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Desde el 25 y hasta el 28 de agosto, líderes sociales, organizaciones de Derechos Humanos, campesinas, artistas y medios de comunicación viajarán por Puerto Valdivia, Caucasia, Cáceres, Tarazá, Antioquia, con el fin de exigir el derecho a la vida y visibilizar tanto el abandono del Estado como la problemática que enfrenta esta zona del país debido a los actos violentos de los grupos armados ilegales.
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Su primera parada fue el corregimiento de Puerto Valdivia, allí se llevó a cabo una rueda de prensa con el fin de que la comunidad expresara sus peticiones y problemáticas para lograr su visibilización. Además, desarrollaron actividades lúdicas con la población.
Esta zona del departamento está deshabitada en un 80 % por la ausencia de garantías para retornar, según la Corporación Jurídica Libertad, ONG de Derechos Humanos y una de las organizadoras de la caravana. De allí partieron a La Caucana, en el municipio de Tarazá. Allí se reunieron con la comunidad con el mismo fin: exigir el derecho a la vida. Al municipio de Cáceres llegarán este martes y realizarán una actividad en la que pretenden recordar a las víctimas.
En el Bajo Cauca Antioqueño hacen presencia el Eln, Los Caparros, las disidencias de las Farc y Los Rastrojos. Durante 2018, los homicidios aumentaron hasta un 200 %, en esta zona del país, según cifras reveladas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Estos grupos armados organizados delinquen entre Valdivia, Tarazá y Cáceres por el control del narcotráfico, territorio y minería ilegal.
El pasado 22 de julio el Eln incineró dos vehículos en la Troncal de Occidente en el municipio de Valdivia, Antioquia. Por esto, el 24 de julio el Ejército, en compañía del presidente Iván Duque, anunció que cerca de 300 militares fueron trasladados hacía los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres para reforzar la seguridad y combatir estos grupos armados organizados.
Lo anterior con el fin de atender las recomendaciones que hizo la Defensoría del Pueblo en Alertas Tempranas, como la 026 de 2018, en la que advierten situaciones de riesgo en las que se encuentran expuestas organizaciones comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinas, sociales, sindicales, miembros de la comunidad LGBTI, líderes sociales y defensores asociados a organizaciones no gubernamentales.
Pese a las alertas tempranas y el refuerzo a la Fuerza Pública, en lo que va corrido de agosto en el corregimiento La Caucana fueron asesinados el pastor evangélico Plinio Salcedo y Abraham Domicó, líder indígena.
Por otro lado, en zona rural de Caucasia siete menores de edad fueron rescatados luego de que según las autoridades fuesen reclutados de manera forzada por grupos al margen de la ley. “Hacían parte de grupos armados organizados que delinquían en el Bajo Cauca antioqueño. De esta manera un helicóptero los transportó y los entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de iniciar la ruta de protección y el restablecimiento de sus derechos”, dijo a Noticias Caracol el coronel Jaime Andrés Betancur, comandante aéreo de combate N°5.
Desde las 7 a.m., realizaron una una "twitteratón" para continuar con la visibilización de la crítica situación que viven los habitantes del Bajo Cauca Antioqueño con la etiqueta #BajoCaucaPorLaVida. Esta también se utiliza para acompañar el recorrido de la caravana.
"Las comunidades exigen intervención del Estado, aquí no sólo se necesita fuerza pública. Las vías en mal estado, no hay de qué vivir. Inversión social es lo que se necesita", dijo a Caracol Radio Johan Giraldo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad.
La Caravana Humanitaria finalizará este miércoles con una reunión entre sus organizadores y las autoridades civiles y militares del departamento. Con esto buscarán garantías de protección y seguridad en las comunidades y defensores de derechos humanos de la zona.