Carlos Bolívar, el estudiante que completa cinco días en huelga de hambre

El estudiante de la U. Francisco de Paula Santander, en Cúcuta, y veedor ciudadano, dice que las directivas de la institución le abrieron dos procesos disciplinarios como represalia por sus denuncias.

Carlos Bolívar, estudiante de derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander, permanece en huelga de hambre desde el 20 de mayo. / Cortesía

 Una pelea jurídica y académica tiene enfrentados a Carlos Bolívar Corredor, estudiante de décimo semestre de derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), en Cúcuta, y a las directivas de esta institución. ¿La razón? Además de ser estudiante, Bolívar ejerce como representante legal de la veeduría ciudadana “Procura UFPS” y ha interpuesto varias denuncias contra altos funcionarios de esa alma máter.

Bolívar, quien fue condecorado el año pasado por el Congreso de la República con la “Medalla Luis Carlos Galán”, por su lucha contra la corrupción, permanece encadenado a las afueras de la universidad y en huelga de hambre desde el 20 de mayo “por la crisis administrativa que atraviesa la institución”. En entrevista con El Espectador asegura que hay una persecución ilegal en su contra, ya que las directivas de la UFPS le abrieron dos procesos disciplinarios por “irrespeto”, por una publicación que divulgó en el blog de la veeduría, por lo que afrontaría una suspensión de hasta 36 meses.

Entre las peticiones que exige Bolívar para levantar su protesta están el levantamiento de los cargos disciplinarios en su contra y la reformulación y transparencia en las próximas elecciones de rector, que se llevarán a cabo el 12 y 13 de junio.

La veeduría pidió un debate de control político contra el Consejo Superior Universitario de la UFPS. ¿Se llevó a cabo?

Se le hizo la propuesta a la Asamblea Departamental, donde la mayoría de diputados dijeron que sí, que iban a convocar al Consejo y al rector, Héctor Miguel Parra López, a un debate de control político y que solicitarían un pliego de propuestas para garantizar transparencia electoral, pero los diputados no convocaron. Como no hay garantías, hicimos esta huelga de hambre.

¿Por qué no hay garantías en las próximas elecciones?

Por varias razones, entre ellas que el Consejo Superior eliminó la figura de los claveros, que son quienes custodian las urnas para mayor vigilancia e inspección. No hay debate electoral, solo hay una semana y media de campaña para que los precandidatos informen a los estudiantes sobre sus propuestas. Hace tres años, cuando el rector se quería reelegir y se reeligió, eran tres semanas de campaña. Y ahora que él no puede ir a la rectoría solo deja una semana y media para campaña. Nunca antes había pasado esto.

Una de las solicitudes que usted hace es reformular los valores porcentuales para la consulta rectoral. ¿Para qué?

A la comunidad educativa nos convocan para una consulta, nos preguntan sobre cuáles precandidatos a la rectoría deben pasar a ser elegibles por el Consejo Superior, que analiza las hojas de vida y designa al rector. Los votos de los 18.500 estudiantes equivalen al 40%, los de los 147 docentes el mismo 40%, y el personal administrativo de planta, 20%. Pedimos que esa fórmula cambie, que la población estudiantil valga el 80% y el resto 20%.

El 19 de mayo, usted interpuso desde la veeduría una denuncia penal por prevaricato contra los miembros del consejo electoral de la UFPS. ¿En qué va ese proceso?

La semana pasada interpusimos la denuncia y ya fue radicada. Sin embargo, el septiembre de 2014 pusimos otra denuncia disciplinaria en la Procuraduría porque el Consejo Electoral (compuesto por el rector, la entonces secretaria general y ahora precandidata a la rectoría, Claudia Elizabeth Toloza Martínez, y una docente de tiempo completo) creó nuevas causales de anulación de votos para las elecciones del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, en 2010. La votación fue demandada y en 2013 el Consejo de Estado declaró nula la elección. El alto tribunal reconoció que el Consejo Electoral se extralimitó en sus facultades. Queremos que se reconozca esta falta gravísima.

Otra de sus denuncias fue sobre unas supuestas irregularidades en la construcción de un ascensor eléctrico. ¿De qué se trata?

El rector de los últimos 15 años en la UFPS, Héctor Miguel Parra López, contrató en 2009 la construcción de un ascensor eléctrico por el monto de $147 millones. Hace dos años quedó listo y desde entonces no se ha podido usar porque Parra López lo tiene para su uso exclusivo y el de su escolta, ya que llega directamente a su despacho y no da acceso a un pasillo central que conecte con las demás oficinas administrativas, para que pueda ser usado por personas con limitaciones físicas.

Pero usted también está investigado por un “caso de irrespeto”…

Sí, por una publicación que hicimos a través del blog de “Procura UFPS”. En esta dijimos que la división de sistemas “es un foco angular de corrupción y clientelismo”, por lo que el Consejo Académico me abrió el primer proceso disciplinario. Por una segunda afirmación: “el Consejo Superior acolita la mediocridad y la pereza”, el Consejo Superior me abrió el segundo proceso. Según las directivas, estas expresiones son una muestra clara de “irrespeto”. Sin embargo, es nuestro uso legítimo de libertad de expresión.

Usted ha dicho que las directivas de la universidad tendrían que declararse impedidas en estos procesos disciplinarios en su contra. ¿Por qué?

Porque quien me acusa en el primer proceso disciplinario es mi primera instancia y quien me acusa en el segundo proceso es mi segunda instancia. No cabe duda que me van a sancionar. Además es evidente que hay un conflicto de intereses porque quienes me acusan son quienes yo denuncié. Es lo que en derecho se llama un pleito pendiente.

¿Protesta como estudiante o veedor?

Las directivas de la universidad me iniciaron procesos disciplinarios para hacerme pagar como estudiante lo que debo pagar como ciudadano. Me he convertido en una piedra angular para sus intereses.

¿Hasta cuándo va la huelga de hambre?

Hoy nos reuniremos con el Consejo Superior para negociar el pliego de peticiones. El encuentro será presidido por el gobernador de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz. Si esa reunión es apta y ponderada, decidiremos levantar la huelga de hambre.

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