particulares han tenido que colaborar, a última hora, con la justicia, asumiendo la defensa de los indiciados.
Por no contar con un Defensor, a los capturados se les está violando todo derecho de defensa por cuanto, de acuerdo a la ley, toda persona capturada desde el mismo momento de privación de su libertad, tiene derecho a un Defensor Público.
En los casos de las cinco personas capturadas y que luego recobraron la libertad no tenían recursos para pagar los servicios de un defensor particular y por tanto se les debían asignar un Defensor Público, lo cual no fue posible.
A pesar del esfuerzo hecho por la Rama Judicial y la Fiscalía, no fue posible evitar que los capturados recobraran la libertad por la falta del servicio público de la defensoría.
En el caso de los mineros, los operativos exigieron una gran movilización de funcionarios entre policía, policía judicial, policía de Medio Ambiente y funcionarios de la CVS.
La crisis en el sector de la justicia se registra desde hace unos 15 día, cuando no se le renovó el contrato a Jean Carlos Albarino, quien venía ejerciendo como titular en el municipio de Ayapel.
La situación es aún más preocupante por cuanto actualmente la Fiscalía General de la Nación se encuentra en una jornada nacional de capturas e imputaciones de violencia intrafamiliar, sin embargo en el circuito de Ayapel la jornada no ha despegado totalmente debido a la ausencia de un Defensor Público. Se estima que a futuro muchos otros casos de capturas no podrán ser atendidos y podrían correr la misma suerte de los caso antes citados.
Desde hace dos semanas la coordinadora de defensores en Córdoba, Carmen Burgos Negrete, ha manifestado a varias entidades del sector justicia que se estaría solucionando la crisis en el circuito de Ayapel. Sin embargo, ello no ha sido posible, al parecer por intereses de tipo político.